MADRID.- El PP es partidario de estudiar una reforma legal que impida
el uso "espurio" que los partidos políticos hacen de la acusación
particular para tratar de ganar por vía judicial lo que no consiguen en
las urnas, anunció este viernes el portavoz parlamentario del grupo
popular, Rafael Hernando.
Hernando reconoció haber abordado ya con Ciudadanos la
posibilidad de acometer esta reforma, con la cual se evitarían prácticas
como las que a su juicio está llevando a cabo el PSOE en Murcia, donde
los socialistas ya han perdido 81 demandas presentadas bajo el paraguas
de la acusación particular.
Su propuesta consiste en vetar a partidos, sindicatos y
entidades vinculadas a las fuerzas políticas para que puedan usar la
acusación como "elemento de ataque político" con el que intentar
"obtener en los tribunales lo que no se gana en las urnas", y limitar
esta figura únicamente a los directamente afectados.
"Ya son muchas las sentencias que hemos visto de gente que
estaba acusada, a la que se le había hecho el paseíllo mediático y que
luego ha resultado inocente", manifestó Hernando.
El portavoz del PP en el Congreso formuló su propuesta a
raíz de la crisis abierta en Murcia por la imputación del presidente de
la Región, Pedro Antonio Sánchez, del PP, por supuestos delitos
cometidos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras y sobre los que todavía
no ha declarado ante el juez.
Especialmente crítico se ha mostrado con el papel que en
este asunto está desempeñando Ciudadanos, formación que sostiene el
gobierno autonómico murciano.
Hernando acusó al partido liderado por Albert Rivera de
seguir diferentes varas de medir según se trate de uno u otro
territorio, y también de haber mantenido una posición global distinta de
la que defiende en el caso del presidente de Murcia.
Como ejemplos ha puesto los de su diputado valenciano
Domingo Rojo, acusado de apropiación indebida y al que Ciudadanos no ve
obligado a dimitir, o el del alcalde socialista de Granada, Francisco
Cuenca, al que este partido sigue apoyando pese a estar investigado por
unas adjudicaciones de la Junta de Andalucía.
Frente a ambos casos expone el de Pedro Antonio Sánchez, a
quien Ciudadanos quiere "aplicarle el máximo rigor sin ni siquiera darle
la oportunidad de comparecer ante el juez".
Pero además Rafael Hernando reprochó a Ciudadanos una
actitud "incoherente", porque en el último Pleno promovió tramitar en el
Congreso una proposición de ley integral contra la corrupción -que
logró amplio apoyo- donde plantea no apartar a los cargos públicos hasta
la apertura de juicio oral, mientras en el caso de Murcia ha exigido la
renuncia del presidente sólo por ser investigado.
En cualquier caso, él no cree que la crisis de Murcia vaya a poner en peligro el pacto de investidura con Ciudadanos.
En su opinión, este acuerdo de 150 puntos "va bien" y se
está cumpliendo, según constataron las dos partes esta misma semana en
una reunión de evaluación.
"Nosotros estamos cumpliendo, se ha visto claramente esta
semana, y lo que no entendemos son las variaciones de posición que ha
imprimido Rivera", insistió el portavoz del PP.
También se refirió a los recelos que en Ciudadanos suscita
la tardanza de la puesta en marcha de algunas medidas acordadas, como la
limitación de mandatos del presidente del Gobierno, la supresión de los
aforamientos o la creación de una comisión de investigación sobre la
financiación irregular del PP.
Hernando aseguró que la voluntad de su partido "es llevar
adelante todos los acuerdos" aunque, apostilló, "hay que elegir los
momentos y la forma".
"Lo que no puede ser es pretender utilizar la marcha de esos
acuerdos para decir un día que están muy contentos y otro día para
decir que no", de manera que instó al partido de Rivera a "poner por
delante los intereses de los españoles" en vez de los "momentáneos" o
los titulares de prensa. "Con la Constitución no se juega", advirtió.
Y lo dice porque hay modificaciones legales, como la
referida a los aforamientos, que exigirían cambiar la Constitución, "y
Podemos ya ha advertido de que si se modifica la Constitución, lo va a
llevar a referéndum".
"No parece muy sensato que hagamos ahora una
reforma exprés de la Constitución que pueda derivar en un referéndum que
utilicen los independentistas en Cataluña o Podemos para fines que son
distintos a los que plantea la propia reforma", concluyó.
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