sábado, 4 de marzo de 2017

El magistrado Pérez-Templado admite a prueba una supuesta auditoría exculpatoria a PAS, según 'El País'


MADRID.-La petición del presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, de admitir en el sumario del caso Auditorio dos informes periciales que supuestamente le favorecen ha sido admitida por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Julián Pérez Templado, según publica el diario El País, aunque habían sido rechazados anteriormente por la juez de Lorca instructora del caso.

Los documentos admitidos por el TSJ son dos auditorías sobre la construcción del complejo cultural de Puerto Lumbreras en la época en la que el presidente regional ocupaba la alcaldía del municipio, y que fueron encargados por otro de los imputados en el caso (realizados por la empresa ACE Edificación a petición del arquitecto Martín Lejarraga, el autor del proyecto del auditorio, también investigado).
Pedro Antonio Sánchez intentó, cuando el caso estaba en manos del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca y de su titular Consuelo Andreo, que fueran admitidas dichas auditorías exculpatorias, pero la juez lo rechazó y elevó el caso al TSJ de la Región al ver indicios de delitos en la actuación del dirigente y al ser aforado.
Según publica el diario El País, la decisión produjo 'extrañeza' entre sus propias fuentes jurídicas, que declararon, respecto a los documentos, que «los han remitido como si fueran auditorías oficiales cuando, en realidad, han sido elaborados por encargo de otro de los imputados».
Además, las mismas fuentes aseguran que los documentos ahora admitidos por el Tribunal Superior de Justicia habían llegado sólo unos días antes de que la decisión del juez Pérez Templado de admitirlos fuera comunicada a las partes implicadas (el 27 de febrero) en el sumario, con otros 40 documentos que aparentemente eran menos relevantes, y después de que la defensa de Pedro Antonio Sánchez solicitara por escrito que antes de la declaración se incorporasen a la causa «todos los documentos que conforman el expediente de liquidación de obra del Auditorio», según informa El País.
A pesar de ello, la fecha de las auditorías es bastante anterior: una de ellas, sobre el estado de las mediciones y las superficies construidas, fue realizada en marzo de 2016, y la segunda, sobre el presupuesto modificado de la obra, en diciembre del mismo año.
La explicación que dan las fuentes judiciales a la distancia entre las fechas es que los informes no se realizaron en un principio para servir como pruebas judiciales, a pesar de que ya por aquel entonces el caso Auditorio había llegado a los juzgados.
De hecho, su único objetivo habría sido apoyar la petición de la constructora que los encargó al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras de que les devolvieran el aval depositario tras ser el adjudicatario, mediante la justificación de la realización de los trabajos de edificación.
Además, El País apunta que el informe de diciembre se incorporó al expediente el mismo día que fue enviado al TSJ.
En definitiva, ambas auditorías apuntan a la inexistencia de desajustes en las obras y de parte de las irregularidades que se investigan, lo que reforzaría la defensa del presidente de la Región, que declara este lunes como imputado.

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