martes, 14 de marzo de 2017

Empleo ofrece 225 millones para prejubilar al 20% de los estibadores

MADRID.- Los empleos que sobran en la estiba tienen un precio: 500 millones de euros. Es la cantidad que, según fuentes del sector, haría falta en ayudas públicas para mantener el empleo. «Se trata de un plan de ayudas complementario al compromiso de mantenimiento del empleo y de la competitividad», según dijo la semana pasada la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y que contribuirá a la liberalización del sector, según recoge El Mundo

Según ha podido saber este periódico, esta contribución de Empleo, de momento, ascendería a poco más de 225 millones de euros para prejubilar a alrededor de 1.350 trabajadores de la estiba -del total de 6.156, es decir en torno al 20%- y mantener sus salarios íntegros durante un periodo que variaría entre los seis y tres años, hasta que llegasen a la jubilación, que para los empleados de la estiba está fijada en los 55 años de edad y los 26 cotizados.
Estos costes que correrían a cargo del Ministerio de Empleo -pues la patronal ya ha manifestado que le corresponde pues eran empleados públicos antes de la reforma de la Ley de Puertos en 2010- se sumarían al máximo de 350 millones previsto ya por el Ministerio de Fomento para la subrogación de los pasivos laborales en el cambio de modelo de empresas en el sector, que asumiría la Autoridad Portuaria.
Aunque a simple vista los altos sueldos de los estibadores -que de media rondan los 68.000 euros anuales- podrían ser el mayor problema, según fuentes del sector, la patronal estaría dispuesta a mantenerlos en las mismas condiciones que en la actualidad. De hecho, la patronal Anesco (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques) ha remarcado en varios comunicados su «respeto a la preservación de los derechos adquiridos por los trabajadores de la estiba» y ha puesto el acento en la continuidad del empleo.

¿Sistema portuario sostenible?

La clave, según fuentes portuarias, está en una productividad que para las empresas de terminales ha caído de forma considerable en los últimos años. Sólo durante los «paros encubiertos y bajadas de rendimiento», tras presentarse el decreto, Anesco denunció caídas en la productividad de entre el 85% y el 95%.
Al margen de las huelgas, el sistema portuario en España es «insostenible», según fuentes cercanas al sector, y por eso es necesaria la nueva normativa. Puertos del Estado ganó el año pasado 217 millones, un 7,9% más que un año antes, hecho que los estibadores esgrimen como productividad. Pero no es la productividad que reclaman las concesionarias de terminales portuarias, que han realizado importantes inversiones para adaptarse a los cambios producidos en el sector con la llegada de los grandes buques mercantes.
Los costes de la estiba, según datos de fuentes del sector, están por encima del IPC acumulado. En casos como los puertos de Barcelona y Valencia cerraron 2016 en el entorno de un 11% por encima. La organización efectiva del trabajo es una de las reclamaciones de la patronal para poder mejorar unos ingresos que, según dichas fuentes, se han visto mermados, en especial en los principales puertos contenedores.  
Anesco ha reiterado que es «indispensable que las empresas estibadoras puedan desarrollar de forma real y efectiva la dirección, organización y control de sus trabajadores». Entre las medidas concretas que ayudarían a que las terminales recuperasen competitividad están, según fuentes sectoriales, el aprovechamiento real de los horarios de los estibadores, la libre designación para los puestos del personal más adecuado, la movilidad de personal entre puertos y que las empresas impartan la formación al personal, como en otros sectores.
La presión creciente para aumentar la productividad viene dada también en parte por la entrada en servicio de maquinaria semi o totalmente automatizada y la competencia entre puertos. Es el caso de Tanger Med, que estará lista en dos años y cuyos costes laborales son de unos 8 euros la hora frente a los 55 en España.
A tres días del debate para la convalidación del real decreto ley de la liberalización de la estiba ni el Gobierno parece contar con los apoyos necesarios ni la negociación entre patronal y sindicatos avanza. Mientras, España está condenada ya a una multa de 21,5 millones por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de diciembre de 2014; multa a la que se le pueden sumar 134.100 euros al día hasta que se ponga fin a la falta de competencia que Bruselas achaca al sector de la estiba.