jueves, 16 de marzo de 2017

'Hacienda del Álamo' le puede costar ahora un disgusto al exministro socialista Narcís Serra


MADRID.- En un auto conocido este jueves, el juez Ismael Moreno admitió una querella para investigar al exvicepresidente socialista, Narcís Serra,en su calidad de presidente de Caixa Catalunya y al resto de su cúpula, tras las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que denunció 16 operaciones irregulares. 

Son todas de carácter inmobiliario y se efectuaron entre 2000 y 2013 por la extinta Caixa Catalunya con una participación del 50 %, junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Procam
Entre ellas figura la realizada para impulsar el resort Hacienda del Álamo. Situado en Fuente Álamo, fue inaugurado en 2005 por el entonces ministro socialista de Turismo, José Montilla. 
En aquel año, Procam poseía la mayor parte de sus activos en la costa mediterránea, y el más destacado era este complejo residencial y de golf, donde ya había vendido más de mil viviendas.
El juez de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por "notables irregularidades" en la gestión de Catalunya Caixa (CX) contra su expresidente Narcís Serra y otros 14 exaltos cargos, entre los que está el exdirector general Adolf Todó, por un 'agujero' de 720 millones de euros en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007 por el banco.
Los activos del resort de Fuente Álamo, valorados en alrededor de 50 millones de euros, pasaron íntegramente a manos de Caixa Catalunya La justificación dada por los directivos era "garantizar la continuidad de la promotora a medio plazo". Como sucedió en otros muchos casos, el proyecto solo se ejecutó parcialmente y produjo un daño severo a las cuentas de la entidad.
En su querella, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos; el primero, entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos "relevantes"; el segundo, entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.
Anticorrupción defiende que la caja catalana realizó en este periodo "una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" que fundó principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldas por el necesario análisis de solvencia, asegura la Fiscalía Anticorrupción en la denuncia remitida a la Audiencia Nacional.
La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión". 
La entidad habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y habría concedido créditos "desproporcionados"; asimismo, hubo irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.
El Consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta 6 millones, elevó estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente; posteriormente, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real. Entre 2001 y 2007 se acometieron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos. 
También se ha detectado la existencia de conflicto de intereses, ya que algunos de los terrenos eran propiedad de alguno de los socios; en algunos casos, las operaciones inmobiliarias se llevaron a cabo sin la autorización de la Comisión Ejecutiva. 
El escrito fiscal apunta también que la decisión del consejo de administración del 29 de abril de 2008, de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria, "fue un error" que supuso un mayor perjuicio. 
En cuanto a la actuación de Narcís Serra, la denuncia especifica "una total falta de preparación técnica" de la mayor parte de los miembros del Consejo de Administración para aprobar cualquier propuesta. 
Por ello, la Fiscalía concluye que había una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran "quienes realmente decidían en la Caixa Catalunya, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho". 
Con este criterio el banco realizó inversiones en lugares como Cracovia, para la construcción de más de 2.000 viviendas, Valdemoro (Madrid), Molina de Segura (Murcia) o Chiclana (Cádiz).
En la Audiencia Nacional está toda hoy la cúpula de Catalunya Caixa (su expresidente Narcís Serra, el exdirector general Adolfo Toldó y otros trece altos cargos) por una presunta administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones de euros. 
Anticorrupción ha presentado la denuncia por un presunto delito continuado de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el texto constata que en ese periodo la caja ejecutó las inversiones, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal.
"En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados", destaca la denuncia que asumirá un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía asumió la denuncia presentada por el FROB, nacionalizado en 2011, y que considera que esta actuación le provocó un perjuicio que ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y su posterior adjudicación a la SAREB.
La caja, a través de sus órganos de gobierno -Consejo de Administración o Comisión Ejecutiva- acordó intervenir en estas promociones mediante sociedades participadas en las que se reservaban la mayoría del capital. Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés.
En la mayoría de los contratos no se estableció cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos. Tampoco hicieron tasaciones por expertos independientes.
En cuanto a la actuación del que fuera exministro de Defensa, Narcís Serra, la denuncia especifica que se ha detectado "una total falta de preparación técnica" de la mayor parte de los miembros del Consejo de Administración para aprobar cualquier propuesta.
Por ello, la Fiscalía concluye que se daba una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran "quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho".