viernes, 17 de marzo de 2017

Indemnizan a las víctimas del crimen de los novilleros 27 años después


CIEZA.-El Estado ha hecho efectivo esta semana el pago de las indemnizaciones a las familias de dos de los tres novilleros de Albacete que fueron asesinados a tiros en diciembre de 1990 en la finca "Charco Lentisco" de Cieza, en la que habían entrado de noche para torear. 

A pesar de que el propietario de la finca y un empleado fueron condenados por el triple crimen, las indemnizaciones quedaron sin abonar hasta que la Audiencia Nacional determinó en una sentencia de 2016 la obligación del Estado a hacer frente a las mismas, por el "defectuoso funcionamiento" de la Administración de Justicia, ha indicado hoy el abogado de las tres familias, Julio García Bueno.
García Bueno ha explicado que las familias de Juan Carlos Rumbo y Andrés Panduro han recibido las indemnizaciones esta semana, mientras que la familia de Juan Lorenzo Franco, cuyo padre falleció en 2016, está a la espera de que haya una declaración de herederos que establezca a quién corresponde el dinero.
Asimismo, ha comentado que el pago después de casi 27 años "es una manera de cerrar la herida", porque aunque las familias tuvieron la "satisfacción moral" de una condena en la vía penal, "la responsabilidad civil no se satisfizo, porque el ganadero de la finca realizó una serie de actuaciones tendentes a evitar el pago".
Ahora, el Estado indemniza a cada familia con 106.185 euros, que dos de ellas ya han percibido, aunque más de un año después de que la Audiencia Nacional fallara a su favor en febrero de 2016.
El letrado ha explicado que ha habido que esperar a que la sentencia fuera firme y se pudiera pedir su ejecución. Los tres jóvenes novilleros albacetenses Lorenzo Franco "El Loren", Juan Carlos Rumbo y Andrés Panduro fallecieron a consecuencia de los disparos de escopeta que hicieron el propietario de la finca "Charco Lentisco", Manuel Costa, y un empleado, hacia las tres de la madrugada del 1 de diciembre de 1990.
Habían entrado de noche en la finca, situada cerca del límite de la Región de Murcia con la provincia de Albacete, para torear reses bravas, una práctica que se conoce como "hacer una luna".
Manuel Costa, ya fallecido, fue condenado por la Audiencia de Murcia en 1994 a 81 años de prisión como autor de tres delitos de asesinato, 27 por cada uno de ellos.