lunes, 13 de marzo de 2017

Las CCAA aplican 79 impuestos y 500 cambios fiscales al año


MADRID.- Las comunidades autónomas han tejido una jungla fiscal de 79 impuestos propios y más de 500 modificaciones legales anuales que han terminado por convertir el sistema de tributación en "difícilmente comprensible y, sobre todo, controlable".

Así lo considera el Consejo General de Economistas, que anualmente elabora un concienzudo estudio de la fiscalidad autonómica y que, en esta ocasión, ha elevado la voz para pedir al Gobierno que introduzca sensatez en este ámbito aprovechando que se va a reformar el marco de financiación de las comunidades, según publica http://www.eleconomista.es.
"Las regiones han utilizado mucho su capacidad normativa estableciendo multitud de reducciones, deducciones o bonificaciones con numerosos cambios y requisitos", aseguraba Valentín Pich, presidente del Consejo, durante la reciente presentación del informe. Una falta de orden que pasaría más desapercibida si al menos esa capacidad fiscal se tradujera en grandes ingresos, algo que no sucede.
Hoy por hoy, los impuestos propios de las autonomías apenas otorgan entre el 2,2 y el 5% de los recursos que gestionan, dependiendo del año. "La mayor parte del dinero les sigue llegando de impuestos semi cedidos como el IRPF o el IVA", advierte Pich.
Los datos lo demuestran. El año 2014, último del que hay datos en su conjunto, dejó en las autonomías casi 32.000 millones en concepto de IRPF, y más de 28.000 millones por IVA. La tercera partida más jugosa llegó a través de los Impuestos Especiales con más de 14.000 millones. Mientras, Patrimonio dejó 972 millones; Sucesiones y Donaciones algo más de 2.000 millones; Actos Jurídicos Documentados 1.492 millones; y Transmisiones Patrimoniales en torno a 4.000 millones.
En total, algo más de 85.000 millones de unos ingresos totales de 89.000. La fiscalidad propia, reflejada en tributos que casi siempre tienen que ver con el medio ambiente, dejó 3.700 millones en total.
Desde el Consejo General de Economistas advierten también que la maraña de tributos, normas y modificaciones provocan situaciones anómalas como la de gravar el mismo hecho en dos ocasiones. "Hay propietarios que sufren la imposición de Patrimonio y al mismo tiempo, por ejemplo, pagan un IBI muy alto a través de la normativa municipal", explican fuentes del organismo.
Además, en ocasiones se aprueban medidas para colectivos muy pequeños con una importancia global muy reducida y es incluso probable que la recaudación por esos conceptos "no llegue ni siquiera a cubrir los costes derivados de su establecimiento o recaudación".
En efecto, la normativa aprobada para este año 2017 arroja, en algunos lugares, cambios sorprendentes. El Gobierno de Baleares, encabezado por el PSOE, ha aprobado este año deducciones al mecenazgo deportivo con un impacto de 1.000 euros; o deducciones a la adquisición de acciones de nueva creación por valor de 20.000 euros. 
La Comunidad Valenciana, en manos del también socialista Ximo Puig, ha establecido una deducción del 21% para la adquisición de abonos culturales o ha programado inversiones en fuentes renovables de la vivienda para 184 declarantes, con un impacto apenas superior a los 15.000 euros.
Con los impuestos del Estado a un lado y los que establecen las entidades locales por el otro, las comunidades se han agarrado al medio ambiente para crear gran parte de sus figuras impositivas. Tasas a los residuos, al agua embalsada, a la incineración, a la generación de energía eléctrica o eólica o a la contaminación atmosférica se han convertido en habituales.
Sin embargo, hay otros tributos que sorprenden más: Asturias y Baleares gravan el bingo y sus premios; Andalucía dispone de un impuesto en vigor que penaliza a los propietarios de fincas vacías; y Cataluña, la más creativa tributariamente en los últimos años, impone un impuesto por casas vacías, por estancias turísticas (algo común en otros países como Italia) o sobre grandes superficies comerciales. Este tributo, que han recogido otras regiones, está siendo sometido a análisis por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En este sentido cabe recordar que otros impuestos, como el de depósitos bancarios o el céntimo sanitario, han tenido que ser suprimidos por entrar en conflicto con los tributos propios del Estado. Otro problema más, el jurídico, para un sistema que expertos y economistas piden revisar aprovechando la reforma de la financiación autonómica.
"Hay que repensar la capacidad tributaria de los gobiernos regionales y tender a más uniformidad", asevera al respecto Pich, postura a favor de una mayor armonización que también defienden, entre otros, CEOE y el Círculo de Empresarios.