LORCA.- El 11 de mayo de 2011, la ciudad enmudeció. «Hasta los pájaros se fueron de Lorca», recuerda el alcalde Francisco Jódar (PP). Nueve muertos, más de 300 heridos, 1.200 millones en daños y el derribo de casi 2.000 edificios en los que los vecinos ni siquiera pudieron salvar sus recuerdos antes de que fueran escombros, según publica hoy El Mundo.
La Viña, un barrio obrero levantado en los años 70,
fue la zona cero. Allí murieron cuatro personas y se derrumbó el único
edificio de toda la ciudad. El 50% de sus viviendas fueron demolidas por
graves daños estructurales y el 40% de los comercios tuvieron que
cerrar.
«Se convirtió en una barrio fantasma plagado de puntales de obra primero y luego de solares»,
explica José Alberto Lario, portavoz de la Plataforma de Damnificados.
Esta asociación ha sido la voz de los miles de vecinos que han pasado
cinco años enredados en una burocracia asfixiante que les ha puesto
demasiadas trabas para poder reconstruir su vida.
«No podemos enviar un mensaje catastrofista, porque la ciudad se está recuperando. El 90% está reconstruido, pero no ha sido porque las administraciones se hayan volcado con los afectados, que no lo han hecho, sino por el esfuerzo de los vecinos», puntualiza.
La mayoría de ellos se han visto obligados a convertirse en
promotores y constructores de sus casas con la indemnizaciones que
recibieron del Consorcio de Seguros, entidad pública
dependiente de Ministerio de Economía que se encarga de compensar en
caso de catástrofe natural a quienes tienen contratado un seguro. «La lección que hemos aprendido del terremoto es que hay que tener un seguro»,
confiesa José Alberto. La vivienda de su madre fue declarada en ruina y
junto a sus ocho vecinos recibió una compensación justa que le permitió
volver a su piso, más pequeño pero mejorado, después de tres años y
medio de periplo por casas de familiares.
Pero no todos los finales han sido así. Algunos no han vuelto «por
miedo» y otros muchos han tenido que soportar el pago de un alquiler, de
la hipoteca de la casa que ya no tenían y batallar con sus vecinos. La Ley de Propiedad Horizontal
exige todos se pongan de acuerdo en la toma de decisiones y eso hay
sido complicado en muchos casos. «La legislación vigente no sirve para
este tipo de situaciones. Hacen falta normas que las prevean y que no
estemos abocados a bloqueos. Aquí hemos tenido que inventar
procedimientos», aclara el alcalde.
De ayuda ha sido la aprobación de la Ley de Sustitución Forzosa,
que impide la negativa de un vecino a levantar de nuevo el edificio,
pero obliga al resto a comprarle su cuota de participación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario