MURCIA.- La diputada autonómica de Podemos María Giménez alertó este
miércoles de que la pieza separada del caso Pokémon, que investiga un
juzgado de Lugo, demuestra que "es una realidad" la vinculación entre
corrupción y los procesos de privatización del suministro de agua
potable en los municipios de la Región.
Con motivo del Día Mundial del Agua, Giménez participó en un
acto en la plaza Circular, de Murcia, a escasos metros de la sede de
Aguas de Murcia, en el que defendió el modelo de gestión "pública,
transparente, participativa y sostenible" de este recurso frente a las
"políticas privatizadoras que entienden el agua como un negocio abierto a
la corrupción".
La parlamentaria de la formación morada denunció que en
España no se está respetando el mandato de la primera Iniciativa
Ciudadana Europea (ICE), que superó los dos millones de firmas, y que
permitió que el Parlamento Europeo reconociera que el agua es un
"derecho y no una mercancía" y que los servicios de agua potable y
saneamiento tienen que salir de las reglas del mercado interior de la
UE.
Para Giménez, el suministro de agua se convertió en un
negocio, que actúa como una trama y utiliza el canon concesional como
mecanismo para que las empresas concesionarias tengan "cautivos" a los
ayuntamientos y especialmente a los ciudadanos, que acaban pagándolo por
medio de tarifas "cada vez más altas y sin ningún control por la parte
pública del servicio".
Por ello, avanzó que desde su grupo parlamentario va a
trabajar en incluir el derecho humano al agua y al saneamiento en el
nuevo Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
El objetivo de esta propuesta, argumentó Giménez, es que
sean los ayuntamientos los que establezcan cómo se presta este servicio a
los ciudadanos y evitar que se les siga tratando como "clientes".
"Tenemos un derecho humano que debe ser reconocido, y no
someternos a altas tarifas ni a cortes de un suministro básico para
vivir dignamente", concluyó la parlamentaria de Podemos.
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