CARTAGENA.-La jefa de la Unidad de Información Territorial de la Consejería de Fomento, Margarita Ros, admitió este miércoles que la
falta medios y la "presión" a la que están sometidos los funcionarios
del Servicio de Urbanismo han hecho que sea cada vez "más desagradable"
ejercer sus funciones.
Durante su comparecencia ante la ponencia que estudia en la
Asamblea Regional las deficiencias en la urbanización de Camposol, Ros
mantuvo un fuerte enfrentamiento verbal con el diputado socialista
Alfonso Martínez Baños, que le interpeló sobre por qué la Consejería no
había pedido al Ayuntamiento de Mazarrón que le remitiera un informe
sobre este residencial.
"No tolero que se diga que ha habido inacción por dejadez",
respondió la funcionaria visiblemente molesta y mientras golpeaba la
mesa, añadiendo que los funcionarios están sometidos a una excesiva
carga de trabajo.
"Lo digo aquí y en Pekín. Ha sido una ofensa que no me
merezco", declaró Ros, quién ocupó la jefatura del Servicio de Urbanismo
en Fomento y que lleva 25 años en esta Consejería, a cuyos superiores,
según declaró, ha remitido "muchos escritos" denunciando la falta de
medios a la que se enfrentan.
La funcionaria apuntó que el trabajo en el "maldito"
Servicio de Urbanismo ha provocado que una persona "supercompetente"
haya abandonado este departamento para trasladarse a otro "más
tranquilo", incidiendo en que por la "presión" a la que les someten
"entre todos", esta disciplina es "cada vez más desagradable".
Martínez Baños contestó a Ros que no había circunscrito sus
críticas a ningún funcionario, y añadió que la función de los diputados
es saber por qué "cientos de familias están arruinadas por la
negligencia de las administraciones".
Ros aclaró que las competencias autonómicas sólo se
circunscriben a informar sobre la edificabilidad y aspectos técnicos de
los planes urbanísticos municipales, y admitió que solo hay un
funcionario para resolver las ejecuciones subsidiarias que les llegan
por los afectados que no obtienen respuesta a sus denuncias por parte
del ayuntamiento.
La funcionaria de Fomento señaló que el planeamiento debe
dar soluciones a una "mala pericia" en el desarrollo de una urbanización
en la que se vendieron edificaciones "a precios bajísimos" que
imposibilitaron "urbanizar con unas condiciones normales" y recurriendo a
"medios precarios".
Posteriormente, el presidente de la ONG Murcia Transparente,
Antonio Sánchez, achacó a una "trama organizada", ideada por la
promotora y en la que Confederación Hidrográfica del Segura (CHS),
Ayuntamiento de Mazarrón y Comunidad Autónoma "cerraron los ojos", la
"estafa" a más de 4.000 extranjeros, en su mayoría jubilados británicos,
que pagaron una media de 200.000 euros por viviendas mal edificadas.
Sánchez anunció que la Fiscalía ha archivado la denuncia
urbanística por haber prescrito, pero que sigue vigente otra por estafa,
al tiempo que el Foreingn Office (Ministerio de Asuntos Exteriores
británico) está estudiando el requerimiento de los vecinos de Camposol
para que se prohíba publicitar la Región de Murcia en el Reino Unido.
Todos los grupos de la oposición lamentaron y rechazaron que
el comisario de Aguas, José Carlos González, no haya acudido para que
explicara la actuación de la CHS en la ocupación de la rambla de Los
Andares para construir parte de la urbanización.
Finalmente, el diputado popular Víctor Martínez-Carrasco
defendió la "profesionalidad" de los funcionarios de la Consejería de
Fomento, un departamento con una "gran presión de trabajo".
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