miércoles, 15 de marzo de 2017

Una alta funcionaria admite en la Asamblea «presiones» y falta de medios en Urbanismo a propósito de 'Camposol'

CARTAGENA.-La jefa de la Unidad de Información Territorial de la Consejería de Fomento, Margarita Ros, admitió este miércoles que la falta medios y la "presión" a la que están sometidos los funcionarios del Servicio de Urbanismo han hecho que sea cada vez "más desagradable" ejercer sus funciones.

Durante su comparecencia ante la ponencia que estudia en la Asamblea Regional las deficiencias en la urbanización de Camposol, Ros mantuvo un fuerte enfrentamiento verbal con el diputado socialista Alfonso Martínez Baños, que le interpeló sobre por qué la Consejería no había pedido al Ayuntamiento de Mazarrón que le remitiera un informe sobre este residencial.
"No tolero que se diga que ha habido inacción por dejadez", respondió la funcionaria visiblemente molesta y mientras golpeaba la mesa, añadiendo que los funcionarios están sometidos a una excesiva carga de trabajo.
"Lo digo aquí y en Pekín. Ha sido una ofensa que no me merezco", declaró Ros, quién ocupó la jefatura del Servicio de Urbanismo en Fomento y que lleva 25 años en esta Consejería, a cuyos superiores, según declaró, ha remitido "muchos escritos" denunciando la falta de medios a la que se enfrentan.
La funcionaria apuntó que el trabajo en el "maldito" Servicio de Urbanismo ha provocado que una persona "supercompetente" haya abandonado este departamento para trasladarse a otro "más tranquilo", incidiendo en que por la "presión" a la que les someten "entre todos", esta disciplina es "cada vez más desagradable".
Martínez Baños contestó a Ros que no había circunscrito sus críticas a ningún funcionario, y añadió que la función de los diputados es saber por qué "cientos de familias están arruinadas por la negligencia de las administraciones".
Ros aclaró que las competencias autonómicas sólo se circunscriben a informar sobre la edificabilidad y aspectos técnicos de los planes urbanísticos municipales, y admitió que solo hay un funcionario para resolver las ejecuciones subsidiarias que les llegan por los afectados que no obtienen respuesta a sus denuncias por parte del ayuntamiento.
La funcionaria de Fomento señaló que el planeamiento debe dar soluciones a una "mala pericia" en el desarrollo de una urbanización en la que se vendieron edificaciones "a precios bajísimos" que imposibilitaron "urbanizar con unas condiciones normales" y recurriendo a "medios precarios".
Posteriormente, el presidente de la ONG Murcia Transparente, Antonio Sánchez, achacó a una "trama organizada", ideada por la promotora y en la que Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Ayuntamiento de Mazarrón y Comunidad Autónoma "cerraron los ojos", la "estafa" a más de 4.000 extranjeros, en su mayoría jubilados británicos, que pagaron una media de 200.000 euros por viviendas mal edificadas.
Sánchez anunció que la Fiscalía ha archivado la denuncia urbanística por haber prescrito, pero que sigue vigente otra por estafa, al tiempo que el Foreingn Office (Ministerio de Asuntos Exteriores británico) está estudiando el requerimiento de los vecinos de Camposol para que se prohíba publicitar la Región de Murcia en el Reino Unido.
Todos los grupos de la oposición lamentaron y rechazaron que el comisario de Aguas, José Carlos González, no haya acudido para que explicara la actuación de la CHS en la ocupación de la rambla de Los Andares para construir parte de la urbanización.
Finalmente, el diputado popular Víctor Martínez-Carrasco defendió la "profesionalidad" de los funcionarios de la Consejería de Fomento, un departamento con una "gran presión de trabajo".