MADRID.- Según las previsiones del proyecto de Presupuestos Generales del Estado,
el Arco Mediterráneo recibirá este año 2.313 millones más en concepto
de financiación, una partida con la que el Ejecutivo quiere compensar el
fuerte recorte de 362 millones de euros de inversiones en
infraestructuras para esta área, un 15% menos que el año pasado (todo
ello tras un lustro de fuertes ajustes), y que motivó severas protestas
en lugares como la Comunidad Valenciana, publica hoy http://www.eleconomista.es.
Ayer,
para intentar mitigar el descontento, el Ministerio de Hacienda lanzó
un comunicado para recordar que, en términos globales, el Gobierno ha
añadido 5.386 millones al sistema de financiación autonómica de este
año, hasta llegar a 99.822 millones (el 5,7% más). El gabinete que
comanda Cristóbal Montoro especificó cuantías por regiones y de ahí se
extrajo el notable aumento financiero para el Mediterráneo, una región
que incluso el Gobierno reconoce como "infrafinanciada".
En concreto, y al margen de
Canarias -con especial relevancia para aprobar los Presupuestos de este
año y cuyos fondos crecen un 11,9%, el doble de la media-, la Comunidad
Valenciana recibe el segundo mayor incremento respecto a lo percibido en
2016 y su dotación sube un 9,3%, lo que equivale a 851 millones más
(10.042 millones en total).
Le sigue Baleares, con el mismo alza del 9,3%, lo que en su caso implica 205 millones más, hasta un total de 2.404 millones.
En el caso de Cataluña, se sitúa a
la cabeza en términos absolutos, con un total de 18.576 millones. En
términos relativos, recibe un 6,2% más, lo que se traduce en 1.082
millones. Un porcentaje muy similar al de Murcia, que crece un 6,1%,
hasta los 3.061 millones de euros. En total, la financiación en 2017 de
la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Cataluña crecerá en 2.313
millones.
En el extremo opuesto, Asturias
(con 2.604 millones), Extremadura (2.963 millones) y Castilla y León
(6.176) es donde menos crecen los recursos procedentes del modelo de
financiación. En estas regiones los ingresos suben un 2,1%, un 2,3% y un
2,4%, respectivamente.
Un sistema cuestionado
Hay
que tener en cuenta que estos recursos que reciben el conjunto de las
CCAA son partidas que les corresponden de acuerdo al sistema de
financiación regional y que obedecen a la cesión del 50% del IRPF y del
IVA y el 58% de los impuestos especiales (este año las cesiones se
elevarán hasta 78.000 millones, confesó Montoro en el Congreso). Además,
el Estado aporta otras cantidades a través de otros fondos para
garantizar el equilibrio interregional, tan cuestionado en los últimos
años.
De hecho, la compensación que
reciben las regiones del Mediterráneo, según los datos difundidos ayer
por el Ministerio de Hacienda, podrían ser antesala de hacia dónde se
encaminará la reforma pendiente del sistema. Tras años en el cajón de
asuntos pendientes, el nuevo modelo se empieza a esbozar este ejercicio
ante la queja generalizada de que la actual fórmula de reparto no
funciona y de que es necesario poner ciertos límites a la solidaridad
interregional. Algo en lo que coincide Montoro, que el pasado martes
recordaba la importancia de dar continuidad a las Cuentas del Estado:
"Si no hay Presupuesto este año y el próximo, la reforma de la
financiación autonómica es inviable", advertía el ministro.
Frenazo en infraestructuras
El
reparto de la financiación autonómica de 2017 es, además, una forma de
compensar el frenazo en la inversión en infraestructuras prevista este
año para el Arco Mediterráneo, y que ha despertado quejas generalizadas
de las Administraciones más afectadas. Es el caso de la Comunidad
Valenciana, que recibirá en 2017 un 33% menos de inversión estatal, al
pasar de los 879,23 millones de euros que recibió en 2016 a 589,18
millones. La cifra supone el 6,9% de la inversión total por comunidades,
frente al 8% del año anterior, con lo que la Comunidad pierde peso en
el reparto, aunque haya menos recursos regionalizables.
El reparto, de hecho, relega a la
región a la última posición en inversión territorializada por
habitante, lo que motivó ayer un "rechazo absoluto" del Parlamento
autonómico al que se sumó el propio PP valenciano. El resultado fue la
aprobación conjunta de una Declaración institucional ante la marginación
de los valencianos y las valencianas en los Presupuestos Generales del
Estado 2017.
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