El pasado 1 de abril la Consejería de Educación publicó la orden que
permitirá avanzar otro paso en el desmantelamiento de la escuela
pública, subvencionando la impartición de Bachillerato y Formación
Profesional por centros privados. Y lo hizo apoyándose en diez
falsedades:
1. La ampliación de conciertos pretende fomentar la
libertad de elección. Falso. Ya existe libertad para cursar estudios en
centros privados: el objetivo es simplemente que todos los
contribuyentes paguemos esa elección, y el argumento, por más que se
esgrima, tiene la misma validez que si yo les propongo mi derecho a ir
en taxi a todas partes, y que ustedes, además, me lo costeen. Además, no
procede alegar libertad de elección cuando existen familias que son
forzadas a matricular a sus hijos en colegios concertados por la
inexistencia de plazas públicas debido al cierre de líneas.
2. La concertación es una medida «social y de igualdad de oportunidades». Esta ocurrencia, de Pedro Antonio Sánchez, es también falsa: el estudio Cuentas de la educación en España, 2000-2013, dirigido por Francisco Pérez y Ezequiel Uriel,
revela que la escolarización en un concertado supone a las familias un
gasto anual de 1.549 euros por hijo, frente a los 822 euros en la
pública. La diferencia reside en las célebres ´aportaciones
voluntarias´, que no son sino una refinada técnica de segregación social
para expulsar al alumnado más desfavorecido de sus aulas.
3. La generalización de conciertos pretende, según María Dolores Valcárcel,
directora general de Centros, «seguir mejorando la calidad educativa».
Falso: basta tomar los resultados del famoso examen PISA y cualquier
software estadístico para demostrar que, si comparamos a alumnos con
igual estatus socioeconómico de centros públicos y privados, no
hallaremos diferencias entre su desempeño. Asimismo podremos comprobar
que los países que más segregan al alumnado entre centros obtienen un
menor rendimiento medio. En esto de la educación, equidad y eficiencia
resultan no estar reñidas.
4. La educación concertada es más
barata. Falso: el pasado 31 de marzo se publicó en el BORM la cuantía de
las nuevas subvenciones. Cada unidad concertada en Bachillerato
supondrá un coste a nuestras arcas de 92.903,40 euros, de los cuales
72.744,49 euros están destinados a personal y el resto a ´otros gastos´.
Dado que la infraestructura pública para ofertar estos estudios ya está
establecida (generando un coste fijo) y siendo prácticamente el único
coste adicional reseñable de ofertar un curso en un centro público la
partida de personal docente, cada unidad concertada nos supondrá un
sobrecoste de unos 20.000 euros.
5. Concertar la FP y el
Bachillerato «no supondrá ningún despido en la pública. Al contrario, el
Gobierno regional tiene el compromiso de seguir ampliando plantillas,
como viene haciendo en los últimos años», nuevamente según la señora
Valcárcel. Tres falsedades juntas: primero, porque un tercio del
alumnado que cursa Bachillerato en centros públicos ha cursado la
Secundaria obligatoria en concertados. Desviar entre 5.000 y 7.000 de
estos casi 21.000 alumnos a la red privada destruirá entre 280 y 390
puestos de trabajo, sin entrar a estimar las pérdidas en FP. Segundo,
porque con datos del ministerio de Educación, entre 2010 y 2016 la
Región de Murcia ha destruido 2.097 plazas públicas docentes, a una tasa
cuatro veces superior a la media nacional. Y tercero, porque aunque por
fin se reponga al 100% del profesorado jubilado en vez de al 30%, esto
no creará ni un solo puesto de trabajo neto.
6. La generalización
de conciertos pretende estabilizar al profesorado de la red privada.
Falso: esa estabilidad ya estaba asegurada con los conciertos vigentes,
pretendiéndose, pues, aumentar su participación en detrimento de la
pública. Conviene aquí recordar que el profesorado de la escuela pública
ingresa en la docencia mediante un sistema de selección que, aunque
mejorable, promueve un acceso basado en los principios de igualdad,
mérito y capacidad, mientras que la concertada, a pesar de nutrirse de
dinero público, contrata a discreción.
7. La concertación
descongestionará las aulas. Falso: la política de recortes de estos años
nos ha forzado a trabajar con grupos de hasta 42 alumnos. Con el nuevo
procedimiento de elaboración de cupos, la pérdida de alumnado irá
acompañada de una reducción proporcional de personal que dejará las
clases igual de saturadas.
8. Existe una demanda social para
extender conciertos. Falso: durante los años 80 la concertación ayudó a
atender las necesidades de escolarización derivadas de la alta natalidad
de los años previos. Hoy, con un excedente de infraestructura pública,
la extensión de conciertos no es necesaria ni deseada, como han
denunciado recientemente, por citar un ejemplo, las familias de los
Molinos Marfagones.
9. La concertación permitirá impartir la FP Básica con ´mayor seriedad´ según declara Enrique Ujaldón,
director general de Planificación Educativa. Curiosas lecciones de
seriedad da una Consejería que implantó la FP Básica medio año antes de
aprobar el decreto que regula esta enseñanza y su currículo, que
promulgó la orden que regula la evaluación en ESO y Bachillerato en mayo
del año pasado, con el curso casi terminado, o que plagió el currículo
del Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de Aragón
sin tan siquiera adaptarlo.
10. La extensión de los conciertos es
fruto de un pacto educativo. Falso: la medida se ha dictado sin debate
en el Consejo Escolar ni en la Asamblea Regional y utilizando un
procedimiento de urgencia muy difícil de justificar salvo por el
objetivo ya abiertamente declarado del Partido Popular de destruir un
pilar del Estado del Bienestar para gloria de un lobby clasista de
empresas cuyo objetivo último es el lucro. Y es por esto que su
recorrido será tan largo como el del Gobierno que nos la impone.
(*) Economista, investigador y profesor de la UMU
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