El poder político / Ramón Cotarelo *

De las cuatro fuentes del poder social que Michael Mann identifica en su obra magna, Las fuentes del poder social, esto es, las relaciones ideológicas, las económicas, las militares y las políticas, las primeras y las últimas son las más escurridizas y difíciles de tratar Todo el mundo sabe lo que es el poder económico (el capital) y el poder militar (la violencia) pero, al llegar al poder ideológico y el político, la cuestión se torna más imprecisa y compleja. 

 

Hay quien piensa que son dos momentos de un mismo poder, de forma que el político es la institucionalización del ideológico y el ideológico, la legitimación del político. Para algunos partidarios de la teoría del Estado como conquista, el poder político es emanación directa del militar y así pensaba Oppenheimer. Para los marxistas, el poder político es emanación del económico, amparado por el militar y justificado por el ideológico. 

El poder político, la capacidad de conseguir la obediencia de los gobernados, se consigue convenciéndolos por las buenas  (ideología) o por las malas (militar), esa dualidad sempiterna entre la auctoritas y la potestas, rebautizada hoy por Nye como "poder blando o suave" y "poder duro". Por supuesto, el poder político es la forma de expresarse del poder económico dominante, el capital.

Las izquierdas han tratado de poner en pie una forma de legitimación que no fuera  del poder económico dominante sino del dominado, algo que hasta la fecha se presentaba como un pensamiento entre reformista y revolucionario. El poder ideológico que justificaría el político de las clases subalternas. Pero no lo han conseguido. Al poder político solo llegan si acaso los reformistas más moderados y están sometidos a un hostigamiento permanente desde el poder económico, de forma que su autoridad es precaria. 

 

La idea revolucionaria se había formulado al amparo del sufragio universal. Al ser los trabajadores inmensa mayoría, el voto los llevaría al poder.  Tal cosa no sucedió y la izquierda quedó dividida entre un sector reformista y otro revolucionario. Una división con formas y matices distintos según los momentos y países, pero que aparece siempre, de forma que el gran problema, el sempiterno problema de la izquierda es la unidad, la falta de la cual la hace sucumbir a la derecha, mucho más unitaria.

Innecesario decir que el poder ideológico de la derecha acentúa el discurso unitario con pleno respaldo del poder económico y del militar. Eso hace que su poder político sea sólido, presentado como tal por los medios que controla el poder económico, que no sea nunca precario, ni siquiera cuando se encuentra en minoría.

Ese es el extremo que ilustra a la perfección el magnífico dibujo de Manel Fontdevila. Si no tienes mayoría absoluta, no tienes poder. Pero menos tienen los otros, cuyos porcentajes son aun menores y, además, están divididos y enfrentados. O sea, una buena base de poder político es la impotencia de los adversarios. Por eso puede el gobierno de Rajoy hacer lo que "le da la gana" con el auxilio de una oposición que va por ahí presumiendo de eficaz. 

Tampoco es nuevo. Rajoy ya demostró su capacidad para hacer lo que le da la gana durante el año de mandato en funciones, cuando elaboró la doctrina de que un gobierno en funciones no responde ante el Parlamento y el asunto acabó en el Tribunl Constitucional (TC) en donde, como era de prever, duerme el sueño de los justos.

A la vista del éxito, el consejo de ministros presentará en breve un conflicto de competencias ante el TC para limitar la actividad del legislativo a base de impedirle que pueda levantar los vetos interpuestos por el gobierno en nombre de la intangibilidad de los gastos de la ley de presupuestos. La cuestión es evidente: si el gobierno se sale con la suya (y es probable que lo haga pues el TC está bien surtido de magistrados de su cuerda ideológica), el Parlamento puede irse de vacaciones hasta la próxima cita electoral porque el gobierno podrá bloquear cualquier iniciativa legislativa invocando motivos económicos. 

En efecto, el poder que procede de la impotencia ajena es tan sólido como el que descansa sobre el poder militar. 

Lo que es del común es de ningún

La elección del nombre del nuevo partido de Ada Colau y Xavier Domènech está lejos de ser una improvisación. La referencia a los comunes evidencia el ánimo de consagrarlo heredero de la contestación asamblearia indignada que suele englobarse bajo el término 15M. Son los comunes, la gente de la calle. En algún lugar la idea está institucionalizada de antes. Por ejemplo, el defensor del pueblo canario se llama “diputado del común”.

Es también un intento de apuntarse al carro del populismo soslayando el término de dudosa fama. El común es lo de todos (y lo de ninguno, según el viejo refrán), sin partidismos. Es un movimiento. Por eso, El Comuns huyen del término partido y prefieren llamarse “sujeto político”. Pero se darán de alta en el registro de partidos.

El elemento definitorio confeso de principio es el municipalismo. Algo similar a lo que sucede en Madrid, en donde la alcaldesa recordando el carácter municipal de su movimiento, anda ya buscándose un sucesor o sucesora en la tarea. Colau, en cambio, apunta a una segunda candidatura suya a la alcaldía. Y, sin embargo, el “sujeto político” que ha alumbrado tiene una clara vocación y propósito extramunicipales. Los Comunes se plantean como partido (en realidad, una confederación o confluencia o amalgama de varios) en un ámbito autonómico, con un discurso adecuado, pero que también se proyecta confusamente a escala estatal.

Els Comuns representan una opción de izquierda catalana con vocación de política española, pero sin dejar de hacer propuestas propias tanto en aquella como en la catalana, a veces con alegre desconsideración de las estructuras jurídico-políticas dominantes, como la opción de la República catalana dentro del Estado (monárquico) español o la de la soberanía compartida. El mensaje parece ser: no somos maximalistas ni pedimos imposibles pero no renunciamos a nada; queremos soberanía para actuar por nuestra cuenta y también tener voz en la política española.

La nueva formación es un caso más de una tendencia general por la cual, las grandes ciudades tienen una cultura y un comportamiento políticos distintos a los del conjunto del país. Los Comunes vienen a insertarse en el complejo sistema político catalán como voz barcelonesa de una izquierda catalana que, sin ser independentista, tampoco haría ascos a la independencia. Recuérdese: no se renuncia a nada. Ese pragmatismo que lo hace configurarse como una especie de partido “gorrón” lo singulariza frente a los demás. Del PDeCat lo separa la ideología. De ERC y la CUP, con quienes coincide, en principio, en la cuestión republicana y el municipalismo, el independentismo.

Aquí está el debate: independentismo como cuestión de principio o como rendimiento marginal. Esto es: la independencia como objetivo o la independencia como resultado final, después de haber pasado por unas etapas intermedias tan inverosímiles como las andanzas de Ulises.

Los Comunes dirigen su crítica catalana al bloque independentista al que acusan de valerse del señuelo de la independencia para hacer política electoral de partidos. Es decir, una acusación de hipocresía. La cuestión es saber qué porcentaje de electores se sentiría atraído por esta crítica y la propuesta sustitutoria de unas imprecisas o incomprensibles relaciones con el Estado español.

En todo caso, de esa duda se sale en breves meses, cuando corresponda culminar la hoja de ruta con la celebración del referéndum anunciado. En ese momento será preciso adoptar una actitud y en condiciones imprevisibles porque no sabemos cómo cumplirá su compromiso JxS ni cómo reaccionará el Estado. Solo sabemos que habrá que estar a favor o en contra del referéndum. O llamarse andana sosteniendo algo así como que se está a favor del referéndum, pero no de ese referéndum.

El referéndum, que responde al deseo de tres cuartas partes de la población de Cataluña, es un acto de soberanía. Els Comuns pueden sumarse sugiriendo al Estado español que la comparta.

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED