sábado, 8 de abril de 2017

De PAS a FER / Rosa Roda *

Digo yo que, en contra de lo anunciado por el PP, el caso Auditorio no parece que esté para archivar a corto plazo porque el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, atribuye a Pedro Antonio Sánchez un nuevo delito de fraude en subvenciones. Será el quinto en el caso Auditorio, el octavo si sumamos los de la Púnica y muchos de ellos penados con cárcel.

Un nuevo delito sobre el que no se han pronunciado los peritos de la defensa. Según el relato del fiscal, Sánchez encargó al arquitecto Martín Lejárraga el proyecto de un teatro auditorio para un solar, junto a rambla Nogalte, cuya propiedad no disponía el Ayuntamiento y del que se valió para pedir una subvención de seis millones de euros. 

Más tarde, según el ministerio público, Sánchez tomó la decisión «verbal y unilateral» de hacer una obra diferente en otro solar que tres particulares (en registro siguen siendo los propietarios) le habían cedido; aunque el consistorio lumbrerense, a su vez, lo había cedido a la Fundación Josefina Alcaraz durante 75 años para la construcción de una residencia de ancianos, sin que conste acuerdo de pleno poniendo fin a dicha concesión de uso para la fundación. Un lío padre. Y pese al cúmulo de irregularidades, el entonces consejero, Pedro Alberto Cruz, justificó la subvención sin la más mínima comprobación. Eran tiempos en los que nadie osaba inspeccionar al elegido por el todopoderoso Ramón Luis Valcárcel a quien imagino acariciando suavemente el lomo de un gato desde su atalaya en Bruselas mientras contempla impertérrito, enarcando una ceja, el resultado de su obra.

Hubo un tiempo en que todos los alcaldes de la región querían ser alcalde de Puerto Lumbreras porque llovían los millones en subvenciones. Se estaba fabricando un líder. Entre 2006 y 2014 el consistorio lumbrerense (14.000 habitantes) ingresó 11,5 millones de euros de la Comunidad con los que dicen que Pedro Antonio Sánchez logró transformar el pueblo aunque es fácil tropezarse con cadáveres arquitectónicos llenos de matojos: el centro base de Emergencias que iba a tener hasta un helipuerto, el centro de la Policía Local de El Esparragal, el edificio del Ayuntamiento o el Museo de Arte Folclórico cuyas ventanas están tapiadas y ha sufrido episodios vandálicos. Obras a medio que, como mínimo, ponen en cuestión la capacidad de gestión de quien ha logrado ser presidente autonómico y aspira a volver.

El teatro auditorio de Puerto Lumbreras no solo se ha tragado seis millones de euros. Intentaron terminarlo pidiendo nuevas subvenciones de dinero público. Primero anunciaron un Centro de Arte Joven para lo que el Ayuntamiento consiguió otra ayuda regional de 1,2 millones de euros aunque la Comunidad Autónoma solo llegó a transferir a las arcas municipales 300.000 euros cuyo destino final se desconoce. Y luego un Vivero de Empresas Culturales y Creativas para lo que el consistorio lumbrerense consiguió 800.000 euros (80% fondos europeos FEDER) a través de la fundación INCYDE (Cámaras de Comercio) previo proyecto, otra vez, del arquitecto Martín Lejárraga, por el que cobró 56.000 euros aún sabiendo de la ilegalidad que supone cambiar el uso del teatro auditorio que se hizo con una subvención finalista. Algo que también debía saber la mesa de contratación municipal que volvió a elegir a Lejárraga y que estaba compuesta, entre otros, por cuatro imputados en el caso Auditorio.

La alcaldesa actual, Ángeles Túnez, llegó a presentar en enero de 2014 la construcción del vivero de empresas culturales dentro del inacabado teatro auditorio. No era consciente de que la fiscalía acababa de abrir diligencias y ya tenía un ojo puesto en el pueblo. De tal forma que cuando el caso Auditorio salta a la prensa, Túnez no tuvo más remedio que cambiar la ubicación del proyecto y llevarse el vivero de empresas culturales y los 800.000 euros al Centro de Asociaciones Deportivas (otro edificio en obras de Puerto Lumbreras) y encargar la redacción de un nuevo proyecto a otro arquitecto que cobró otros 28.000 euros. Secuelas del caso Auditorio que describen un modus operandi inaceptable tratándose del dinero de todos.

Dentro de poco serán dos los presidentes investidos para guardarle la silla a Pedro Antonio Sánchez. Valcárcel se la intentó reservar nombrando sucesor a Alberto Garre, quien se negó a hacer de guardamuebles, y ahora lo hará Fernando López Miras. Un joven aupado hasta la secretaría general de la Consejería de Economía y Hacienda por Vicente Martínez Pujalte y luego cesado por el Gobierno de Garre tras la operación «Salvar al soldado Ramón Luis».

«Todo era susceptible de empeorar y ha empeorado. Nadie nos tiene que contar quién es López Miras ni qué pírrico curriculum puede exhibir a sus 33 años», reconocen en privado destacados militantes del PP que, evidentemente, no forman parte del círculo íntimo de Pedro Antonio Sánchez y a los que causa vergüenza ajena la deriva de su partido, pero no hacen nada; como mucho, culpan a Madrid. La política tiene algo que vuelve cobarde a la gente. Militantes que leen encuestas y creen que el PP de la Región de Murcia se dirige al abismo por la ´desmedida ambición´ de un solo hombre a quien algunos describen como un ´animal político´, aunque no creo que pueda alardear de estrategia. 

Con la designación de FER (así llaman a López Miras sus amigos) acaba de recargar de munición el discurso de la oposición porque, desde el primer minuto, será el presidente pinganillo, un guardamuebles con mochila. Una torpeza para los intereses de un partido que quiere conseguir mayoría absoluta en 2019, pero un acierto para quien persigue ser restituido en el cargo.

Y para ser restituido en el cargo un alcalde no daba el perfil como sucesor. Les cuento. Avanzaban Martínez Maillo, del PP, y Villegas, de C's, un acuerdo que dinamitó el auto envenenado del juez Velasco, de la Púnica. Un acuerdo que, al parecer, pasaba por aplicar con cualquier excusa el artículo 15 del Estatuto del Presidente que posibilita la suspensión temporal en funciones del presidente durante un máximo de cinco meses y el nombramiento de un presidente interino que no puede ser sometido a moción de censura ni plantear cuestión de confianza.

El plan habría consistido en apartar temporalmente a Pedro Antonio Sánchez de la presidencia (sin forzarle a dimitir) mientras delegaba funciones presidenciales en un consejero (probablemente Noelia Arroyo) y así ganar tiempo. Eso explicaría la tranquilidad de los populares a una semana de la moción de censura y que el periodista de cabecera del PP, Francisco Maruhenda, apuntase el nombre de Arroyo en La Sexta Noche el sábado 25 de marzo, lo que provocó el envío de varios mensajes de whastapp a la consejera portavoz que esa noche, probablemente ajena a todo, asistía a un concurso de saetas en Cartagena.

Todo iba bien hasta que Rivera conoce los 44 indicios del juez Velasco contra Pedro Antonio Sánchez y dice ¡Basta!

Es entonces cuando Génova, que tenía ganas de cerrar la crisis murciana que perseguía a Rajoy en cada cita internacional estropeándole el álbum de fotos con Merkel, Hollande, Macri o Juncker, se pone firme con Pedro Antonio Sánchez, que finalmente toma la decisión personal («no forzada») de dimitir no sin antes negociar la condiciones de su renuncia: su rehabilitación si los casos judiciales son archivados y que su sustituto sea Fernando López Miras y no el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que era la propuesta de Madrid para cerrar realmente la crisis y pasar página. Dicen que Jódar respiró aliviado al enterarse en la misma reunión de la junta directiva del día de autos de que finalmente él no era el elegido.

El tiempo y la Justicia dirán si Pedro Antonio se convierte en Pedro El Breve o Pedro El Resucitado tras haber sido enviado al patíbulo por el justiciero Miguel Sánchez, el Poncio Pilatos de este largo Vía Crucis, que dice que exigirá la supresión de los aforamientos para elevar a los altares del poder a FER, el discípulo, mientras se traga su pacto de investidura permitiendo que Pedro Antonio Sánchez siga estando aforado en contra de lo que dictan las Tablas de la Ley.

De PAS a FER y tiro porque me toca, que hay muchas casillas en blanco en el tablero regional: el agua, la financiación, el AVE, el soterramiento, la autovía del bancal, el Gorguel, Portmán, Mar Menor. La Región de Murcia no es un juego pero se juega con ella y con su presidencia para desgracia de sus ciudadanos.


(*) Periodista y jefa de informativos de Onda Cero Murcia


1 comentario:

Pepe Alcaraz dijo...

El problema no es si a robado o no, los juzgados lo dirán, si no si es incompetente para el cargo y creo q no segundo queda bastante claro con tu argumento.