MADRID.- El debate sobre la rehabilitación de los políticos está sobre la mesa. Recientes casos como el del ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, que dimitió tras ser imputado por el caso Auditorio y al que el juez Velasco pide imputar por la trama Púnica,
obligan a plantear el regreso al primer plano de aquellos servidores
públicos que, habiéndose apartado, acaben siendo exculpados -Sánchez aún
no lo está- por la Justicia. La dirección de Ciudadanos
estudia vías para articular la figura de la suspensión del diputado. En
definitiva, que dejar el escaño y el acta de diputado sea reversible, concreta hoy El Mundo.
Esta
figura de la suspensión del diputado consistiría en articular una
medida por la que el apartarse del cargo conlleve un posible retorno,
toda vez que actualmente es imposible. Que el regreso sea viable una vez
resuelto el proceso judicial y siempre que sea exculpatorio. A día de
hoy, si por ejemplo se renuncia al acta de diputado, las puertas de las Cortes Generales o de los parlamentos autonómicos se cierran.
En el debate e intercambio de ideas que está teniendo el partido de Albert Rivera
se barajan diversas opciones. Para empezar, se discute si la petición
de suspensión tendría que pedirla el diputado o la Cámara. Y si, en caso
de llevarse a cabo, el grupo parlamentario del cargo público contaría
con un escaño menos o sería sustituido temporalmente, y hasta la
resolución judicial, por otro compañero de la lista. Son aspectos
todavía sin concretar.
El pulso que libran PP
y Ciudadanos sobre el momento procesal en el que un cargo público debe
dimitir ha abierto un melón pendiente de resolver en el escenario
político. Los populares sitúan la línea roja en la apertura del
juicio. Los naranjas, en el momento de ser citado como imputado -ahora
investigado- por un juez. Los pactos firmados entre ambos partidos
estipulan la dimisión «hasta la resolución definitiva (completa) del
procedimiento judicial». Pero si el cargo es exculpado, ¿qué ocurre? No
puede regresar a su escaño. Ahí está el déficit.
El PP ha insistido en abordar esta cuestión, sobre todo tras los casos de Pedro Antonio Sánchez y Rita Barberá,
pero sin llegar a lanzar una propuesta concreta. En los despachos de
Ciudadanos estudian el asunto, en busca de una iniciativa viable. La
formación naranja siempre se ha mostrado partidaria de
articular mecanismos de rehabilitación para los políticos. Consideran
que igual de exigible es que den un paso a un lado cuando se les imputa,
como que puedan retornar si se dictamina su inocencia.
Ciudadanos está examinando los distintos reglamentos de los parlamentos autonómicos. Han encontrado una pista en el de Cataluña.
Su artículo 25 recoge que un diputado puede solicitar la suspensión si
es firme el acto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el
Pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta.
En 2015, el
diputado del PSC Daniel Fernández, acusado de tráfico de influencias en el caso Mercurio, pidió a la Comisión del Estatuto de los Diputados de la Cámara catalana la suspensión de sus derechos y deberes como diputado hasta que el tribunal dictase sentencia. El Pleno rechazó la solicitud y tuvo que renunciar al escaño.
El
reglamento del Congreso recoge en su artículo 21 que el diputado
quedará suspendido en sus derechos y deberes cuando, concedida por la
Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de
procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras
dure ésta; o cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o
cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función
parlamentaria.
Lo que perseguiría Ciudadanos es encontrar
una fórmula que permitiera flexibilizar estos reglamentos, de manera
que la suspensión pudiera pedirse en el momento en que el juez cita al
cargo a declarar como imputado, que es la condición que el partido de
Rivera ha firmado con el PP en sus pactos autonómicos y a nivel
nacional. Que pudiera tramitarse en ese punto. Y resuelto el proceso
judicial, la puerta pudiera volver a abrirse para el cargo público.
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