viernes, 7 de abril de 2017

El fiscal atribuye un quinto delito al expresidente de la Región en el 'caso Auditorio'

MURCIA.-El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha presentado un nuevo escrito al instructor del caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, en el que plantea que se investigue al expresidente Pedro Antonio Sánchez por un nuevo delito, el quinto, de fraude de subvenciones, que se añadiría a los de prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad documental por los que ya tiene que dar cuenta PAS. 

Entiende Juan Pablo Lozano que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras utilizó los seis millones de euros de la subvención para el Teatro-Auditorio para ejecutar «un proyecto distinto» para el que se concedió la ayuda y «en una parcela distinta», una decisión que, según el fiscal, la tomó Pedro Antonio Sánchez de manera «unilateral y verbalmente».
En este sentido, el fiscal dirige un escrito al Consistorio lumbrerense para que se identifique en el catastro la parcela de la Rambla de Nogalte que iba a ser la ubicación inicial del Auditorio, sobre la que el Ayuntamiento «no era titular» y, sin embargo, «todo el expediente de la subvención y la obtención de esos seis millones» se acomete sobre esa parcela.
A juicio del fiscal, «es llamativo que sobre esta parcela no conste más identificación que la que reflejan los planos, sin alusión a su identificación física y título jurídico, pese a que sobre ella se realizan hasta tres trabajos del arquitecto y sobre cuyo anteproyecto de 2006 se otorgó la subvención por importe de seis millones».
Subraya, a renglón seguido, que «el ofrecimiento y anteproyecto formulado por el entonces alcalde ante la Consejería de Cultura para obtener la subvención no se ajustaba a la realidad».
 La actuación de Sánchez, según el escrito de Lozano, fue la de cambiar de forma irregular la ubicación de la parcela, para lo que el fiscal aporta un conjunto de pruebas documentales que certifican la cesión de terrenos sobre la parcela objeto de la subvención.
Sin embargo, considera «sorprendente» que en su declaración ante el magistrado instructor del caso Auditorio, Julián Pérez Templado, el expresidente «afirmara que el informe se refería en realidad a la parcela actual donde se ubica el auditorio y no sobre la de Rambla de Nogalte». Explica el fiscal que el Ayuntamiento lumbrerense sí era titular de la actual parcela sobre la que finalmente se construyó el Auditorio.
El fiscal cuestiona para qué aprobó la Junta de Gobierno lumbrerense en diciembre de 2006 solicitar la subvención conforme al proyecto del auditorio en la Rambla de Nogalte si en esa fecha ya se había optado por la parcela actual. Igualmente, aporta un escrito de PAS al director general de Cultura, en virtud del cual se desprende que «no había demora en las obras, sino en la definición del proyecto y las obras no estaban iniciadas».
De hecho, Pedro Antonio Sánchez acompaña un informe del arquitecto Lejárraga en el que se pone de manifiesto que «no se ha terminado en su totalidad la obra», sino que requiere de un plazo de 18 meses «para su completa y correcta definición».

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