lunes, 10 de abril de 2017

El Gobierno plantea liberar o bajar los peajes de las autopistas que reviertan al Estado


MADRID.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha tomado el testigo de Ana Pastor para reafirmar el compromiso electoral del Partido Popular que garantiza la reversión automática al Estado de todas las concesiones de autopistas que vayan venciendo en los próximos ejercicios. 

Dicha estrategia supone un cambio radical sobre la práctica llevada a cabo hasta ahora, que suponía la renovación de las concesiones a cambio de nuevas inversiones. A partir de ahora, el Gobierno asumirá de entrada el control de los autopistas, y lo que falta por resolver es si volverá a ofertar los activos en una nueva licitación o, por el contrario, asumirá la gestión con todas las consecuencias, adelanta hoy www.elconfidencial.com
El futuro de las principales autopistas en España, su eventual nacionalización y las implicaciones que esto puede acarrear al Estado fueron analizados en una reunión celebrada recientemente por el titular de Fomento con el máximo ejecutivo de Abertis, Francisco Reynés. 
La entrevista no dio mucho de sí, más allá de una toma de contacto preliminar, pero sirvió en todo caso para que el responsable de la compañía, perteneciente al grupo Criteria Caixa, pudiera comprobar de primera mano la intención cada vez más firme del Gobierno por tomar el volante de las autopistas y levantar, bien sea total o parcialmente, los peajes que ahora cobran sus actuales concesionarias.
Los planes oficiales para liberar las autopistas constituyen una eterna cantinela en nuestro país, pero la 'amenaza' parece que ahora va en serio, y de ahí la reacción inmediata del sector, manifestada primero a través de la patronal Seopan y después por la propia Abertis, aprovechando su junta de accionistas de este pasado lunes. Ambas entidades han trasladado al Gobierno mensajes muy elocuentes de los riesgos económicos que comporta una decisión basada en criterios políticos pero que ha ido adquiriendo poco a poco carta de naturaleza dentro de la estrategia de apaciguamiento que Rajoy está dispuesto a mantener en Cataluña.
El presidente de Seopan, Julián Núnez, cuantificó en 1.000 millones de euros anuales el coste de gestión que supondrán las autopistas cuando reviertan al Estado. Este importe incluye el dinero que pagan ahora las concesionarias por mantenimiento y lo que recauda también Hacienda por IVA. El representante corporativo de las grandes constructoras considera que la nacionalización dará lugar a un imponderable aumento del gasto público y aboga, en consecuencia, por mantener en todo caso los peajes
Sobre esta argumentación fundamental, el presidente de Abertis, Salvador Alemany, propone la renovación de las concesiones y su administración a base de 'peajes blandos' que sirvan para financiar los costes del mantenimiento.
La prueba de fuego para conocer la hoja de ruta que va a seguir el Ministerio de Fomento se producirá en diciembre de 2018, cuando vence la concesión del tramo Burgos-Armiñón (Álava) de la AP-1. Esta autopista pertenece a Europistas, actual Itínere, empresa vinculada a Sacyr. En Abertis están a la expectativa, con las barbas a remojar que se dice, porque en 2019 caduca la AP-4 que conecta Sevilla con Cádiz y, a partir de ahí, la sombra de la nacionalización empezará a caer por todas las autopistas del Mediterráneo, destacando la finalización en 2021 de la concesión norte entre Barcelona y La Junquera.
La concesionaria de La Caixa se juega en estos envites un 25% de su ebitda, por lo que su gran apuesta corporativa no es otra que persuadir al Gobierno sobre la importancia que tienen las autopistas dentro de la política de consolidación fiscal en España. 
Las exigencias de la Comisión Europea inducen a la implantación de un nuevo modelo de tarificación equitativa y eficiente para el transporte sostenible, incluyendo la célebre Euroviñeta y la promoción del peaje electrónico europeo. 
Otra cosa es el dictado que impongan las circunstancias legislativas y el 'peaje' político que Rajoy esté dispuesto a pagar para que los actuales inquilinos de la Generalitat puedan apuntarse un tanto con sus contribuyentes y votantes.

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