La corrupción es la principal responsable de la desafección política
y, como tal, uno de los problemas más graves que tiene España. El
presidente del Gobierno, máximo representante de la voluntad popular,
debería estar más allá de toda duda en cuanto a su ejemplaridad y ser el
principal adalid en la lucha contra una lacra de consecuencias tan
demoledoras para la democracia.
No es aceptable por ello que Mariano Rajoy rehúya sistemáticamente
dar explicaciones creíbles acerca de los innumerables escándalos de
corrupción y financiación ilegal que protagoniza su partido. Porque
frente a la insistencia en responsabilizar a algunas manzanas podridas y
proclamarse a sí mismo y al PP como víctima, el principal beneficiario
ha sido tanto su partido como él mismo en tanto cabeza de lista de un
partido que se presentó a numerosas elecciones con la grosera ventaja
que le concedió la financiación ilegal de su organización.
Sostiene Rajoy como única explicación de los lamentables casos a los
que estamos asistiendo que en España “el que la hace la paga”. Y razón
no le falta. Pero si los corruptos están en la cárcel no es, desde
luego, debido a la cooperación de su partido con la justicia (con la
excepción de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid,
que puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades en el Canal
de Isabel II). Tampoco, parece, gracias al rigor del ministro de
Justicia, el fiscal general del Estado o el fiscal Anticorrupción, cuyo
proceder en todos estos casos está también lejos de la ejemplaridad
deseable en instituciones tan cruciales en un Estado de derecho.
Al contrario, una y otra vez estamos comprobando cómo los dirigentes
del PP han preferido desviar la atención, ignorar las denuncias internas
o incluso perseguir a los que pusieron en su conocimiento las sospechas
de irregularidades. Es el caso, desde luego, de Esperanza Aguirre, que
pese a sus alegaciones de haber visto su confianza en Ignacio González
traicionada, no solo no vigiló a su delfín sino que lo protegió, incluso
delatando ante González a aquellos que le trasladaban las sospechas de
irregularidades.
Las certezas sobre el encubrimiento que practicaron Aguirre y otros
altos dirigentes del PP, como Carlos Floriano y Juan Carlos Vera, se
convierten, a falta de pruebas directas, en graves sospechas en el caso
de Rajoy. Este apartó a González de la candidatura a la presidencia de
la Comunidad de Madrid por considerarlo un candidato con demasiadas
sombras.
El Partido Popular está imputado como beneficiario a título lucrativo
de las prácticas corruptas y de financiación ilegal puestas en marcha
por sus tesoreros. Sus siglas y el buen nombre del PP están más que en
entredicho: el partido incluso podría acabar siendo suspendido, disuelto
o gravemente sancionado. El silencio y proceder de Rajoy daña a la
democracia, a nuestra imagen internacional, a la confianza de la
ciudadanía en la política y al buen nombre de miles de honrados
militantes. Es crucial que respecto a los casos de corrupción y
financiación de su partido Rajoy explique qué supo, cuándo lo supo y qué
hizo al respecto. De lo contrario, su nombre quedará irreparablemente
asociado a la peor lacra que, después del terrorismo, ha sufrido este
país.
http://elpais.com/elpais/2017/04/29/opinion/1493474851_793149.html
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