martes, 11 de abril de 2017

Inés Arrimadas (C's): «Queremos subir el listón de la lucha contra la corrupción en Murcia»


MADRID.- La portavoz de C's, Inés Arrimadas, llamó al PP a no confundir la ley integral de lucha contra la corrupción que se ha tramitado en el Congreso con el acuerdo que se está negociando para investir al candidato popular a presidir Murcia, Fernando López Miras, en el que exigen no esperar a la apertura de un juicio oral por un caso de corrupción para que un cargo dimita: "Subimos el listón".

Arrimadas recordó este martes a los populares que la ley se ha tramitado y que se acordaron unos "mínimos" para conseguir el consenso del mayor número de grupos parlamentarios.
"La ley se tramitó por un acuerdo transversal de muchos grupos parlamentarios y es un criterio que se aprobó por unanimidad para poder aprobarla por consenso y que, además, supondrá un mínimo legal de cumplimiento, después los pactos tienen que ir más allá", dijo la también líder de la oposición en Cataluña, que recordó que para cumplir una ley no se necesita ningún acuerdo.
Para Arrimadas "no tiene nada que ver" lo que se esté tramitando en el Congreso, que será una ley de obligado cumplimiento, con los pactos en las comunidades en los que son decisivos y pueden subir el nivel de exigencia.
"Una cosa es la ley que se está tramitando por consenso en el Congreso que establece un criterio que es más exigente que el actual. Otra cosa es el pacto que nosotros podamos firmar cuando somos decisivos y queremos subir el listón de la lucha contra la corrupción en Murcia y en otras regiones", incidió, tras recordar que esa subida del nivel de exigencia ya la han hecho en comunidades como Madrid y Andalucía.
Arrimadas aclaró que la negociación para un pacto de investidura en Murcia acaba de comenzar y no tienen nada cerrado con los populares, pero advierte: "Tenemos predisposición a llegar a un acuerdo, pero con esas exigencias".
"Nosotros, que siempre hemos tenido la convicción de que en Murcia se necesita estabilidad y un gobierno, estamos negociando para poder dar apoyo a una segunda investidura de un nuevo presidente que no tenga imputaciones por corrupción", zanjó.
Otro punto que quieren incluir en el acuerdo es eliminar los aforamientos en la Comunidad murciana, ya que los de los diputados y senadores se regulan por leyes estatales "incluida la Constitución" y los de las autonomías se rigen por los Estatutos autonómicos.
"A nivel estatal es lo que llevamos en el acuerdo con el PP, pero en las comunidades autónomas se tiene que hacer lo mismo", dijo, e incidió en que es uno de los puntos que también incluyen en la mesa de negociación en Murcia.
Arrimadas rechazó el argumento de los populares sobre esgrimir la presunción de inocencia para no aceptar que los diputados investigados por corrupción deban dimitir y esperar a la apertura del juicio oral.
"No va a ir nadie a la cárcel violando ese principio, porque dimitir no es ir a la cárcel, lo que pasa es que los viejos partidos tienen a mucha gente que no ha trabajado en su vida fuera de la política, y para algunos, dimitir es como meterles en prisión", lamentó la diputada.
Argumentó que cuando un cargo tiene que dimitir tiene derecho a volver a su actividad privada y defenderse en los tribunales preservándose esa presunción de inocencia.
Para la portavoz de la formación naranja esa actitud es propia de los "viejos partidos", que cuando tienen un caso de corrupción dudan y protegen a su diputados.
"Estamos en un momento de descrédito de la política después de tanto saqueo público que hay que subir el listón", reiteró.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Bravo, denunciado casos de corrupcion se hace mas fuerte un estado, para que sea respetado por toda la ciudadania, y asi tener una concepcion nacional de honradez, honestidad, justicia, transaparencia para no ser una apariencia de estado, hay que volver a la democracia, con la separacion de poderes, y entre ellos el poder judicial no tiene que estar vinculado a la politica, basta leer el informe del GRECO de octubre del año 2016, donde deja patente la fuerte politizacion de la Administracion en caso de corrupcion.