MADRID.- El Gobierno ha autorizado operaciones de deuda por valor de 16.500 millones en solo tres meses. Los expertos creen que sin tutela del Estado las autonomías serían más cuidadosas con el gasto. ¿Quién será el principal acreedor de las comunidades autónomas en 2017? Si nada lo remedia, el Estado volverá a ejercer por sexto año consecutivo de máximo prestamista de los gobiernos autonómicos. Ante esta posibilidad hay quienes reclaman una vuelta a la normalidad financiera en los territorios, al entender que la situación ha mejorado y que las comunidades podrían obtener ya esos recursos por sus propios medios, según publica hoy http://www.eleconomista.es.
Un dato avala esta tesis: solo
entre enero y marzo el Gobierno ha autorizado operaciones de
endeudamiento por valor de 16.500 millones de euros, más del doble que
el año pasado por estas mismas fechas. Las autonomías vuelven con fuerza
al mercado y demuestran que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ya no
es necesario.
El Ministerio de Hacienda
prorrogará este año la vigencia de los mecanismos extraordinarios de
liquidez para comunidades autónomas, pese a que una mayoría de ellas
(trece de las diecisiete) han recibido autorización para captar deuda en
los mercados. Es la demostración palpable de que ahora que se ha
iniciado la recuperación económica, las regiones pueden financiarse sin
la tutela del Estado y asumir la diferencia de coste que esta opción
represente con los préstamos que obtienen de manos del Fondo FLA y de la
Facilidad Financiera, habilitada para las regiones que habitualmente
cumplen el déficit.
Cambio en la gestión autonómica
Los
expertos creen, además, que si los gobiernos autonómicos tuvieran que
responsabilizarse de su propio endeudamiento, serían mucho más
cuidadosos con sus ingresos y sus gastos. Es la opinión que expresa a
elEconomista uno de los sabios propuestos por el Ministerio de Hacienda
que conforman la comisión de expertos sobre la Financiación Autonómica.
Ángel de la Fuente considera que
"habría que empezar a pensar en cómo ir retirando poco a poco los
mecanismos de liquidez". El también director de Fedea entiende que la
disciplina del mercado sería muy sana para ayudar a disciplinar mejor a
las comunidades autónomas.
"La mutualización sistemática de
los desequilibrios en la financiación es síntoma de una más que
deficiente gobernanza que, a la postre, distribuye de forma muy poco
equitativa el coste para los ciudadanos", sostiene Luis Caramés Viéitez,
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de
Compostela, que defiende abiertamente la idea de que las comunidades
autónomas deben acudir a los mercados en busca de liquidez en cuanto
esté lista la reforma de la financiación autonómica. El principal motivo
es que estos -los mercados- "suelen disciplinar con más objetividad",
sentencia.
La AIReF reclamó desmantelarlos
También
ha sido muy claro en este sentido el mensaje de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ya desde hace unos
meses recomendaba ir desmantelando los mecanismos especiales de liquidez
poco a poco, para reducir la dependencia autonómica del Estado.
"Necesitamos combinar la reforma
del Sistema de Financiación Autonómica con las de otras Administraciones
y eliminar progresivamente los mecanismos de financiación
extraordinaria" aseguraba el presidente del organismo fiscalizador, José
Luis Escrivá recientemente. Hay que recordar, además, que la AIReF
apoya también los objetivos de déficit asimétricos, al creer que algunas
comunidades relajan sus políticas de gasto en cuanto saben que disponen
del mismo límite que regiones con peores datos.
De momento, solo entre enero y
marzo el Consejo de Ministros ha autorizado a las autonomías a
financiarse por valor de casi 16.500 millones de euros, más del doble de
los 8.200 millones de euros que les permitió en los tres primeros meses
del 2016.
Un total de trece regiones (todas
a excepción de Canarias, Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha) están
acudiendo ya a las entidades financieras o a los mercados de capitales
para lograr financiación con la que cubrir su déficit, pagar a
proveedores y atender vencimientos. Asturias, aun así, saldó operaciones
de deuda muy jugosas justo un mes antes, en diciembre, por lo que no ha
debido hacer petición expresa para nuevas subastas en este primer tramo
de ejercicio 2017.
En busca de liquidez
En
esa lista no solo hay comunidades saneadas, que en principio tendrían
menos dificultades para recibir el respaldo de los prestatarios. También
las hay en serias dificultades, como Cataluña (bono basura para las
agencias de calificación), que el 3 de febrero recibió permiso para
endeudarse por 1.378 millones de euros; la Comunidad Valenciana, que
obtuvo el visto bueno el 27 de enero para lograr 2.422 millones de
euros; o Extremadura, que quiere hacerse con 528 millones de euros.
El actual momento de tipos
históricamente bajos, incluso negativos en plazos de hasta tres años en
el caso de las subastas del Tesoro español, se ha trasladado también al
ámbito autonómico, que abona más intereses pero sin que su deuda se
torne insostenible. Madrid y Castilla y León se financiaron ya en el año
2016 a largo plazo con intereses inferiores al 2%, algo que hace solo
unos años hubiera resultado un suieño para el propio Estado (que sacó
subastas a diez años con tipos inferiores al 1%).
Moneda de cambio para el nuevo modelo
Ya
hace un año que el catedrático Juan José Rubio pronosticó que el FLA,
hoy prorrogado, sería una herramienta que el Gobierno utilizaría como
moneda de cambio en la reforma de la financiación autonómica. "Habrá
quitas parciales o totales", aseveró este experto, tras recordar que el
nuevo sistema no incorporaría muchos más fondos que el de 2009 por los
deberes de reducción del déficit público. Así, perdonar deuda serviría
para acallar a numerosos gobiernos regionales, ávidos de más
financiación para capear el temporal.
"Podemos estar en puertas de una
quita, que seguramente se cubrirá con un eufemismo tipo
reestructuración", añade en este sentido Caramés. Desde su punto de
vista y, pese a haber creado una comisión de expertos para estudiar
tanto este asunto en particular, como la financiación regional en
general, el Gobierno "ya tiene pensado qué hacer en este terreno,
incluido el asunto de la condonación".
El principal soporte financiero
Para
entender hasta qué punto el Estado ha ejercido de soporte financiero de
los territorios desde el año 2012 solo hay que acudir a las
estadísticas del Banco de España. Más de la mitad de la deuda autonómica
en circulación ha sido financiada por el Gobierno Central.
De los 271.980 millones de euros a
los que ascendía la deuda viva regional, los territorios habían
percibido 137.970 millones de euros a través del Fondo de Liquidez
Autonómico o de la Facilidad Financiera, en función de si se trataba de
regiones cumplidoras o no de los objetivos de estabilidad
presupuestaria. Cabe precisar a este respecto que el total de mecanismos
extraordinarios (se incluye aquí el dinero destinado al pago a
proveedores) ha prestado a las regiones algo más de 174.000 millones de
euros en esos cinco años y medio.
De este modo, los préstamos del
Estado suponen el 50,7% del pasivo regional, algo que no había sucedido
desde que el Ministerio que capitanea Cristóbal Montoro creó los
instrumentos de financiación hace ya cinco años. Hay incluso ocho
comunidades autónomas que superan ese nivel.
Son, en concreto, Comunidad
Valenciana y Murcia, a las que el Ejecutivo Central ha financiado hasta
un 73% de su pasivo; Andalucía (el 67% de su deuda tiene el aval de
Hacienda); Castilla-la Mancha (66% de su deuda avalada por el Estado);
Cataluña (63%); Baleares (62%); y Canarias y Cantabria, con un 61% de su
deuda financiada por el Estado.
Los últimos cinco años, el Estado
emitió deuda por valor de 84.990 millones de euros, el equivalente al
8% del PIB español, para atender al pago de facturas a los proveedores
autonómicos. En ese mismo periodo, los Ejecutivos regionales pudieron
atender a vencimientos de deuda por valor de 77.697 millones de euros.
Importantes retos a futuro
Un
estudio publicado este mismo año por la agencia de rating Standar and
Poor's (S&P) se hacía eco de estos datos y planteaba como retos e
incógnitas de futuro para los ejecutivos regionales la reforma de la
Financiación Autonómica, la continuidad de los esfuerzos de
consolidación fiscal, el control del gasto sanitario y el envejecimiento
de población, la presión existente sobre el gasto educativo, la
asimetría en la posición financiera de las propias autonomías así como
el retorno a la financiación en los mercados.
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