MADRID.- El Servicio de Inspección del Consejo General del
Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, tendrá que
pronunciarse sobre la trascendencia de una supuesta actuación del
instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien, de acuerdo con
una conversación interceptada durante la Operación Lezo,
habría pedido a Ignacio González que colocara a su esposa en la
Comunidad de Madrid. González, ex presidente del Gobierno madrileño, está en prisión desde el pasado viernes por orden de Velasco, tal como recuerda www.elespanol.com
El
abogado José Luis Mazón (en la imagen), en representación del partido político
Contrapoder, ha presentado este miércoles una denuncia ante el CGPJ para
que esta institución determine si el hecho es cierto y si, en ese caso,
Velasco podría haber incurrido en una falta muy grave consistente en
"el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales" (artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Toda
denuncia sobre la actuación de un juez debe ser objeto de un informe de
la jefa del Servicio de Inspección, Esperanza Córdoba, en el plazo de
un mes. Habitualmente se pide al juez afectado que exponga las consideraciones que desee sobre la denuncia
y luego la Inspección decide si procede el archivo, la apertura de
diligencias informativas para realizar más averiguaciones o la apertura
directa de un expediente disciplinario.
La denuncia de Contrapoder se basa en la información publicada por El Español en
la que se daba cuenta de que el instructor de la Operación Lezo se
ofreció a abandonar la investigación sobre Ignacio González momentos
antes de tomarle declaración dada la existencia de una grabación
interceptada por la Guardia Civil.
En ella, el expresidente de Madrid
aseguraba que Velasco podría estar contaminado para investigarle, ya que
la Comunidad, con González al frente, contrató a la esposa del juez,
que es abogada, para que prestara servicios legales tras una presunta
petición del magistrado. No obstante, ni Ignacio González, ni su defensa ni la Fiscalía vieron motivo alguno de abstención o recusación.
La
denuncia se centra en si esa petición pudo tener lugar realmente. "Si
existe esa grabación y su mujer ha sido efectivamente contratada, lo que
parece que es cierto, que lo ha sido dentro del organigrama de la
Consejería de Asuntos Sociales dependiente del Gobierno presidido
entonces por González, los hechos son gravísimos", sostiene el denunciante.
En
su opinión, si un juez pide a un político trabajo para su mujer
"evidentemente tiene interés directo o indirecto en devolverle el favor y
se tiene que abstener a la fuerza".
Apariencia de imparcialidad
"Velasco
se ofrece a apartarse si se lo pide el propio presunto patrocinador del
empleo de su mujer, como si la apariencia de imparcialidad fuera cosa
dependiente de que él quiera o de que lo pida el encausado, que puede
tener interés en que más adelante le devuelva el favor. La prisión
incondicional no lava la presunta acción del juez pidiendo empleo para
su mujer a quien luego instruye causa penal", añade la denuncia, que
considera que la posible infracción disciplinaria estaría en "colocar el juez a la mujer valiéndose de sus influencias profesionales".
La
denuncia recuerda también que del Juzgado Central de Instrucción nº
6 pudo salir el 'chivatazo' de que Ignacio González y Edmundo Rodríguez
Sobrino tenían interceptadas sus comunicaciones meses antes de que se
produjeran sus detenciones.
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