Víctor Pérez-Díaz, premio nacional de Sociología, detalla en su
último trabajo para Funcas, ‘La voz de la sociedad ante la crisis’, que
el 77,2% de los españoles prefieren políticos con «sentido moral y
sentido común» frente a un 18,6% que en las encuestas se inclina por
dirigentes que tengan una «gran visión y energía para impulsarla».
Nada
hay más sensato que un gobierno llegue a acuerdos para sacar adelante
las cuentas públicas. Es su primera obligación dado que los presupuestos
afectan de manera decisiva a la vida económica y social de todo un
país, una región o un municipio. Sin ellos, la administración pública
entra en una perniciosa parálisis que termina por afectar negativamente a
cada uno de los ciudadanos en múltiples cuestiones.
Hace algo más de una semana, el Gobierno de Rajoy cerró un
pacto con el PNV que garantizó el apoyo de ese partido para los
Presupuestos del Estado. Hasta ahí todo parece muy sensato. Sin embargo,
la percepción cambia y se torna desmoralizante cuando se observa el
precio desorbitante pagado por ese respaldo político, una vez más, a los
nacionalistas vascos. En su momento más delicado por el mefítico
torrente de presuntos casos de corrupción, Rajoy ofreció a Urkullu más
de 4.000 millones a cambio de sus votos en el Congreso. Unos 1.400
millones en concepto del Cupo (el dinero que el País Vasco paga al
Estado por la prestación de determinadas competencias) y 3.300 millones
para completar la Y ferroviaria de alta velocidad, incluyendo el
soterramiento del AVE en Bilbao y Vitoria, además de bonificaciones en
la tarifa eléctrica industrial y subvenciones para distintas iniciativas
culturales.
Vista la elevada factura es muy difícil no preguntarse
dónde está el sentido moral de un acuerdo que salva las cuentas
públicas, pero que a la vez constituye un salvavidas político para el
propio Rajoy, aumenta la brecha de financiación per capita con
comunidades como la nuestra e introduce criterios políticos de difícil
justificación en la antesala de la negociación del nuevo modelo de
financiación autonómica. El presidente del Gobierno demostró tal
generosidad que sorprendió incluso en el propio País Vasco, donde los
sectores más moderados siempre aspiraron a fijar la cuantía del Cupo con
criterios técnicos para evitar arbitrariedades y también de cara a la
Unión Europea, que no ve con buenos ojos esta privilegiada
excepcionalidad fiscal y financiera.
Rajoy está en problemas y pacta entregar 4.000 millones al País
Vasco para salvar los Presupuestos y a la vez su propio cuello político.
Las cien mil personas que viven del Trasvase se enfrentan a una
coyuntura dramática por la situación de la cabecera del Tajo y obtienen,
como solución de urgencia, una enmienda para abaratar con 4 millones el
precio del agua desalada durante este año. La desproporción de trato es
tan evidente que a nadie le debería extrañar que los agricultores
protesten en las calles para reclamar agua o que los vecinos de Murcia
hagan lo propio para exigir la llegada del AVE soterrado a la ciudad en
el menor plazo posible.
Es difícil restañar la confianza en los
gobernantes cuando las desigualdades, lejos de reducirse, se agigantan.
En las encuestas manejadas por Víctor Pérez-Díaz, el 41,6% de los
españoles opinan que la capacidad de los gobiernos (central y
autonómicos) para resolver los problemas del país seguirá igual de aquí a
cinco años. Y un 59% señala que «muchos políticos de todas las
tendencias suelen descalificar a los adversarios para desviar la
atención del hecho de que no son capaces de resolver» esas grandes
cuestiones que afectan a España.
Al presidente del Gobierno se le reconoce como una de sus mayores
virtudes que gobierna con sentido común, pero es díficil encontrar el
sentido moral en muchas de sus decisiones, ya no solo en aquellas
relativas a la gestión política de los presuntos casos de corrupción que
afectan a su partido. Si Rajoy tampoco se caracteriza por su gran
energía para encarar problemas enquistados, como el del agua, que
requiere de decisiones valientes y estructurales más que de calderilla
para salir del paso, es difícil que no siga sufriendo un paulatino
deterioro en respaldo popular, como mostró el último barómetro electoral
del CIS.
Solo la falta de una alternativa sólida, con un PSOE
completamente abierto en canal, le permite navegar con cierta
tranquilidad por las aguas de la política nacional, tan necesitada como
está de un impulso para llevar a cabo múltiples reformas de calado.
(*) Periodista y director de La Verdad
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