miércoles, 3 de mayo de 2017

El TSJ traslada a las partes la exposición razonada de la 'Púnica'

MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia murciano dio dos días de plazo a las partes personadas en la pieza separada del caso Púnica, entre ellas el expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez, para que se pronuncien sobre su competencia, si bien no requirió la opinión del PSOE al no ver "acreditada su condición de parte procesal".

En una providencia hecha pública este martes, la Sala de lo Civil y Penal señala que se dirige a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al aforado Sánchez y a otras cinco personas, entre ellas, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, su hermano Agustín y el empresario Alejandro de Pedro.
También se lo remite a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personada como acusación popular, y al Ayuntamiento de Cartagena, que ejerce la particular.
No se dirgió al PSOE "al no constar acreditada su condición de parte procesal ya previamente personada como acusación popular en la pieza separada", indica la providencia.
Y añade que las diligencias indeterminadas que tramita la sala, con el único objeto de resolver sobre su competencia, "no son ni el cauce ni el momento procesal oportunos para plantear ni proveer sobre nuevas personaciones".
No obstante, deja la puerta abierta a que ese partido político pueda hacerlo "en el caso eventual de que la sala declarara su competencia en este asunto".
Estas diligencias indeterminadas fueron abiertas a mediados del pasado abril al recibir la exposición motivada que le envió el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica de presunta corrupción.
La exposición razonada, contenida en una de las piezas separadas de la causa principal, trata de determinar la posible comisión de ilícitos penales en las gestiones para concertar un contrato de mejora de la imagen de Pedro Antonio Sánchez cuando este era consejero de Educación del Gobierno murciano.
Según el juez Eloy Velasco, aunque ese contrato no llegó finalmente a ser firmado, Sánchez pudo cometer los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.
Sánchez negó siempre que incurriera en ilegalidad alguna con el argumento de que no solo no se firmó contrato alguno, sino que además no se hizo reserva de ninguna cantidad presupuestaria para haberle hecho frente.

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