MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia murciano dio dos días de
plazo a las partes personadas en la pieza separada del caso Púnica,
entre ellas el expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez, para que
se pronuncien sobre su competencia, si bien no requirió la opinión del
PSOE al no ver "acreditada su condición de parte procesal".
En una providencia hecha pública este martes, la Sala de lo
Civil y Penal señala que se dirige a la Fiscalía Especial contra la
Corrupción y la Criminalidad Organizada, al aforado Sánchez y a otras
cinco personas, entre ellas, el exalcalde de Cartagena José Antonio
Alonso, su hermano Agustín y el empresario Alejandro de Pedro.
También se lo remite a la Asociación de Abogados Demócratas
por Europa (Adade), personada como acusación popular, y al Ayuntamiento
de Cartagena, que ejerce la particular.
No se dirgió al PSOE "al no constar acreditada su condición
de parte procesal ya previamente personada como acusación popular en la
pieza separada", indica la providencia.
Y añade que las diligencias indeterminadas que tramita la
sala, con el único objeto de resolver sobre su competencia, "no son ni
el cauce ni el momento procesal oportunos para plantear ni proveer sobre
nuevas personaciones".
No obstante, deja la puerta abierta a que ese partido
político pueda hacerlo "en el caso eventual de que la sala declarara su
competencia en este asunto".
Estas diligencias indeterminadas fueron abiertas a mediados
del pasado abril al recibir la exposición motivada que le envió el
juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional que investiga el caso
Púnica de presunta corrupción.
La exposición razonada, contenida en una de las piezas
separadas de la causa principal, trata de determinar la posible comisión
de ilícitos penales en las gestiones para concertar un contrato de
mejora de la imagen de Pedro Antonio Sánchez cuando este era consejero de Educación
del Gobierno murciano.
Según el juez Eloy Velasco, aunque ese contrato no llegó
finalmente a ser firmado, Sánchez pudo cometer los delitos de fraude,
cohecho y revelación de información reservada.
Sánchez negó siempre que incurriera en ilegalidad alguna con
el argumento de que no solo no se firmó contrato alguno, sino que
además no se hizo reserva de ninguna cantidad presupuestaria para
haberle hecho frente.
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