MADRID.- El fiasco de las llamadas concesiones de autopistas de última generación ya tiene una factura determinada por el Gobierno: ni más ni menos que 3.500 millones de euros.
Esa es la cantidad que el Ejecutivo prevé destinar como gasto entre
2017 y 2018 para tomar el control de las ocho sociedades que entraron en
situación de quiebra a partir de 2012 al no poder equilibrar la
situación económico-financiera de las concesiones que se adjudicaron en
los comienzos del presente siglo, entre las que se encuentran las célebres radiales de Madrid, publica hoy http://www.vozpopuli.com
Después de decenas de estudios y estimaciones, el
Ejecutivo ha aprovechado la actualización del Programa de Estabilidad y
Plan de Reformas para incorporar una cobertura de gasto con la que hacer frente a la operación anunciada en semanas anteriores por el Ministerio de Fomento, consistente en la recuperación de las concesiones en concurso de acreedores y su posterior relicitación.
En
el citado documento, el Ejecutivo hace referencia a la evolución del
gasto en inversiones y señala que "para el periodo 2017-2018, esta
rúbrica está afectada por la cobertura por importe de 3.500 millones de
euros para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los
procedimientos judiciales de las ocho autopistas de peaje que se
encuentran en concurso de acreedores y que se estima pueda hacerse efectiva en dicho periodo".
Se trata de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA),
es decir, el pago de las inversiones realizadas en su día por las
concesionarias para la construcción de la autopista y que aún no han
sido amortizadas (se incluyen los polémicos costes de expropiaciones,
cuya notable desviación ha sido una de las claves para explicar la
quiebra de las autopistas, junto a las disparatadas previsiones de
tráficos y los efectos de la crisis). La Ley prevé este mecanismo para
el caso de que el Estado tome el control de la concesión antes de que
finalice el plazo previsto en la misma, con el fin de que recupere un
activo que no ha construido por un coste netamente inferior.
Es el paso previo y necesario para que las concesiones
reviertan al Estado y se puedan volver a licitar. Desde que comenzó la
cadena de concursos de acreedores de las concesionarias, la guerra de
cifras para determinar la cuantía de la RPA ha sido continua. Algunas
estimaciones se han ido hasta los 8.000 millones de euros. Sin embargo, los cálculos del Gobierno han ido siempre en otra dirección.
En las últimas semanas, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
se manifestó al respecto e indicó que el coste de la RPA estaría
claramente por debajo de los 3.000 millones de euros, más concretamente
en el entorno de los 2.500 millones. Ahora, el Gobierno se rectifica a
sí mismo y eleva un 40% esta cifra, hasta los 3.500 millones.
Aún con esta corrección al alza, la cantidad todavía no
llega a lo que reclaman los accionistas de las concesionarias en
quiebra, principalmente las grandes constructoras. Los cálculos de Seopan, la patronal que las agrupa, llevan la RPA hasta algo más de los 4.000 millones de euros.
Pero el coste para el Gobierno no se quedaría ahí. A efectos de déficit, habría que añadir otras partidas como es el caso de los préstamos participativos con los que, en su día, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
trató de solventar el problema de las concesiones en situación de
dificultad. Al no recuperarse esta cantidad por extinción de la
concesión, la cifra pasaría a engrosar el déficit. Sumadas ambas
cantidades se redondea un total aproximado de 5.000 millones de euros.
Ésta ha sido una de las pocas sorpresas que ha incluido
el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad que envió a
Bruselas el pasado sábado. Todos los estados miembros tienen la
obligación de actualizar este programa y enviárselo a las autoridades
comunitarias antes de que acabe el mes de abril.
En
dicha actualización deben incluir las últimas cifras y previsiones
macroeconómicas, así como las medidas y reformas que pretenden poner en
marcha para coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los
objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto.
Generalmente el Gobierno aprovecha este documento para 'colar' alguna medida, pero lo cierto es que en esta ocasión ha habido pocas novedades. El equipo económico de Mariano Rajoy solo ha incluido
una mejora de sus previsiones económicas, un repaso a las reformas ya
anunciadas, los últimos cambios aprobados 'in extremis' a finales de
2016 para cuadrar las cuentas y el compromiso de reservar estos 3.500
millones para las autopistas de peaje y de impulsar el impuesto sobre
las bebidas azucaradas y cambios en la fiscalidad medioambiental si
resultan necesarios para llegar al 3,1% de déficit.
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