BARCELONA.- El plan del Gobierno para relanzar las fuentes renovables se
ha saldado con una exclusión total de la energía fotovoltaica. ¡Qué gran
paradoja!. Es lo que temía y había anticipado el sector fotovoltaico.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que el resultado de la subasta de renovables demuestra que la energía fotovoltaica ha quedado discriminada
frente a la eólica y ha anunciado su intención de presentar una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea.
Esta asociación había reiterado que la subasta preparada por el
Gobierno estaba mal diseñada, no era neutral y condenaba al sector
fotovoltaico a una discriminación segura. La totalidad de nueva energía
renovable que promueve el Gobierno será eólica, recoge La Vanguardia.
En un comunicado, la asociación UNEF señala que, a pesar de haber ofertado al mismo precio que la eólica,
a la energía fotovoltaica no se le ha adjudicado ningún megavatio en
este proceso. Esta circunstancia “pone de manifiesto que esta tecnología
ha competido en condiciones de discriminación” y “acredita” lo que la
asociación ya ha denunciado anteriormente, esto es, la existencia de
ventaja de una tecnología frente a otra.
“El mal diseño y las reglas de la subasta, que han generado
una situación de empate entre las ofertas presentadas por la
fotovoltaica y la eólica, han dado ventaja a esta última tecnología, que
se ha adjudicado la totalidad de la potencia licitada, a pesar de que
la fotovoltaica ha ofertado al mismo precio”, señala. Para UNEF,
“resulta evidente que este diseño, además de incumplir con el principio
de neutralidad tecnológica, no ha dejado ejercer a la fotovoltaica su
competitividad”.
Por este motivo, “además del recurso, que ya hemos interpuesto ante
el Tribunal Supremo, presentaremos una denuncia ante la Dirección
General de la Competencia de la Comisión Europea”, afirma. La asociación
recuerda que la tecnología fotovoltaica es una de las más competitivas,
al haber reducido sus costes en un 80% en los últimos años, como
demuestran las subastas de energías renovables llevadas a cabo a nivel
internacional, donde esta tecnología ha alcanzado precios récord.
“Lamentamos que la fotovoltaica no haya podido tener un papel
protagonista en nuestro país” y “este resultado implica una ocasión
perdida también para los consumidores, que podrían haberse beneficiado
de una reducción mayor en su factura eléctrica si se hubiera hecho un
diseño basado en la libre competencia, que hubiera dado lugar a precios
récord de las renovables en Europa”, señala. Esta situación se une a los
drásticos recortes en las ayudas de las instalaciones existentes que
han llevado al borde la reunida a miles de pequeños
ahorradores-inversores. Además, España registra un escasísimo desarrollo
de la fotovoltaica en los últimos años.
Campaña de Anpier
Anpier, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos,
denuncia por su parte que la subasta celebrada ha venido a constatar que
el Ministerio de Energía “ha hecho una adjudicación bajo criterios
sesgados que penalizaban cualquier pretensión de generación social”.
“Las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltaicas no han tenido ninguna
opción, ni siquiera ofertando el máximo de los descuentos posibles,
puesto las condiciones establecidas favorecían proyectos eólicos y de
muy grandes dimensiones”.
Por este motivo, la Asociación ha iniciado una campaña de denuncia en la que se exige un cambio de modelo energético,
para pedir que se deje atrás aquellas energías que contaminan o son una
amenaza para el planeta (como gas, petróleo o nuclear), “y para pedir
un cambio en la propiedad de las instalaciones de generación, ahora
concentradas en unas pocos empresas, que actúan en régimen de
oligopolio”. Con el eslogan: “No a una privatización del sol. Los
ciudadanos queremos participar en la generación de energía”, Anpier
exige un nuevo modelo energético que sea sostenible y social.
“Los españoles tenemos también derecho a participar del mercado
energético a través de parques fotovoltaicos sociales, que redistribuyan
los ingresos del sistema eléctrico y beneficien las economías locales.
Basta ya de trabas normativas, de expulsar a los pequeños operadores y
de disuadir a la sociedad de acceder a este mercado oligopolístico por
la gracia del Gobierno”, dice el presidente de Anpier, Miguel Ángel
Martínez-Aroca. En este sentido, “el Ministro de Energía, Álvaro Nadal,
está desempeñando una labor que conduce a blindar el oligopolio de la
generación eléctrica en España, para condenar a los españoles a ser
meros paganos de facturas gravosas e incomprensibles, y sin opción para
participar en la generación de energía a través de un recurso renovable,
gratuito e inagotable como es el sol”.
Resultado de la subasta
¿Y quién ha ganado la subasta? El Grupo Forestalia, Gas Natural
Fenosa, Enel Green Power España, la filial ‘verde’ de Endesa, y Gamesa
se han adjudicado más de 2.500 megavatios (MW) en la subasta de
renovables celebrada este miércoles. La subasta, como se preveía, volvió
a contar con tanta presión competitiva que los incentivos quedaron
reducidos a cero, como sucedió en la del año pasado, y tuvo como
tecnología ganadora a la eólica, que se llevó el principal grupo de los
megavatios en juego.
Forestalia volvió a dar la sorpresa, como ocurrió ya en la subasta
del año pasado, al adjudicarse el mayor paquete en la subasta, con 1.200
megavatios (MW). El año pasado, en la primera subasta, el grupo
aragonés presidido por Fernando Samper se adjudicó más de 400 MW -300 MW
eólicos y más de 100 MW de biomasa- de los 700 MW que se pusieron en
juego.
El objetivo de la subasta lanzada por el Gobierno es permitir
introducir las tecnologías renovables más eficientes en costes y que la
convocatoria permita a España avanzar en el cumplimiento de los
objetivos de la UE de renovables para 2020. Para ello, la subasta ha
utilizado un sistema marginalista en el que los interesados pujaron a la
baja hasta completar la bolsa de megavatios en juego. En la subasta del
2016 se pusieron en juego a principios de 2016 un total de 700 MW, de
los que 500 MW eran eólicos y los 200 restantes, de biomasa, y que se
cerró sin incentivos y sin adjudicación para las grandes eléctricas.
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