CARTAGENA.- ANSE y la FAVCAC se reunieron con representantes de
los grupos políticos de la oposición en la Asamblea Regional, a
petición de los mismos, para exponerles sus sugerencias sobre el Decreto
de Medidas Urgentes para garantizar la Sostenibilidad Ambiental en el
Entorno del Mar Menor. La Cofradía de Pescadores de San Pedro del
Pinatar no pudo asistir a la reunión pero apoya la petición de las
asociaciones.
El Decreto Ley ha sido tramitado, como su propio
nombre indica, por la vía de urgencia, como casi todo lo que tiene que
ver con el Mar Menor durante el último año, y ha sido negociado
directamente por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente con
representantes del sector agrario, sin la participación de otros muchos
sectores sociales, económicos, administraciones, científicos, que
podrían haber aportado otra visión más completa e independiente al
documento que debe evitar la contaminación del Mar Menor.
El
Decreto indica en su exposición de motivos que “recientemente, se ha
puesto de manifiesto un deterioro de la calidad de sus aguas por la
progresiva eutrofización de la laguna…”. Parece que más de 20 años de
advertencias de investigadores y organizaciones de defensa de la
naturaleza no se merecían ser incluidos entre los antecedentes a tener
en cuenta para promover un documento que pretende solucionar este
problema.
Aunque el documento incluye algunos aspectos nuevos
respecto a ordenes anteriores para la reducción del uso de nitratos,
como un régimen sancionador, no mejora de manera significativa la actual
normativa de aplicación, y es tan ambiguo en cuestiones fundamentales
que no justifica la urgencia de su aprobación.
Por ejemplo, no limita
adecuadamente el uso de nitratos, mediante el establecimiento de
cantidades máximas según tipo de cultivo, ni prohíbe abonos de poca
efectividad y gran capacidad de contaminación de las aguas, dejando un
amplio margen para la aplicación que se ha demostrado ineficaz.
Las
medidas de creación de estructuras vegetales de barrera y conservación
se aplican tan solo a los nuevos regadíos posteriores al trasvase, más
próximos al Mar Menor, y dejan fueran amplias superficies del Campo de
Cartagena con regadíos en pendiente. La anchura de las bandas de
vegetación se limita a 2-3 m, por lo que resultará ineficaz para los
fines perseguidos, incluyendo numerosas especies arbóreas inadecuadas.
El
documento no actualiza las medidas de aplicación a la superficie real
del Campo de Cartagena que cuenta con aguas subterráneas que superan los
límites de contaminación por nitratos de la Directiva Europea. Tampoco
incluye ninguna medida para promover la recuperación del dominio público
hidráulico o la red de drenajes en colaboración con la administración
del Estado, o medidas para evitar la contaminación de embarcaciones a
motor entre otras.
Por otra parte, el decreto pretende una medida
imposible, como canalizar y tratar todos los vertidos pluviales de las
zonas urbanas en tan solo dos años, a pesar de que ningún municipio
cuenta actualmente con red de separación de pluviales y residuales, y
todo ello sin un presupuesto de apoyo a la ejecución de los fines
“urgentes” planteados.
En definitiva, aunque el título del decreto
hable de “…adopción de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad de las actividades en el entorno del Mar Menor”, se
limita a incluir básicamente medidas sobre parte del sector agrícola del
Campo de Cartagena, muchas corta y pega de las ya existentes, de manera
apresurada, insuficiente e ineficaz, lo que obliga a redactar una Ley
que siga los pasos necesarios, incluidas las consultas a los distintos
órganos consultivos de las administraciones que exige un marco normativo
de esta relevancia.
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