MADRID.- El Tribunal de Cuentas detectó una deficiente justificación
de la necesidad de celebración de la mayoría de los contratos de la
Administración murciana, con imprecisión en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares de los diferentes criterios de
adjudicación.
Así lo ha subrayado este martes en la Comisión Mixta para el
Tribunal de Cuentas el presidente de este organismo, Ramón Álvarez de
Miranda, que expuso los informes de fiscalización globales del sector
público autonómico, de los ejercicios 2010-2011, 2012 y 2013, así como
de las comunidades de Extremadura, La Rioja, Cantabria y Murcia y de las
ciudades de Ceuta y Melilla de los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, y
de Castilla-La Mancha (2013 y 2014).
Según el informe fiscalizador de Murcia, en la contratación
pública hay una deficiente justificación de la necesidad de celebración
de la mayoría de los contratos analizados y de la preparación
administrativa de los contratos y la falta de coordinación entre las
administraciones intervinientes en el inicio de los expedientes y en su
preparación.
También se observa, en la valoración de las ofertas, la
falta de inclusión del precio como elemento determinante de la
adjudicación de los contratos, de conformidad con el principio de
economía en la gestión de los fondos públicos.
En el análisis del Servicio Murciano de Salud se pusieron de
manifiesto carencias deficiencias e incumplimientos, entre otros la
falta de realización sistemática de inventarios de inmovilizado, y la
adquisición descentralizada de medicamentos, productos y material
sanitario sin disponer de normas uniformes sobre los sistemas de
aprovisionamiento.
También la carencia de procedimientos en la determinación de
las tarifas aplicadas para la asistencia concertada con entidades
privadas, así como retrasos en la tramitación y la falta de
actualización y renovación de los contratos de concurso centralizados.
A excepción de la empresa pública Servicio Murciano de
Salud, la Administración no ha contemplado, ni está previsto, el
desarrollo e implantación de un sistema de contabilidad analítica, que
ayude a lograr la máxima eficiencia en la presupuestación por objetivos,
señala el tribunal.
Murcia incumplió el objetivo fijado de estabilidad
presupuestaria todos los años estudiados, pero sí cumplió el objetivo de
deuda, puesto que ésta ascendió al 25,6 % del PIB regional, frente al
límite del 25,7%, una vez consideradas las excepciones autorizadas.
La Comunidad se acogió a las sucesivas fases de los
mecanismos extraordinarios de financiación, tanto para pagar a
proveedores como al Fondo de Liquidez Autonómica.
Según el Tribunal de Cuentas, la deuda comercial de la
Comunidad se ha reducido un 74 % al pasar de 859 millones de euros, a 1
de enero de 2014, a 223 millones de euros, a 31 de diciembre de ese año.
No obstante, el periodo medio de pago acumulado de las
deudas por operaciones comerciales del conjunto del sector público
regional ha superado en 2014 el plazo máximo de 30 días establecido en
ley y se situó en 59 días.
En cuanto al grado de avance del proceso de reordenación y
reestructuración del sector público, iniciado en julio de 2010, de las
102 entidades existentes al principio del proceso, se produjeron 49
bajas netas a 31 de julio de 2015 y estaba prevista la baja de otras 12
entidades.
Por su parte, la sociedad Desaladora de Escombreras
presentaba pérdidas significativas e importantes desequilibrios
patrimoniales, incursa en causa de disolución.
Aunque durante 2014 y 2015 se produjo un significativo
incremento del volumen de ventas, por la suscripción de nuevos contratos
para suministro de agua, que supondrían alcanzar el 76 % de la
capacidad máxima de producción, a finales de 2016 seguía sin alcanzarse
acuerdo alguno entre la empresa y los acreedores.
1 comentario:
Otro sintoma de la corrupción rampante en Murcia
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