CARTAGENA.- Los diputados del grupo parlamentario, Andrés Pedreño y María Giménez
han anunciado que Podemos Región de Murcia estará al lado de la
sociedad civil mañana sábado para decir "alto y claro que el Mar Menor debe
dejar de ser un juguete roto en manos del PP y que hay que trabajar en
la dirección que marcan científicos, técnicos, ecologistas y las
asociaciones que se han erigido en su defensa".
Por ello, el Grupo Parlamentario Podemos ha presentado sendas
iniciativas para trabajar en la conservación y recuperación de la
laguna. Una de ellas es sobre medidas para la adaptación del
planteamiento urbanístico de los municipios del Mar Menor a la normativa
de ordenación del territorio. La otra solicita ya la creación de la
comisión especial de investigación de Novo Carthago para conocer de la
gestión del Gobierno Regional en dicha reclasificación urbanística.
María Giménez, parlamentaria regional de Podemos, ha explicado que el
caso Novo Carthago debe investigarse lo antes posible en la Asamblea
Regional. El motivo no es otro que "llegar hasta el fondo en el caso de
las negociaciones y connivencias del Gobierno Regional y del
Ayuntamiento de Cartagena con la empresa promotora Hansa para
recalificar unos terrenos en un espacio natural que a día de hoy "sigue
sin contar con un instrumento de protección y conservación".
Giménez ha recordado que la Consejería de Agricultura modificó en
2003 el proyecto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor "de manera
tendenciosa para que se pudiera construir en el Saladar de lo Poyo La
modificación se llevó a cabo sin que estuviera avalada técnica ni
jurídicamente. Es un claro ejemplo de la política del Partido Popular de
favorecer el desarrollismos desmesurado sin atender a la protección de
las áreas con altos valores naturales".
Por otro lado, el diputado Andrés Pedreño ha explicado que la otra
iniciativa lo que persigue es que los ayuntamientos ribereños del Mar
Menor, Cartagena, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar a
que adapten sus planeamientos urbanísticos a las leyes autonómicas
vigentes en un plazo "inmediato y razonable".
El objetivo es, según Pedreño, que además aquellos consistorios que
no hayan adaptado sus planes a la Ley del Suelo vigente, no puedan
"tramitar modificaciones sustanciales de su planeamiento actual
tendentes a recalificar o reclasificar suelo. Además, los citados
ayuntamientos deben adaptar sus planeamientos urbanísticos a la
Cartografía oficial de peligrosidad y de riesgo de Inundación".
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