Para el autor del libro ‘Por qué fracasan los países’, si la
política no funciona de forma adecuada, tampoco lo hará la economía, al
menos de una forma sostenible a lo largo del tiempo.
Ahora
que se cumplen 40 años de nuestras primeras elecciones democráticas, y
35 de nuestro estatuto de autonomía, si uno echa la vista atrás podrá
concluir que nuestro sistema político ha progresado en la correcta
dirección, pese a que la fortaleza institucional y la participación de
la sociedad civil en los asuntos públicos sigue siendo claramente
mejorable. Probablemente porque el edificio democrático no se entrega
llave en mano sino que está en permanente construcción colectiva. Y como
se trata de un proceso dinámico es importante tener claras cuáles son
las prioridades y las demandas ciudadanas más acuciantes en cada
momento.
Luchar contra la corrupción, comprometerse con
el cumplimiento del la ley y establecer controles para garantizar la
limpieza del juego democrático deberían hoy ser obligaciones
prioritarias de nuestros gobernantes. No hay otro camino para lograr una
sociedad mejor y más justa. Sin embargo, da la impresión de que se
abanderan estos principios solo cuando esos vientos soplan a favor,
sirven para desgastar al adversario y franquean la llegada al poder.
El
PP regional se está equivocando al no asumir, como reflejan las
encuestas del CIS, que la corrupción y el despilfarro de las arcas
públicas asociado son una preocupación ideológicamente transversal que
también indigna a sus votantes. Pero también yerra la oposición cuando
antepone, en la primera petición de cuentas al presidente López Miras en
la Asamblea, la cuestión de si Pedro Antonio Sánchez dejará su acta de
diputado a una explicación sobre las actuaciones que realiza el
Ejecutivo para solucionar la falta de agua para nuestra agricultura.
Todo es opinable, pero parece que lo segundo es hoy más acuciante para
las decenas de miles de personas que viven del Trasvase. Comoquiera que
las investigaciones judiciales pueden alcanzar a todos los cargos
electos con responsabilidades de gestión empiezan a generalizarse las
contradicciones donde priman las estrategias de partido.
Desde una
posición equidistante es difícil de asimilar cómo se puede echar en cara
el incumplimiento del artículo 54 de la Ley de Transparencia en el caso
de Pedro Antonio Sánchez y no exigir su observancia al alcalde José
López, imputado por cuatro presuntos delitos de corrupción. Es obvio que
el PSOE ha decidido mirar para otro lado unos cuantos días para no
poner en riesgo el bastón de mando de Cartagena. Pero ahí seguirá esa
contradicción, públicamente expuesta, hasta que no se aclare
judicialmente las acusaciones contra López.
A la postre,
los dos grandes partidos que hoy se reparten el poder en las
administraciones regional y municipal, no están saliendo bien parados
ante la opinión pública de esta espiral incesante de polémicas que se
zanjan siempre en clave partidista. Para el PP el roto ya ha sido
descomunal. Lo peor es que prevalecen las posiciones de partido incluso
cuando no hay presuntas corruptelas de por medio.
José Ignacio Gras,
exportavoz del PSOE en Murcia, tenía claro cuál era la prioridad ante
los ciudadanos en la negociación de los presupuestos municipales y a la
vista de que prevalecían intereses de estrategia partidista decidió
echarse a un lado, sin hacer más ruido que el necesario para hacer ver
los motivos de su renuncia. Un gesto que le honra. Otros se hubieran
sometido a la voluntad del aparato para seguir en el machito. Pero Gras
no es más que la excepción que confirma la regla.
(*) Periodista y director de La Verdad
1 comentario:
Je je, este pedante siempre comienza sus artículos con una cita a terceros, a veces metida con calzador, queriendo dar una imagen de erudición. Patético.
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