MADRID.- La directora general del Agua, Liana Ardiles, insistió en que
todas las medidas estructurales a aplicar en el Mar Menor irán
acompañadas de su evaluación ambiental, lo que afecta, por ejemplo, a la
posible apertura de pozos de riego.
El primer paso ha sido la
aprobación de la encomienda de gestión, a la empresa pública Tragsatec,
del servicio técnico para realizar diversos trabajos dirigidos al
desarrollo completo de la tramitación de la evaluación ambiental del
análisis de soluciones a los vertidos al Mar Menor provenientes del Campo de Cartagena.
El importe asciende a 830.000 euros. Así lo explicó
Liana Ardiles a las organizaciones agrarias, asociaciones de vecinos y
grupos ecologistas que acudieron a Madrid a una nueva reunión para
abordar la situación del Mar Menor.
En el encuentro también estuvo
presente el director general del Mar Menor de la Comunidad, Antonio
Luengo, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS), Miguel Ángel Ródenas. El Ministerio remarcó «su compromiso en
seguir avanzando en la solución integral para lograr que no haya ningún
tipo de vertido al Mar Menor y la recuperación ambiental de este espacio
natural», y emplazó a una próxima reunión a primeros de julio, con la
creación de mesas de trabajo para estudiar y consensuar las actuaciones
urgentes que se pueden implementar.
Además, Liana Ardiles informó
de que se ha destinado un equipo de seis personas a agilizar la
elaboración de la evaluación de impacto ambiental, con otros 20 técnicos
de Tragsatec de apoyo a estos trabajos. Durante la reunión se abordaron
otras actuaciones, como la puesta en marcha de proyectos piloto para
poder completar el ciclo integral de basas de recogida y almacenamiento
de salmuera y desnitrificación con pleno control, y poder así sacar
conclusiones de su viabilidad técnica, económica y ambiental.
Por
otro lado, el Ministerio destacó que se sigue trabajando en el resto de
las iniciativas en marcha, como el colector al Mar Menor norte, por
importe de 730.790 euros. El proyecto estará redactado a finales de año.
El Ministerio defendió además «el gran esfuerzo» por atender las
necesidades de agua de la Región, con el trámite de la prórroga del
decreto de sequía para la cuenca del Segura, entre otras actuaciones.
Las
organizaciones agrarias salieron poco convencidas de la reunión.
Vicente Carrión, de Coag, aseguró que «la botella está medio llena».
Marcos Alarcón, de UPA, fue más crítico. «El resultado ha sido
frustrante», advirtió.
«Después de haber hecho un esfuerzo importante, y
de haber presentado una propuesta de medidas urgentes, vemos cómo la
Administración no ha cumplido con sus compromisos», señaló.
Alarcón se
quejó de «falta de información» y consideró que en esta segunda reunión
se han constatado pocos avances con respecto a la primera, celebrada a
principios de abril. «Medidas que consideramos urgentes se supeditan a
evaluación de impacto ambiental, lo que hace que ya no pueden realizarse
a corto y medio plazo», lamentó.
La impresión de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Cartagena fue muy diferente. «Salimos
totalmente satisfechos», subrayó Ángel Monedero, su portavoz.
«El
objetivo debe ser la regeneración del Mar Menor. Los problemas del agua
deben ser abordados en otros foros, aunque si se consigue sacar agua
para los regantes, miel sobre hojuelas», explicó. Los vecinos respaldan
que se actúe conforme a los criterios que marquen los estudios de
evaluación ambiental.
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