Es bueno esto de llamar a las cosas por
su nombre. El de banda es sumamente apropiado para un partido que,
además de contar con 900 personas imputadas en sus filas, él mismo está
imputado penalmente como partido por considerarlo los jueces una
asociación de presuntos malhechores. Una banda, evidentemente.
Pero una
banda que gobierna, que hace y deshace leyes, interfiere en la acción de
la justicia, utiliza las instituciones a su servicio, se hace
propaganda a través de los medios de comunicación públicos y compra los
privados.
Esta
banda tiene ahora dos frentes abiertos: el de la corrupción y la
financiación ilegal del partido y el de las operaciones de guerra sucia
del ministerio del Interior en contra de los adversarios del PP, los
independentistas catalanes y los de Podemos.
En
el frente de la corrupción es poco lo que queda por decir y mucho
probablemente por ver. El desfile por los juzgados de los tesoreros y
dirigentes del PP, colaboradores de Aznar es una especie de metáfora de
una ristra de chorizos. Gentes de orden, desde luego, patriotas,
antiabortistas, fieles a la Iglesia que no sabían que en su partido
había una caja B., se robaba a espuertas y, con el sobrante, se
financiaban campañas electorales que terminaban en apabullantes mayorías
absolutas.
Esa
constelación de casos vergonzosos, la Gürtel, la Púnica, Lezo, etc es
el resumen de una época de latrocinio neoliberal generalizado. Y su
demostración es tan indignante como palpable. Los 60.000 millones de
euros de dineros públicos que se ha llevado la banca coinciden con los
60.000 millones que el gobierno ha sustraído del Fondo de las pensiones.
Obvio: el gobierno ha empleado el dinero de los pensionistas en
beneficiar a la banca (lo del "rescate" es un eufemismo). No menos
obvio: ahora no hay dinero para pagar la extra de los jubilados.
Ese es el resultado de la banda. Lo llaman "crisis".
El
segundo frente es el de la supuesta guerra sucia del ministerio del
Interior contra Cataluña. La comisión parlamentaria que investiga este
nauseabundo asunto (incluida la creación de una presunta policía política) pide visionar el documental sobre las cloacas de Interior.
Se trata de desbloquear esa Comisión y dar publicidad a unos
comportamientos de las autoridades que, según parece, vulneran la ley,
son un delito y algo absolutamente contrario al Estado de derecho, que
queda reducido a la nada cuando quien delinque es el encargado de hacer
cumplir la ley.
Es la izquierda
El
reciente triunfo de Pedro Sánchez en las primarias tiene unos puntos
significativos. Ha reorientado el partido nominalmente más a la
izquierda, en espera de que ese cambio se materialice. Ha vuelto a
soslayar, a base de aplazarla, la cuestión de la forma de Estado,
República o Monarquía. Y ha incluido por primera vez en el programa el
concepto de plurinacionalidad.
De
inmediato han sonado las alarmas en el nacionalismo español. Y no solo
el de la derecha, que se da por supuesto, a pesar de su tradición
regionalista al estilo de Vázquez de Mella o Rodríguez de Miñón, sino el
de la izquierda. Y, dentro de esta, el del PSOE. Y dentro del PSOE en
el mismo campo sanchista, en donde se apresuran a afirmar que la
plurinacionalidad se agota en el concepto de “nación cultural”. Una
reacción contraria tan fuerte en sus expresiones como débil en sus
razones.
En
realidad, el nacionalismo ha fracturado siempre a la izquierda y el
independentismo, con mayor motivo. En la izquierda española, la
plurinacionalidad ahora aceptada por el PSOE, fue primeramente enunciada
por Podemos y dibuja una nueva línea de fractura entre Podemos y la
fracción sanchista del PSOE (y no toda ella) y el resto de este partido.
En
esta situación, el PSOE de Sánchez tiene dos opciones: una es acercarse
a Podemos y reconocer contenido político a la idea plurinacional,
pactando un referéndum y la otra es cerrar filas con el sector de Díaz,
restringir la nación a la cultural y convertir por tanto la idea
plurinacional en una expresión vacía. Esta última opción presenta la
desventaja de no diferenciarse de la de la derecha y eso debiera ser
preocupante para la izquierda. Aunque no para la que dice tener “sentido
de Estado” que es su vínculo con la derecha, porque el Estado de que
ambas hablan es el de la oligarquía nacional-católica.
Con
independencia de cuestiones menores, el nacionalismo independentista
fractura a la izquierda española, parte de la cual no tiene el coraje de
amadrinar una solución nueva, original, pactada, del contencioso
territorial y actúa en esto como subalterna de la derecha.
Y
eso en la izquierda española. Pero lo mismo sucede con la izquierda
catalana. El independentismo también la fractura. Parte de ella es
independentista e integra JxS, otra parte también lo es y apoya
parlamentariamente al gobierno, pero otra parte, Els Comuns, no es
claramente independentista, aunque sí favorable a un referéndum pactado y
una última parte, el PSC es unionista. La cuestión nacional fractura la
izquierda catalana tan claramente como la española.
En
definitiva, la independencia se verá posibilitada o no por la actitud
que adopten las izquierdas y si son capaces de ponerse de acuerdo en un
objetivo común, cosa que debiera ser sencilla teniendo en cuenta que el
independentismo es republicano. Pero para todo eso es imprescindible que
la izquierda española no se pliegue a la visión de la derecha y sea
capaz de formular un proyecto propio e innovador que pueda someterse a
referéndum en condiciones de igualdad con las demás opciones. Un
referéndum pactado.
La
obstinación en impedir el ejercicio del derecho de autodeterminación
invocando un asunto de principio (la soberanía nacional) lleva a una
confrontación institucional y social de consecuencias imprevisibles. El
empleo de la fuerza en contra de las instituciones representativas
catalanas animará a estas a una Declaración Unilateral de Independencia
(DUI), que pondrá el contencioso en manos del Tribunal Internacional de
Justicia y, mientras tanto, generará una situación de ingobernabilidad
de Cataluña y, por lo tanto, de España.
La
cuestión está en si ambas izquierdas, la española y la catalana,
consiguen liberarse mentalmente del marco conceptual de la derecha
española. Si tienen el valor de apoyar un cambio pacífico y radical de
las estructuras del Estado que satisfaga a todas partes por no ser una
enésima imposición. Y, en caso de que eso tampoco se consiga, si tienen
el coraje de apoyar un proceso independentista en Cataluña en uso del
innegable derecho de los catalanes a la autodeterminación. Entre otras
cosas porque quizá sea la última oportunidad de España para entrar en el
siglo XXI.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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