Misterios de la lógica / Ramón Cotarelo *

El Tribunal Constitucional (TC) anula el decreto ley por el que se aprobó la amnistía fiscal de Montoro en 2012. No anula la amnistía fiscal, como dice El País. Antes al contrario. La consolida, mantiene y legitima con unos razonamientos de una lógica perversa que da por bueno aquello mismo que reprocha y rechaza. Y, al tardar cinco años en dictarla la hace ya prácticamente invulnerable.

De esa lógica se deriva también la que aplica el periódico, al entender que, aunque la sentencia carezca de efectos prácticos, supone un "duro varapalo" al Ejecutivo de Rajoy. La carencia de efectos prácticos tiene doble lectura. En primer lugar, es falsa. Claro que tiene efectos prácticos y muy positivos para los evasores, que son a quienes el PP pretendía beneficiara desde el principio : los de blindarlos más si cabe. En segundo lugar, si no hay efectos prácticos de reversibilidad, que es de lo que trata, es decir, de devolver la pasta, el Ejecutivo, este Ejecutivo, no se dará por vapuleado. 

Al contrario, Montoro y su gente cantan victoria (¿cómo puede hablarse siquiera de dimitir, hombre?) y reducen ya el alcance de la sentencia a una cuestión meramente procedimental: inadecuación de la norma; el contenido (la amnistía) se avala. Cierto, es lo que dice la prensa que dice el TC: el decreto-ley  no es la norma adecuada. Los de Montoro, encantados de aceptar la anulación que viene a justificar la amnistía. Pero eso no es cierto. 

 

Según cuenta el periódico, el TC valora el fondo del asunto y lo hace muy negativamente, enmarcándolo en una figura casi incomprensible: la de un gobierno que incita por ley al incumplimiento de un deber y hasta la posible comisión de delitos. Desde luego, un decreto-ley no es el instrumento más adecuado para amparar el fraude. Pero esto plantea la intrigante cuestión de cuál sea el instrumento adecuado para que el gobierno incite al incumplimiento de la ley. Porque eso es lo que ha hecho y sigue haciendo con la amnistía y del modo más descarado. Unos pagamos impuestos. Otros, los amigos del PP y ellos mismos, no. Pura lógica.

Y estos son los que van por ahí diciendo a todo el mundo que hay que cumplir la ley y atribuyéndose competencia a sí mismos -es decir, a los que la incumplen- la tarea de aplicarla. Más pura lógica.

El TC ha anulado el decreto-ley. Ahí me los anuléis todos, dirán los defraudadores. Pero no la amnistía, que campa por sus (pocos) respetos. Ha anulado la causa eficiente, pero no la causa material ni la final que, como siempre, era no pagar a Hacienda. 

El destrozo

Es imposible valorar el destrozo que Rajoy ha causado. Estamos demasiado cerca, en medio de él, en un griterío colectivo permanente. Se estudiará en los libros de historia que abrirán con la intrigante cuestión de cómo ha sido posible que semejante incompetente haya desgobernado el país. La primera parte, la Xª legislatura, se echará a cuenta de la mayoría absoluta del PP. La segunda, el gobierno en funciones, dos elecciones, un gobierno en minoría, a cuenta de la correspondiente incompetencia de la izquierda. 

El gobierno no gobierna. Se defiende. Tapa agujeros. Comparecen sus ministros y altos cargos a proclamar su honradez personal en un aluvión de escándalos sin fin. Todos pendientes de las revelaciones que pueda hacer alguno de los suyos hoy entre rejas. Ahí está el presidente convocado a declarar en persona y, como testigo, a decir la verdad, algo para lo que parece estar incapacitado. Lo curioso y muy y mucho español es que, en lugar de cuestionarse cómo puede estar involucrado en un proceso penal el presidente del gobierno, los medios acusen a los jueces de buscar un "juicio político", una foto, una imagen, en lugar de permitirle declarar por skype. 

Asunto anecdótico, pero representativo. Un país -y menos "una gran nación"- no puede permitirse tener un fiscal anticorrupción con una cuenta en un paraíso fiscal; ni un ministro de Justicia reprobado por el Parlamento; ni un imputado diario; ni un presidente acusado de haber cobrado sobresueldos y al que mañana pueden llamar en condición de investigado. Recuérdese que en este reino del hampa nadie pone la mano en el fuego por nadie, incluido González quien no la ponís ni por él mismo.

El destrozo ha sido mayúsculo. Rajoy ha socavado el Estado del bienestar y ha destrozado el de derecho, controlando el poder judicial y usándolo para politizar la justicia. 

Ese destrozo es ya grave, pero hay otro más profundo que va con él. Ha destruido el poco o mucho compromiso, cierto o imaginario, crítico o laudatorio, de la transición. El destrozo causado se ha hecho con un ánimo de revanchismo franquista. La primera legislatura fue un monumento a la restauración del espíritu de la dictadura: sus tres pilares fundamentales fueron la LOMCE, la Ley "Mordaza" y las reformas de la Justicia perpetradas por Ruiz Gallardón. Todo esto, con mucho más en cuanto a autoritarismo, corrupción y agresividad, ha acabado demostrando que España no tiene remedio, que es imposible conseguir que la oligarquía dominante tradicional se acompase a los tiempos y abandone su carácter y práctica agobiantemente antidemocrática. 

Este país, con una monarquía sin legitimidad de fondo, no puede hacer frente a la reivindicación independentista republicana de los catalanes. Y aquí es donde el destrozo de Rajoy alcanza las proporciones históricas que a otro normalmente constituido quitaría el sueño: un país se rompe por la incompetencia de su gobernante. 

La parte correspondiente en el destrozo a la izquierda, en toda su ridícula complejidad, quedará para otro post. Por ahora séame permitido insistir en que el renovado (y parece que hasta espontáneo) apoyo del PSOE a este gobierno que no está en condiciones de gobernar no es de recibo por la izquierda. Una candidatura que se armó contra la abstención frente al PP cambia esa abstención por un voto afirmativo. 

Todo por miedo a Cataluña. Y ahora Puigdemont lanza la temida pregunta de si el gobierno está dispuesto a recurrir a la fuerza contra Cataluña. Parece que el gobierno, sí. La cuestión es si también lo está el PSOE.  Y parece que también. Lo que salga de ahí caerá sobre sus respectivas cabezas.

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED