En una exposición razonada elevada al Tribunal Supremo, que se deriva de una pieza separada de este caso el Juzgado considera que Barreiro -a la que defiende el bufete de abogados Pardo Geijo- puede haber incurrido en los presuntos delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
Para el instructor de las diligencias, la autorización por la entonces alcaldesa de Cartagena de cuatro facturas mensuales por importe cada una de ellas de 800 euros, pagadas a la empresa de Alejandro de Pedro, también investigado, "acredita que permitió y consumó el desvío de fondos públicos planificado a favor de De Pedro y de José Antonio Alonso".
Según la exposición razonada, "las evidencias obtenidas en la causa revelan indiciariamente que Pilar Barreiro, ante las noticias negativas que sobre ella publicaban las redes sociales relativas a su participación en ilícitos de corrupción urbanística, se valió de su estrecha amistad con José Antonio Alonso, que había sido también alcalde de Cartagena, para entrar en contacto con Alejandro de Pedro".
Esos contactos iban dirigidos -añade la exposición motivada elevada al Alto Tribunal- a que la empresa de aquel "le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las reses sociales".
Un "primer paquete" de trabajos consistía, siempre según el Juzgado de Instrucción, en la gestión de las redes sociales y en la puesta en marcha de un diario digital en la ciudad portuaria.
"Este ardid diseñado -añade la exposición razonada- permitía el pago subrepticio por el ayuntamiento de Cartagena de lo que debía ser un gasto personal de la alcaldesa".
El Juzgado añade que "Barreiro se concertó indiciariamente con el consejero de Educación de la Comunidad Autónoma en la fecha de los hechos, Pedro Antonio Sánchez, conviniendo con el mismo intermediar con Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso a su favor para conseguir que dicho tándem aceptase trabajar la reputación del consejero".
Para la resolución judicial, "esa imagen estaba estigmatizada por las noticias negativas que sobre él publicaba internet".
Pedro Antonio Sánchez declaró como investigado hace ahora una semana ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia como consecuencia de otra exposición motivada emanada del instructor del caso Púnica.
En aquella ocasión, el expresidente de la Comunidad Autónoma y diputado en el parlamento regional negó la comisión de ningún tipo de ilícito penal y aseguró que los contactos con De Pedro se efectuaron siempre ante la insistencia de este, pero sin que nunca se formalizara contrato alguno ni se hiciera reserva presupuestaria para trabajos de mejora de imagen.
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