MADRID.- El Tribunal Supremo revisará el próximo jueves el nombramiento de Miguel Pasqual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, una designación que ya anuló el alto tribunal pero que fue repetida por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial.
El nombramiento de Del Riquelme dio lugar a una fuerte división en el órgano de gobierno de los jueces, porque la minoría progresista considera que es injusto al favorecer, por motivos inexplicados, a un juez frente a una magistrada situada más de mil puestos por encima suyo en el escalafón.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo anuló el nombramiento de Del Riquelme como presidente del TSJ de Murcia y aceptó la impugnación presentada por la magistrada Pilar Alonso, la aspirante al cargo que estaba 1.160 puestos por delante de él en el escalafón. Eso sucedió en abril de 2016.
Pero el Consejo volvió a nombrar a Del Riquelme, en mayo de 2016, y Alonso, que es magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia, recurrió aquel segundo nombramiento ante el Supremo, que ahora volverá a revisarlo.
En la resolución que anuló el nombramiento el alto tribunal reprochó al Consejo que no había fundamentado adecuadamente su resolución. Por eso lo que hizo el Consejo fue volver a nombrar a Riquelme, pero argumentando mejor la decisión.
En esa motivación, la mayoría conservadora de los vocales del Consejo valoró las propuestas de futuro del magistrado frente
a los méritos acreditados por Alonso (además de su mejor puesto,
cuenta, por ejemplo, con mucha mayor experiencia en tribunales
colegiados).
Ahora la Sala de lo Contencioso del Supremo examinará esa segunda designación y sus fundamentos.
El
primer nombramiento de Del Riquelme se hizo en enero de 2015 y dio
lugar a que los vocales críticos con el presidente del Consejo y del
Supremo, Carlos Lesmes, le acusaran de "discriminación en razón de su sexo" contra la aspirante femenina y señalaran que aquella decisión bordeaba "la arbitrariedad".
Se
da la circunstancia de que en julio del mismo año el Supremo archivó
una querella que Podemos y dos abogados presentaron contra tres
magistrados del TSJ de Murcia, entre ellos su presidente, Miguel Pascual
del Riquelme.
Los querellantes entendían que esos magistrados cometieron prevaricación cuando rechazaron abrir un procedimiento en
el TSJ de Murcia en relación con una querella que la Fiscalía presentó
contra trece personas, entre ellas el aforado Pedro Antonio Sánchez,
expresidente de la Región de Murcia. Los jueces prefirieron remitir el
asunto a un juzgado.
Es decir, meses después de su
nombramiento Del Riquelme participó, como presidente del TSJ de Murcia,
en la decisión de no abrir un procedimiento en ese tribunal que hubiera
podido implicar al expresidente de la región, quien dimitió
posteriormente al resultar investigado en el caso Auditorio. El Supremo
no consideró ilegal aquella decisión.
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