sábado, 17 de junio de 2017

La Fiscalía denuncia al diputado regional del PP, José Soria, por el caso del teatro inconcluso de Cehegín

MURCIA.- La Fiscalía ha presentado una denuncia contra el diputado regional del Partido Popular en la Asamblea Regional José Soria, quien fue alcalde de Cehegín entre 2003 y 2015, al considerar que pudo haber cometido los delitos de prevaricación continuada y malversación de caudales públicos durante el procedimiento administrativo que se siguió para construir el auditorio de Cehegín, según ha avanzado La Opinión

La denuncia, firmada por la fiscal Verónica Celdrán, se dirige al Juzgado de Instrucción Decano de Caravaca de la Cruz, al que pertenece la localidad de Cehegín. Sin embargo, José Soria es diputado regional y, como tal, goza de aforamiento, al menos hasta que se ratifique en el Congreso de los Diputados y el Senado la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminación de los mismos que fue aprobada en abril en la Asamblea.
Por tanto, si el juez admite la querella del ministerio público y abra diligencias, no podrá investigar formalmente a Soria hasta que pierda su aforamiento.
El caso de Cehegín, que parte de una denuncia ante la Fiscalía del abogado murciano Diego de Ramón, se asemeja mucho al caso Auditorio de Puerto Lumbreras, que se investiga en el TSJ al afectar al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez, también diputado del Grupo Popular en la Asamblea.
Soria era alcalde de la localidad en el año 2006, cuando la Comunidad Autónoma otorgó una subvención al Ayuntamiento para la construcción del Teatro Polivalente, en base a un proyecto que había realizado el arquitecto Martín Lejárraga, el mismo que trabajó en Puerto Lumbreras.
La denuncia de la Fiscalía señala que la Comunidad concedió subvenciones al Ayuntamiento de Cehegín por valor de millones de euros, entre 2006 y 2013, para llevar a cabo las obras de este edificio cultural, que sería realizado en dos fases en base a un proyecto de Lejárraga. «No consta que el Ayuntamiento de Cehegín haya seguido expediente de contratación o de adjudicación negociada de contrato o procedimiento de licitación abierto o restringido, o acuerdo de la Junta de Gobierno, Pleno o resolución de Alcaldía para la contratación del arquitecto Martín Lejárraga (...) lo que supone un incumplimiento de las normas esenciales reguladas en la Ley de Contratos, señala la fiscal Celdrán, quien expresa también sus dudas sobre la legalidad de los honorarios que habría recibido el arquitecto por sus trabajos.
Señala asimismo la representante del Ministerio Público que «conforme a las inspecciones oculares realizadas en la obra por la Brigada de la Policía Judicial y al reportaje fotográfico aportado, solo se ejecutaron las obras correspondientes a parte de la estructura de la Fase II».
También hace referencia a que el alcalde actual, José Rafael Rocamora, pidió a la Comunidad Autónoma una residencia de la tercera edad en el solar donde estaba previsto el teatro, «alegando que el Gobierno anterior había gastado la subvención y el crédito solicitado en un fin distintos del previsto».

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