BARCELONA.- El Consejo de Economistas cifra en 26.000 millones de euros la pérdida de ingresos tributarios derivada del fraude fiscal en España, una cifra sensiblemente inferior a los 75.000 millones que se desprenden de otros estudios internacionales sobre la economía española, según El Periódico.
La estimación procede del estudio “Reflexiones sobre el
fraude fiscal y el problema de las estimaciones, 20 propuestas para
reducirlo”, presentado este jueves en la sede del Consejo de
Economistas, y que ha sido ha sido elaborado por Jesús Quintas, exsubdirector de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, y por Jesús Gascón, inspector de Hacienda y exdirector general de Tributos, bajo la dirección de Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, y de Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf-Regaf).
La
estimación de fraude fiscal en España elaborada en el informe de
Quintas y Gascón parte de los cálculos del profesor austriaco Friedrich Schneider que
sitúan en el equivalente al 19,20% y el 18,6% del PIB el volumen de
economía sumergida en el país en los años 2012 y 2013, solo por detrás
de Grecia, Italia y Portugal. A partir de estos datos, el reconocido
experto internacional en estimaciones sobre economía sumergida, calcula
una perdida de recaudación anual de casi 40.000 millones en España como
consecuencia del fraude fiscal.
Un estudio posterior elaborado de forma conjunta por Schneider y el profesor Hassan Mai rebajó al
16% el peso de la economía sumergida en España en el 2013, cifrándola
en unos 170.000 millones. Según los exaltos cargos de Hacienda Jesús
Quintas y Jesús Gascón esta cifra queda reducida a unos 100.000 millones
si del montante inicial se excluyen las cantidades que nunca
tributarían por corresponder a contribuyentes que no tienen obligación
de declarar por su bajos ingresos. “En el caso de un ‘mantero', su
actividad es sumergida, pero no genera un fraude fiscal de este
contribuyente, pues seguramente no está sujeto a la obligación de
declarar”, ha citado como ejemplo Jesús Quintas.
Tomando
en cuenta estas consideraciones, los autores del informe aplican un
tipo medio de defraudación en el entorno del 25%. Así, "la pérdida de recaudación se encontraría, con todas las cautelas, en torno a los 26.000 millones de euros después de realizar los necesarios ajustes".
Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich,
la conclusión es que el nivel de fraude fiscal en España no es tan
elevado como se piensa. "Estamos hablando de un nivel de fraude en torno
al 2,5% del PIB", afirma. "Poco bien se hace a Hacienda y a mejorar la
moral de cumplimiento con afirmaciones de que el fraude fiscal es de
75.000 ó 100.000 millones" se afirma en el estudio. La crítica hace
alusión a las voluminosas estimaciones de otros informes previos, como
el elaborado por el profesor Richard Murphy para el Parlamento Europeo en el 2012 o los desarrollados por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha en el 2011 y el 2014.
"Estamos a niveles de fraude perfectamente comparables con países como Alemania o
Canadá, que son poco sospechosos. Incluso a veces por debajo de algunos países escandinavos", ha resumido Quintas.
Los expertos del Consejo General de Economistas
han elaborado una veintena de propuestas para combatir el fraude
fiscal, entre las que se encuentra "potenciar la utilización de medios de pagos electrónicos" que faciliten el control de operaciones, así como mejorar la forma de trabajar de la administraciones tributarias,
instruyendo expedientes administrativos "más sólidos", y facilitar las
regularizaciones "espontáneas", reduciendo los recargos y sanciones para
las declaraciones que se presentan fuera de plazo.
Igualmente, se ve necesario potenciar la educación ciudadana para
mejorar la percepción del 20% de los españoles que consideran
justificado el fraude en ciertas ocasiones, así como intensificar la cooperación internacional o intentar reducir los tiempos de resolución en los procesos de revisión de los expedientes.
Para Valentí Pich, "en el fraude fiscal inciden aspectos inmateriales" como la eficiencia en el gasto o los casos de corrupción de responsables
políticos, "y otros más tangibles", entre los que ha citado la claridad
normativa o la estabilidad de las normas y de los criterios
interpretativos.
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