MADRID.- Las
sentencias judiciales han convertido a los 'suelos'
hipotecarios en un cadáver financiero, pero no cabe duda que este
muerto aún está muy vivo. El último episodio del serial más largo de
la historia del consumo bancario ha llegado en forma de
reclamación administrativa: la que ha presentado Facua ante el
Banco de España y el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad
contra cinco prominentes entidades, según adelanta hoy www.capitalmadrid.com.
La
asociación les acusa de "poner trabas" a la hora de reembolsar a los
afectados por cláusulas suelo el dinero indebidamente cobrado.
Los bancos implicados son el Sabadell, Unicaja, España Duero, Caja
Rural de Navarra y el Popular, que en recientes fechas fue adquirido por
el Santander por un precio simbólico.
En un comunicado, Facua explica
que estos bancos "siguen dificultando reclamar las cláusulas suelo".
Algunas de ellas habían sido denunciadas previamente por este mismo
motivo.
En su solicitud, Facua ha pedido que se inicie una investigación, con
el propósito de garantizar que los consumidores que deseen reclamar las
cantidades cobradas por la cláusula suelo de su hipoteca no vean
limitado su derecho.
Ante las reclamaciones, papeleo y más papeleo
La organización sostiene que los bancos acusados recurren a poner
frente a los afectados un complejo entramado burocrático que en muchos
casos carece de sentido.
"El Banco Sabadell, por ejemplo, después de exigir la cumplimentación
de un formulario específico de la entidad para reclamar la cláusula
suelo, ahora les está comunicando a los usuarios que la presentación de
la solicitud no es obligatoria", dice el comunicado.
Esta política, sostiene la organización, supone un "cambio de
criterio" que deja "indefensos" a los usuarios, que desconocen de qué
manera han de dirigirse al banco para obtener una respuesta rápida y
positiva.
En el caso de Unicaja Banco, Facua denuncia que está exigiendo a los
usuarios que indiquen la numeración completa del préstamo sobre el que
desean realizar la reclamación. La asociación cree que es una exigencia
abusiva, ya que el banco dispone de esa información.
El Banco Popular recurre a una táctica de despiste: primero pide la
documentación necesaria por correo electrónico para más tarde, una vez
remitida, exigir que sea enviada de nuevo por correo postal. Facua ha
calificado esta práctica de "burda estrategia" para frustrar a los
usuarios y que éstos desistan del ejercicio de sus derechos.
En cuanto a España Duero y Caja Rural de Navarra, sencillamente
ignoran las resoluciones de la Justicia. El primero se niega a atender
las solicitudes de los consumidores que ya habían reclamado antes de la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Estos usuarios consiguieron la eliminación de los 'suelos' de sus
hipotecas, pero no la devolución del dinero.
Por su parte, Caja Rural de Navarra hace caso omiso de la Jurisprudencia
del Tribunal Supremo, continuando con su actividad comercial como si no
tuviera que anular los 'suelos' ni reembolsar cantidad alguna.
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