CARTAGENA.- El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha celebrado esta mañana, en
el Palacio Consistorial, sesión ordinaria correspondiente al mes de
julio. Durante el mismo, se ha dado lectura al dictamen de la Comisión
de Investigación del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel por el
que se reprueba la actuación de los responsables políticos que tomaron
parte de la tramitación de la obra para la construcción de este
edificio, debido a las actuaciones ejecutadas a lo largo de este
proceso, así como las continuas omisiones. Todo ello originó un grave
daño para las arcas municipales.
De esta forma, dictamen emitido por la Comisión de Investigación que
ha estudiado el sobrecoste en la construcción del Auditorio y Palacio de
Congresos El Batel censura la labor desarrollada por los cargos
políticos que intervinieron en la obra, con especial incidencia en
quiera fuera alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro (PP).
Además, se
solicita a la Asesoría Jurídica Municipal que emita informe sobre la
viabilidad jurídica relativa a la exigencia de posibles
responsabilidades, tanto al arquitecto director de la obra como a la
empresa contratista.
Durante su intervención, la portavoz de MC, Isabel García, ha
señalado que "nuestro grupo considera que ha quedado demostrado que en
el sobrecoste hay que exigir responsabilidades técnicas y políticas,
además de las que puedan proceder de valorar las conclusiones por la
Asesoría Jurídica".
García ha manifestado que "las personas cuya actuación no ha sido
ajustada a sus deberes con el interés público y la normativa han sido
José Selgas; Pilar Barreiro (PP); Gabriel Ruiz (PP); María de los
Ángeles Palacios (PP); José Cabezos (PP); José Vicente Albaladejo (PP);
el director del área de Urbanismo en el momento en que se inició la obra
y la UTE".
"Dichas responsabilidades viene motivadas por estas consideraciones;
hay una notable falta de previsión y gestión en la obra lo que ha
provocado un sobrecoste. También nos cuestionamos la decisión política
de la ubicación del Auditorio, decisión a todas las luces erróneas,
dándose vía libre al proyecto sin recabar las consideraciones técnicas
municipales a pesar de los evidentes riesgos de la ubicación".
Del mismo modo, el procedimiento ensayo error llevado a cabo provocó
"distintas modificaciones sobre lo proyectado, entendiendo que hay una
clara responsabilidad del autor del proyecto y también de los
responsables políticos, pues el Ayuntamiento era el promotor y, por
tanto, el responsable directo, y no se crea la Comisión de Seguimiento
hasta que se ha consumado los graves daños para las arcas públicas".
"Ha quedado demostrado que se conocía la necesidad de un modificado
del proyecto antes del inicio de las obras y ni el director facultativo
ni el contratista lo reflejaron. La razón es evidente: habría dado lugar
a la suspensión del inicio de las obras y, por tanto, a la resolución
del contrato".
"Pediremos a la Asesoría Jurídica Municipal que valore
nuestras conclusiones para, en su caso, informe del inicio de acciones
legales, judiciales, o a través de la Fiscalía contra los responsables
políticos, además de los técnicos y, en especial, al señor Selgas, por
el probado perjuicio a las arcas municipales y a la tramitación", ha
afirmado Isabel García.
"Solicitaremos a la Asesoría Jurídica que estudie si los hechos y la
participación de los distintos actores son susceptibles de los delitos
de falsedad en documento público, prevaricación administrativa,
malversación, fraude a la administración, con la reclamación de las
responsabilidades civiles que puedan derivarse", ha concluido García.
Cabe recordar, por último, que el presupuesto inicial para la
construcción del Auditorio estaba fijado en 20 millones de euros,
llegando el gasto final a más de 63 millones.
MC ha conseguido que el Pleno se adhiera a la solicitud de la
formación cartagenerista al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para que se desbloquee el procedimiento de declaración de Bien de
Interés Cultural, con categoría de monumento, para el Faro de Cabo de
Palos (Cartagena).
El concejal del área de Cultura y Patrimonio, Ricardo Segado (MC), ha
detallado que, por resolución de 1 de julio de 2002, la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la CARM acordó incoar
expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), con
categoría de monumento, a favor del faro de Cabo de Palos en Cartagena,
conforme se publicó en el BOE del 2 de agosto de 2002.
A pesar de ello,
ha explicado que "según ha podido comprobar este grupo municipal, el
expediente anteriormente mencionado no ha avanzado durante estos 15 años
transcurridos desde entonces".
El edil ha añadido que "la razón del estancamiento del expediente no
debe estar en las dudas sobre la protección del faro de Cabo de Palos y
su entorno, puesto que en los archivos de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando existe expediente relativo al faro, que incluye el
informe emitido el 14 de diciembre de 1984 a instancias de la
Consejería de Cultura de la CARM, que por resolución del 2 de julio de
1984 acordó asimismo incoar el expediente de 'declaración de monumento
histórico-artístico a favor de El Faro de Cabo de Palos en La Manga del
Mar Menor, de Cartagena'".
Segado ha manifestado que "MC se dirigió por escrito el pasado día 7
del presente mes a la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para que se reconozca como BIC el Faro de
Cabo de Palos y su entorno", añadiendo que "este reconocimiento debía
haberse efectuado hace décadas, pero se hace aún más necesario en el
presente por el avance de proposiciones no de ley relativas a los usos
futuros del inmueble, que siempre deberán quedar supeditados en su
ejecución al respeto al patrimonio histórico y natural al que vienen
referidas".
Por último, ha aclarado que "conforme al artículo 9 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el
expediente está abierto".
Durante el orden del día, se ha dado lectura a la dación de cuenta
sobre el cambio en la portavocía realizado por el Grupo municipal MC,una
decisión planificada desde el inicio de la legislatura y que responde,
además, a una reorganización interna de las tareas asignadas a los
componentes del Grupo municipal.
Hace escasas fechas se daba a conocer que la nueva portavoz del Grupo
municipal MC, Isabel García, renunciaba a una retribución que le
pertenece por derecho y de la que disfrutan el resto del portavoces de
los grupos políticos del Consistorio (PP, PSOE, Cartagena Sí Se Puede y
Ciudadanos), que reciben por ello 58.000 euros brutos.
A García le correspondería percibir su asignación como portavoz, ya
que se trata de una cuantía consignada en el presupuesto general del
Ayuntamiento. O lo que es lo mismo, si la edil no hubiera renunciado
voluntariamente, percibiría esta cantidad desde el próximo mes. Pero no
lo hará.
La edil, consciente de las limitaciones presupuestarias que viene
impuestas por la normativa estatal en cuanto al incremento de gasto se
refiere, en una decisión marcada por la coherencia y la responsabilidad
política, ha decidido no percibir dicha asignación y comenzará a
desempeñar la labor sin retribución.
De esta forma, mientras que Isabel García, como edil y portavoz de MC
percibirá 47.000 euros brutos anuales, el resto de portavoces de los
Grupos municipales con representación en el Consistorio recibirán 58.000
euros brutos.
El Pleno municipal ha respaldado una moción de MC para instar a la
CARM a que potencie la oferta del Centro de Profesores y Recursos (CPR)
'Enrique Martínez Muñoz', ubicado en Cartagena desde el año 1992.
Estos centros se concibieron con el propósito de mejorar la atención
al alumnado por parte del profesorado no universitario, ofreciéndoles a
estos últimos un espacio y unos recursos para poder organizar seminarios
y grupos de trabajo especializados destinados a desarrollar el
aprendizaje entre iguales.
El concejal del área de Cultura y Patrimonio, RicardoSegado (MC), ha
explicado que el CPR, situado junto al IES Politécnico, ha sido desde su
inauguración "un referente en cuanto a la actualización profesional y
las estrategias didácticas para los docentes de la Comarca de
Cartagena", lamentando que "el centro se encuentre prácticamente en
desuso debido al desinterés del Gobierno regional, organismo que tiene
las competencias desde que le fueran transferidas por el Ministerio de
Educación y Ciencia".
En esta línea, ha indicado que "actualmente apenas se imparten cursos
allí porque toda la formación se hace online o de forma presencial en
la ciudad de Murcia. De igual forma, los equipos informáticos han sido
retirados, como la mayoría del material audiovisual, los cuadros, parte
de la biblioteca y la documentación". Del mismo modo, ha añadido Segado,
"no se cubrió la baja laboral de su conserje cuando se dio el caso".
Durante muchos años el CPR de Cartagena ha sido puntero en
estrategias didácticas, llegando a atender en sus instalaciones al
profesorado de La Unión, Fuente Álamo, Los Alcázares, Torre Pacheco, San
Javier, San Pedro del Pinatar, además de la propia Cartagena,
denunciando Ricardo Segado, por último, "la potenciación del CPR situado
en la ciudad de Murcia, en detrimento de los centros situados en otras
localidades de la Región que, como en el caso de Cartagena,
descentralizaban este recurso ahora concentrado de forma clara en Murcia
dentro de su afán acaparador y dinámica usurpadora, que en tantos otros
casos hemos sufrido".
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