viernes, 14 de julio de 2017

La Intersindical RM apoya al personal de la CARM querellado por José Luis Mendoza

MURCIA.- Intersindical Región Murciana, ante la querella interpuesta por el Sr. José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, al personal técnico de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente en el ejercicio de sus funciones, siendo conocedores del riguroso trabajo que han estado desarrollando este personal empleado público de la CARM en defensa del patrimonio cultural de esta Región, y teniendo conocimiento de que la defensa jurídica de estas personas no está siendo atendida por los servicios jurídicos de la CARM sino que recae en sus propios medios personales, y teniendo en cuenta que el demandante exige una fianza de quince millones de euros a las y los interesados, exige:

El respaldo y reconocimiento público, por parte del consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, así como de la Secretaría General y de la Dirección General de Bienes Culturales al trabajo elaborado por el personal empleado público dependiente de ellas y afectado por esta querella.
La puesta a disposición del personal empleado público denunciado de los Servicios Jurídicos de la CARM para su defensa jurídica ante la demanda.
Que la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente asuma su responsabilidad patrimonial y económica de las actuaciones derivadas del proceso de denuncia.
También la CSIF muestra su apoyo a los empleados públicos de la Dirección General de Bienes Culturales querellados por la Universidad Católica San Antonio (Ucam).
El presidente de la Unión Autonómica de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Región de Murcia, Juan Miguel López Blanco, que participó esta mañana en la concentración de apoyo a estos trabajadores, a las puertas de la sede de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, ha puesto a disposición de estos empleados públicos los servicios jurídicos del sindicato, al no poder contar éstos con los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.
CSIF viene reclamando a la Administración regional desde hace años un seguro de responsabilidad civil-patrimonial que cubra las responsabilidades exigidas en procedimientos penales del personal a su servicio, y su propia responsabilidad subsidiaria.
López Blanco alertó de las posibles repercusiones que puede tener este referente creado con esta querella, ya que "podría ser un ejemplo para nuevos casos, de ir directamente contra los empleados públicos en vez de contra la Administración regional", que les impide seguir ejerciendo su labor con normalidad.

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