jueves, 13 de julio de 2017

Rebelión contra Puigdemont / Pablo Sebastián *

La pública discrepancia contra el referéndum ilegal catalán del ex consejero Jordi Baiget que denunció maniobras de una ‘camarilla’ externa de asesores de Carles Puigdemont y fue cesado de manera fulminante, ha abierto la caja de los truenos en la Generalitat.

El lugar donde se viven momentos de alta tensión por la posible rebelión y el cese de otros consejeros, la creciente fractura y malestar en PDeCAT y la negativa de Oriol Junqueras a asumir en solitario la dirección del referéndum ilegal del 1-O, motivo por el que exige que todas las decisiones las asuma y las tome el Gobierno catalán en pleno.

Pero los patriotas secesionistas catalanes -como lo reconoció Baiget- están dispuestos a ir a la cárcel si hace falta por incumplimiento de la ley (por los delitos de prevaricación y malversación) pero no a pagar personalmente las multas y reembolsos de fondos públicos que les pueden exigir la Justicia y el Tribunal de Cuentas. Y claro ‘las pelas son las pelas’ y el dinero es sagrado en Cataluña, como ya lo saben los funcionarios autonómicos y municipales que corren graves riesgos si se suman al referéndum ilegal.

Ayer la Guardia Civil registró el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) pidiendo información y las facturas del acto del pasado 4 de julio donde dirigentes de  ‘Juntos por el sí’, con Puigdemont y Junqueras a la cabeza, presentaron el proyecto de ley para la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Lo que prueba que el Gobierno de Rajoy va en serió y no va a consentir nada que salga de la legalidad ni el uso de fondos públicos para este demencial desafío al Estado.

El que se está resquebrajando en distintos frentes por falta de autoridad y criterio de un Puigdemont, convertido en marioneta de una ‘camarilla’ en la que está Artur Mas que toma decisiones que afectan al gobierno catalán desde fuera del Ejecutivo y sin conocimiento de sus consejeros como lo denunció Baiget.

Y como dicen en privado otros miembros del Gabinete de Puigdemont que podrían ser cesados este fin de semana. Algunos de los cuales incluso han denunciado sentirse amenazados y también espiados y grabados en sus conversaciones telefónicas.

Además ahora se ha sabido que Puigdemont envió el pasado mes de mayo a Rajoy a unos secretos emisarios para que el Presidente les ofreciera ‘una salida’ para la crisis catalana a lo que Rajoy respondió que no habría ni una propuesta mientras se mantuviera como amenaza y chantaje la convocatoria del referéndum del 1-O. A lo que Puigdemont respondió que suspender la convocatoria del referéndum sería una claudicación.

Semejante situación, que Artur Mas quiere reconducir desde ‘la camarilla’ con actitudes de fuerza, está creando un ambiente irrespirable en el seno de PDeCAT, donde se dice que son solo ellos los que están pagando muy caro estos desencuentros mientras ERC, que busca con descaro las elecciones anticipadas, se coloca de perfil.

Y al fondo de todo ello la compra de las urnas del referéndum del 1-O pero ¿con dinero de quién? Si es de la Generalitat eso sería un delito y además esas urnas, incluso aunque las compren organismos nacionalistas que no son oficiales, podrían ser incautadas días u horas antes de la votación por ser consideradas un ‘instrumento’ para delinquir.


(*) Periodista


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