La pública discrepancia contra el referéndum ilegal catalán del ex
consejero Jordi Baiget que denunció maniobras de una ‘camarilla’ externa
de asesores de Carles Puigdemont y fue cesado de manera fulminante, ha
abierto la caja de los truenos en la Generalitat.
El lugar donde se viven momentos de alta tensión por la posible
rebelión y el cese de otros consejeros, la creciente fractura y malestar
en PDeCAT y la negativa de Oriol Junqueras a asumir en solitario la
dirección del referéndum ilegal del 1-O, motivo por el que exige que
todas las decisiones las asuma y las tome el Gobierno catalán en pleno.
Pero los patriotas secesionistas catalanes -como lo reconoció Baiget-
están dispuestos a ir a la cárcel si hace falta por incumplimiento de
la ley (por los delitos de prevaricación y malversación) pero no a pagar
personalmente las multas y reembolsos de fondos públicos que les pueden
exigir la Justicia y el Tribunal de Cuentas. Y claro ‘las pelas son las
pelas’ y el dinero es sagrado en Cataluña, como ya lo saben los
funcionarios autonómicos y municipales que corren graves riesgos si se
suman al referéndum ilegal.
Ayer la Guardia Civil registró el Teatro Nacional de Cataluña (TNC)
pidiendo información y las facturas del acto del pasado 4 de julio donde
dirigentes de ‘Juntos por el sí’, con Puigdemont y Junqueras a la
cabeza, presentaron el proyecto de ley para la convocatoria del
referéndum del 1 de octubre. Lo que prueba que el Gobierno de Rajoy va
en serió y no va a consentir nada que salga de la legalidad ni el uso de
fondos públicos para este demencial desafío al Estado.
El que se está resquebrajando en distintos frentes por falta de
autoridad y criterio de un Puigdemont, convertido en marioneta de una
‘camarilla’ en la que está Artur Mas que toma decisiones que afectan al
gobierno catalán desde fuera del Ejecutivo y sin conocimiento de sus
consejeros como lo denunció Baiget.
Y como dicen en privado otros miembros del Gabinete de Puigdemont que
podrían ser cesados este fin de semana. Algunos de los cuales incluso
han denunciado sentirse amenazados y también espiados y grabados en sus
conversaciones telefónicas.
Además ahora se ha sabido que Puigdemont envió el pasado mes de mayo a
Rajoy a unos secretos emisarios para que el Presidente les ofreciera
‘una salida’ para la crisis catalana a lo que Rajoy respondió que no
habría ni una propuesta mientras se mantuviera como amenaza y chantaje
la convocatoria del referéndum del 1-O. A lo que Puigdemont respondió
que suspender la convocatoria del referéndum sería una claudicación.
Semejante situación, que Artur Mas quiere reconducir desde ‘la
camarilla’ con actitudes de fuerza, está creando un ambiente
irrespirable en el seno de PDeCAT, donde se dice que son solo ellos los
que están pagando muy caro estos desencuentros mientras ERC, que busca
con descaro las elecciones anticipadas, se coloca de perfil.
Y al fondo de todo ello la compra de las urnas del referéndum del 1-O
pero ¿con dinero de quién? Si es de la Generalitat eso sería un delito y
además esas urnas, incluso aunque las compren organismos nacionalistas
que no son oficiales, podrían ser incautadas días u horas antes de la
votación por ser consideradas un ‘instrumento’ para delinquir.
(*) Periodista
No hay comentarios:
Publicar un comentario