La losa reputacional que arrastra el Mar Menor aconsejaba
que los municipios marmenorenses hubieran hecho todo lo posible este
verano para atraer al mayor número de visitantes. Ofrecer todo tipo de
facilidades a los turistas para revertir los efectos de esa ausencia de
banderas azules por unos análisis practicados el pasado año cuando la
laguna se encontraba en su punto crítico de turbidez.
No es una tarea
fácil si las televisiones nacionales rellenan su hueca programación
estival con innumerables reportajes, todos cortados por el mismo patrón,
sobre el deterioro del Mar Menor. Pero tampoco es imposible. Sus aguas
siempre han sido, y son, aptas para el baño, a diferencia de otros
muchos puntos muy localizados del litoral español, en Galicia, Valencia o
Baleares, según los informes anuales de la Agencia Europea del Medio
Ambiente.
Por eso llama especialmente la atención que un municipio como
San Pedro del Pinatar haya decidido, precisamente ahora, hacer lo
contrario de lo que dictaba el sentido común, aprobar una ordenanza que,
con multas de hasta 750 euros, desincentiva la llegada de veraneantes
porque prohíbe el nudismo (practicado desde hace años en los puntos más
remotos de la Playa de la Llana), jugar a las palas en la arena y, para
chanza de todas las tertulias radiofónicas del país, orinar en el mar.
Es cierto que existen similares ordenanzas en muchos municipios, pero no
conozco ninguno que haya aprovechado el peor momento posible para
aprobarla.
Nuestro déficit turístico no solo está
originado por la falta de infraestructuras y plazas hoteleras, por la
ausencia de empresarios punteros como los del sector agroalimentario o
por la carencia de una marca consolidada y apoyada en una financiación
pública competitiva. También existe una habilidad pasmosa de algunos
dirigentes para meter la pata en sus más variopintas variantes.
Otro
caso que ha hecho correr ríos de tinta es la propuesta para dar un uso,
turístico o científico, al faro de Cabo Palos, en línea con un plan
anticipado a finales de 2016 por Puertos del Estado, que plantea esa
misma posibilidad en cinco faros de distintos puntos del país para su
disfrute público. A priori, la idea resulta atractiva y parece factible
porque el control de la seguridad marítima, que debe prevalecer sobre
cualquier otra consideración, puede llevarse a cabo desde las
instalaciones de la Autoridad Portuaria en Cartagena. Países como Reino
Unido e Irlanda ya lo han hecho con éxito con algunos de sus faros.
Ocurre,
sin embargo, que la propuesta se lanza sin haber tomado en suficiente
consideración que esa vivienda anexa de la torre de Cabo de Palos está
habitada hoy por cuatro fareros, que lógicamente no están por la labor
de abandonar el lugar que ocupan en exclusiva desde hace años. Hacer
este planteamiento sin pactar primero una salida con sus actuales
ocupantes equivale a meter la cabeza en un avispero y transformar una
idea interesante en una atropellada ocurrencia. Más aún cuando se dirime
el futuro de una infraestructura que forma parte del patrimonio público
y tiene un valor histórico y emocional para miles de personas. Como
tampoco se concretó y pactó su posible uso, surgió rápidamente una
plataforma ciudadana, que advirtió de la posible privatización del faro y
propuso un centro de interpretación compatible con las viviendas de los
fareros.
La Autoridad Portuaria tuvo que salir al paso para recordar
que la ley no contempla la privatización de estos espacios públicos,
sino su concesión para uso temporal por parte de empresas. De hecho, en
los terrenos públicos que gestiona hay concesiones administrativas a
empresas relacionadas con el tráfico de mercancías, cámaras
frigoríficas, almacenamiento de productos petrolíferos, restaurantes y
una cofradía de pescadores.
Finalmente, la proposición no de ley del PP
salió adelante en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de C's y el
compromiso de que no se tocará un ladrillo ni se privatizará nada del
faro porque lo que se pretende es abrirlo a todos los ciudadanos. En el
debate, Podemos rechazó la propuesta del PP porque decía, de manera
genérica, que se quiere «convertir el faro en un negocio privado para
sus amiguetes».
Y hete aquí que esta semana, incluido quien elaboró la
proposición, el diputado Teodoro García, conocemos que una empresa,
constituida poco después de conocerse la propuesta, presentó una oferta a
la Autoridad Portuaria para hacer un hotel en el edificio del faro. Una
empresa cuyos promotores tienen como asesor legal al exdiputado popular
Andrés Ayala, que aún ocupa cargos orgánicos en ese partido, y
mantienen una cercana relación con el diputado y exconsejero, Francisco
Bernabé, ya que fueron los organizadores de Las Minas Flamenco Tour, una
aventura empresarial que en sus giras tuvo el patrocinio de Puertos del
Estado.
La oferta fue rechazada por la Autoridad
Portuaria, pero su mera existencia y la proximidad de esta empresa con
políticos del PP ha sido suficiente para enturbiar un proceso que, si
bien no se ha apartado de la legalidad, debe gestionarse con la máxima
transparencia que requiere este debate de interés público. Si los
populares querían sacar adelante esta iniciativa, ahora lo van a tener
mucho más crudo por sus propias torpezas.
Algunos andan muy espabilados
mientras otros parecen estar en Babia. Flaco favor le han hecho a
quienes desde su partido intentan que la Comunidad Autónoma asuma las
competencias en Costas, como ya tiene Andalucía. Con ‘amiguetes’
revoloteando en sus aledaños, los populares no necesitan buscarse
enemigos. Ya se bastan solos, con el fuego amigo y el examigo, para
acelerar cuesta abajo y sin frenos. Sobre todo ahora, que andan sin
farero jefe dentro del partido y cada uno hace la guerra por su cuenta,
encallando cada dos por tres.
(*) Periodista y director de La Verdad
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