MURCIA.- El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha lamentado profundamente
hoy “que el PP regional haya elegido seguir amparando y protegiendo la
corrupción política y no haya optado por el camino de la regeneración
por la que clama la sociedad murciana y muchos de sus militantes”.
Sánchez ha respondido así a las declaraciones de la secretaria general
de los populares, Maruja Pelegrín, descartando tomar decisión alguna
sobre el expresidente Pedro Antonio Sánchez, sobre el que pesan ya dos
autos de procesamiento por media docena de delitos relacionados con los
casos ‘Auditorio’ y ‘Púnica’.
“El PP murciano sigue enrocado y
empeñado en mantener como su presidente y como diputado regional a PAS,
pasando por encima de sus propios estatutos, sus compromisos y la
palabra dada a todos los murcianos”, ha añadido el portavoz de C's, que
considera que los argumentos esgrimidos por los populares para tratar de
justificar este nuevo retraso de la ‘línea roja’ que marcaría la
apertura de expediente y la posible expulsión del expresidente “son
extremadamente endebles y van en contra incluso de las afirmaciones que
durante meses han realizado tanto el propio PAS como representantes
nacionales de su partido, como el propio ministro de Justicia. El PP
regional está empeñado en que los murcianos pasemos por la vergüenza de
pagarle un sueldo a una persona que va a pasar de sentarse en el escaño a
sentarse en el banquillo”.
A juicio de Sánchez, “por mucho que
traten de disfrazar los cargos imputados a PAS como ‘irregularidades
administrativas’, lo cierto es que se trata de corrupción política, y no
lo dice cualquiera, sino el propio Consejo General del Poder Judicial”.
El portavoz naranja añade que “esta estrategia del PP regional no es
nueva, ya tuvimos un ejemplo claro cuando mantuvo en el cargo al
entonces alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, pese a estar condenado por
compra de votos”.
Considera que “a pesar del clamor de sus propios
vecinos, el PP mantuvo en el cargo a Carrillo, y solo la confirmación
por parte del Tribunal Supremo de su condena de cinco años de
inhabilitación lo forzó a dejar el cargo y el sueldo público. Es decir,
hasta que -según la doctrina que ya anuncia la secretaria general del
PP- exista lo que consideran una ‘condena firme’, lo que podría resultar
en que los murcianos sufriríamos la vergüenza de tener que pagarle
durante años el sueldo a un diputado regional condenado por
prevaricación, cohecho o fraude”.
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