Casi nadie en el PP hubiera creído hace apenas cuatro meses, cuando Pedro Antonio Sánchez fue elegido presidente regional del partido en
un congreso en el que obtuvo un respaldo del 93% y ningún voto en
contra, que hoy la organización se encontraría en tal situación de
desamparo e incertidumbre.
Entonces se discutía si debía o no
dimitir como presidente de la Comunidad por su imputación en el 'caso
Auditorio' y la oposición estaba enredada en una estéril discusión sobre
la presentación de una moción de censura. Hoy, lo que tiene el partido
alterado son los dos autos de procesamiento, que pesan sobre su líder
por los casos 'Púnica' y 'Auditorio', y la posibilidad
de que la dirección nacional decida tomar las riendas de la situación y
nombrar una gestora para cubrir el vacío que creará la dimisión de Pedro
Antonio Sánchez como presidente regional.
Porque si hace casi cuatro meses casi nadie en el PP creía que PAS debía marcharse, hoy casi todos dan por seguro ya que deberá dejar el cargo al frente del partido y muchos creen que también el escaño en la Asamblea Regional.
Fuentes del partido aseguran que él también es consciente de que no le
quedan alternativas, si acaso esperar a que se decrete formalmente la
apertura de juicio oral por cualquiera de los dos casos. La duda estaría
en si dejará solo la presidencia del partido o abandonará también el
escaño, con lo que perdería el estatus de aforado, algo que debe decidir
en función de si le interesa más que el caso se resuelva en el TSJ o en
la Audiencia.
¿Y después qué? Dos salidas centran las especulaciones del partido en
estos días, defendidas o criticadas en función de la mayor o menor
proximidad al aparato de PAS y ambas dependientes de la hartura con que
Génova perciba la crisis murciana.
Para los más cercanos a la
dirección regional popular, la solución natural tras la dimisión del
actual presidente del partido sería la elección para el cargo por la
Junta Directiva Regional del jefe del Ejecutivo autónomo, Fernando López Miras,
que hace solo tres meses ya heredó de PAS el despacho de San Esteban.
Se reunificaría así en una sola testa la doble corona orgánica e
institucional; sería lo menos traumático y aquí paz y después gloria.
Sin
embargo, eso supondría darle continuidad a un proyecto, una estructura y
un equipo creados por Pedro Antonio Sánchez a su imagen y semejanza en
el pasado congreso regional, y hay quien cree necesario cortar por lo
sano, marcar distancias con la etapa 'pedroantoniana' y emprender una
nueva.
'Valcarcistas' y 'camaristas'
Los que así piensan, entre quienes hay curtidos 'valcarcistas' y 'camaristas', sostienen que Madrid sopesa seriamente designar una gestora,
a través de la cual llevaría un estrecho control del PP murciano, y en
la que se integrarían dirigentes como el consejero y exalcalde de Lorca,
Francisco Jódar; el diputado y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Teodoro García, y el alcalde de Murcia, José Ballesta.
La
gestora podría incluso extender su mandato hasta las elecciones
autonómicas y municipales de 2019, con lo que se aseguraría el control
de la elaboración de las listas electorales y trataría de garantizar un
periodo de estabilidad hasta la celebración del congreso extraordinario,
una vez pasados los comicios.
Sea la que sea la opción elegida, la estrategia del partido parece ser, nuevamente, esperar lo más posible para aplicarla. Si es a finales de julio, mejor que ahora, y si es en agosto, mejor que mejor.
La
fecha tope será la resolución judicial que fije, ya de forma
irrevocable, la apertura de juicio oral contra Pedro Antonio Sánchez,
por algunos de los casos 'Púnica' y 'Auditorio', o por los dos.
Esa
es también la decisión que espera el Comité de Derechos y Garantías de
la dirección nacional para abrir expediente sancionador a Pedro Antonio
Sánchez, tal y como establecen los estatutos del partido, lo que podría
llevar aparejado incluso su suspensión de militancia.
Sin embargo,
Sánchez se librará de ser uno de los primeros dirigentes del partido en
ser investigados por la Oficina del Cargo Popular, creada en el
congreso nacional celebrado en febrero. Este órgano, del que forma parte
el exdiputado murciano Andrés Ayala, es el encargado de prevenir y
perseguir la corrupción, vigilar la conducta de los dirigentes y, si lo
considera pertinente, abrir investigaciones.
Sin embargo, la 'oficina
anticorrupción del PP', como se la bautizó en los medios de
comunicación, se encuentra aún pendiente de que se apruebe su reglamento
de funcionamiento que, en principio, solo se ocupará de los cargos
populares de carácter nacional.
(*) Periodista
No hay comentarios:
Publicar un comentario