En España coexisten dos dinámicas
políticas distintas con trayectorias independientes que, sin embargo, se
interrelacionan, generalmente de modo hostil. De un lado, en el Estado,
un gobierno en minoría, sumido en una corrupción estructural sin
precedentes, que ha arruinado el país con una política agresiva hacia
las clases populares y medias, grandes perjudicadas por una crisis que
se ha gestionado en beneficio de los ricos, las empresas y los bancos.
De otro, en Cataluña, un gobierno de la Generalitat comprometido con una
hoja de ruta hacia la independencia mediando un referéndum que el del
Estado y la oposición socialista y de C's tratan de impedir por
considerarlo ilegal. Son dos realidades coetáneas que requieren tratamientos muy distintos.
La
reciente elección de Sánchez permitió abrigar la esperanza de que se
estableciera algún tipo de entendimiento y negociación entre ambos
campos para evitar una confrontación. Pero la esperanza se desvanece por
momentos. En su primera conversación a raíz de las primarias, Sánchez
comunicó a Rajoy la coincidencia del PSOE con el PP en el rechazo al
referéndum por ilegal. El PSOE se alinea con la política de
confrontación del PP.
En
ese espíritu se producirá la entrevista de hoy del Secretario General
del PSOE con el Rey (entrevista que consolida el carácter dinástico del
PSOE y elimina la perspectiva republicana) y la que mantendrá el
próximo jueves en La Moncloa con Rajoy, el principal responsable de este
desastre en el que no quiere quedarse nadie pues empuja a los jóvenes a
la emigración y a los catalanes a la independencia.
Sánchez
ha pasado de anunciar que pediría la dimisión de Rajoy en cuanto
asumiera el cargo a apoyarlo en su faceta más belicosa y a coordinar su
acción con él. En teoría, nada extraño. Algo dentro de las normas de
cortesía de los países democráticos, aunque Rajoy solo tenga una noción
aproximada de ellas, especialmente frente a Pedro Sánchez, a quien
desaira siempre que puede.
Esa
actividad en la política española contrasta con su ausencia en la
específicamente catalana. Ni un gesto que apunte en la dirección del
entendimiento y la busca de soluciones democráticas. Respaldo
total al tosco, falaz y fariseo argumento del gobierno frente al
referéndum de equiparar democracia y legalidad (lo cual es básicamente
correcto) y emplear luego la legalidad como el requisito de toda acción
política. El problema es que la legalidad en sí misma es una decisión
política.
La ley se aprueba o se deroga en el Parlamento, que es un
órgano político que está para eso. El PP precisamente ha debido de batir
la marca de leyes derogadas, modificadas o promulgadas. Que el
referéndum sea legal o ilegal depende de una decisión política. En este
caso la decisión política previa de que no haya referéndum en Cataluña.
Caso de haberlo, se aplicará la ley en la modalidad represiva que el
gobierno, este gobierno, considere proporcional.
La
cuestión de con qué autoridad actúa el gobierno frente al
independentismo catalán no se plantea. No la plantea ni el PSOE cuando
lo apoya incondicionalmente. Pero que no se plantee no la hace
evaporarse. Es una cuestión objetiva. ¿Con qué autoridad invocan el
gobierno y el PSOE la legalidad siendo así que el primero se la ha
saltado o la ha modificado a su antojo gracias a su pasada mayoría
absoluta? Realmente, su posición es muy débil.
En
cambio, tienen enfrente una iniciativa política clara, bien articulada y
con un amplísimo apoyo social y movilización permanente transversal.
Algo con lo que no habían contado y frente a lo que carecen de respuesta
que no sea la represión. En este momento, el factor decisivo es la
voluntad política de la Generalitat de realizar el referéndum y actuar
en consecuencia. Y parece no ofrecer dudas. La Generalitat no se pliega.
El hosco camino de la represión está lleno de imponderables y, por
supuesto, podemos encontrarnos todo tipo de situaciones, incluida la
inhabilitación del presidente Puigdemont y hasta su encarcelamiento si,
como es muy probable, no acata la inhabilitación.
La
pregunta es si el PSOE está dispuesto a ser causante de ese escenario
en el que se multiplicarán las presiones de la comunidad internacional. Y
teniendo en cuenta que, aunque se consiga restablecer ahora la
legalidad represiva, ello solo apunta a un futuro de permanente
ingobernabilidad mientras no haya una solución satisfactoria para las
dos realidades, correspondientes en verdad a dos países.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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