La mañana del pasado martes, 4 de julio, durante el Pleno de
Estrasburgo, los eurodiputados rendimos obligado homenaje a Simone Veil
(1928-2017), símbolo del primer Parlamento Europeo (PE) directamente
elegido por la ciudadanía europea (que es la de los ciudadanos de los
Estados miembros) hace 38 años.
Desde entonces -lo que va desde 1979 hasta 2017- este Parlamento ha
crecido, se ha fortalecido, ensanchado, y -subrayo- ha madurado. Por fin
nuestro Europarlamento es un Parlamento legislativo: ya no se trata
meramente -como lo fue en sus orígenes- de una Asamblea deliberativa ni
un ágora discutidora: el PE legisla ahora sobre más amplias competencias
que nunca antes en su historia; legisla sobre derechos fundamentales de
la ciudadanía y legisla nada menos que sobre el Derecho penal, una
competencia tradicionalmente atribuida con carácter exclusivo a la
soberanía de los Estados miembros.
Hace ya tiempo que llegó el momento de que digamos -cada vez que
resulte necesario, y con toda claridad- que el PE importa a la
ciudadanía; e impacta sobre sus derechos; que no es un Parlamento de
segundo grado; ni afectado por ningún “déficit de representatividad” que
no resulte predicable por idéntica razón de los Legislativos de los
EE.MM.
Y es especialmente importante que se lo expliquemos así a los 500
millones de ciudadanos europeos a los que el PE representa en
primerísimo grado. Y que lo reafirmemos, además, con especial coraje, en
una sesión plenaria como la de primeros de julio en que hemos aprobado
en votación definitiva una legislación penal de alcance paneuropeo de la
que he tenido el honor de ser ponente y responsable de las
negociaciones con el Consejo (trílogos).
Una legislación que suministra,
por medio del Derecho penal, instrumentos y recursos coercitivos y
sancionadores (tipos penales comunes para los delitos de corrupción,
fraude, malversación y apropiación indebida, y penas armonizadas) para
la mejor protección de los intereses financieros de la UE.
Y lo hace
ahora, justamente, cuando tan necesarios son los recursos financieros de
la UE para subvenir a los destrozos causados por la malhadada política
de austeridad, para proveer los activos presupuestarios precisos para
restaurar el malherido modelo social europeo; y para que pueda de nuevo
cobrar sentido y vigor la arquitectura de ese modelo social que hizo la
mejor Europa.
Creo que es también el momento de que este PE reivindique su carácter
legislativo, su potestad de adoptar actos legislativos revestidos de
carácter normativo y vinculante. Porque su legislación encuadra el
Derecho penal y la legislación (en materias tan importantes como los
derechos fundamentales de la privacidad y la protección de datos) de los
Parlamentos nacionales de los, todavía hoy, veintiocho EE.MM.
Este es un Parlamento desde el que puede mejorarse la vida de la
ciudadanía suministrando recursos en ámbitos tan importantes como la
lucha contra el fraude del IVA transfronterizo y el fraude en los
concursos públicos de escala transnacional, que importa miles de
millones, siendo como es el IVA un recurso fundamental para el
Presupuesto de la UE. Y todo ello lo está haciendo el PE, en medio de
las dificultades políticas impuestas por el auge rampante de los
repliegues nacionales y del populismo antieuropeo, un PE en tensión
estructural respecto de la Comisión y del Consejo.
La Directiva de Protección de los Intereses Financieros de la UE por
medio del Derecho penal (aprobada en la sesión plenaria del pasado 5 de
julio) es, como indica su nombre, legislación penal europea y condición
imprescindible para la puesta en marcha de la Fiscalía Europea.
Se trata ahora, por fin, de que el Consejo saque adelante la
cooperación reforzada de la Fiscalía Europea (art.86 TFUE) y se complete
así la arquitectura institucional delineada en el Espacio de Libertad,
Justicia y Seguridad en Europa (art. 67 a 89 del TFUE).
(*) Eurodiputado
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