ALICANTE.- Diego de Ramón, el abogado de la Plataforma CAM
que incluye a cientos de clientes afectados por productos financieros
de la caja y que logró iniciar la investigación judicial sobre la cúpula
directiva de la entidad que ahora está siendo juzgada en la Audiencia
Nacional, quiere que el Banco de España investigue toda
la operativa de Caja Mediterráneo en paraísos fiscales, según publicó El Mundo.
Concretamente
las actividades que desarrollaron algunas de sus sociedades, como CAM Capital, CAM Global Finance y CAM International Issues,
empresas de la antigua caja, que ahora pertenecen al Sabadell y que
eran sociedades emisoras de títulos negociables y dirigidas a captar
financiación de inversores extranjeros, apoyándose en la baja
tributación que ofrecían lugares como las Islas Caimán.
Estas
sociedades fueron liquidadas o bien su domicilio fiscal fue trasladado a
Alicante. De Ramón también pretende que el Banco de España indague
sobre la operativa llevada a cabo por la antigua oficina de la CAM en
Miami.
El abogado murciano ha remitido un escrito al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
del supervisor. De Ramón insta al organismo a abrir una investigación
sobre las entidades financieras pertenecientes a la CAM que operaron en
paraísos fiscales, como las Islas Caimán, además de México, Holanda, Polonia, y Marruecos, según consta en el escrito.
De Ramón argumenta que esta investigación es necesaria porque durante el juicio del 'caso CAM' que se desarrolla estos días
los inspectores del Banco de España declararon que no se ha llegado a
investigar la operativa de todas estas sociedades de la caja alicantina.
Según De Ramón, el objeto de la investigación «tiene que dirigirse contra los legales representantes de dichas sociedades y contra quien les dio las instrucciones para realizar dichas actuaciones, así como su financiación».
El
letrado insta al supervisor a indagar sobre el capital con el que
fueron «aperturadas estas sociedades y quienes fueron sus
financiadores», el tiempo que han estado operativas; las razones por las
que se fijó su domicilio en paraísos fiscales pese a
que algunas estaban registradas en España; los movimientos de cuentas o
activos que operaron, ingresos, transacciones, inversiones, pagos,
compras de bienes inmuebles, emisiones de productos financieros, etc;
abonos de impuestos en España, de las transacciones, sus destinatarios,
etc.
El representante de la Plataforma CAM,
que en el jucio ejerce la acusación popular, recuerda que el rescate de
la Caja va a costar unos 11.000 millones de euros de dinero público,
por lo que esta inspección se hace indispensable por el enorme coste que
ha tenido el saneamiento de la entidad para los bolsillos de los
contribuyentes.
En este proceso judicial, ocho exdirectivos de la entidad -Modesto Crespo,
Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogor, Francisco
Martínez, Vicente Soriano, Salvador Ochoa y Juan Luis Sabater- se
sientan en el banquillo de los acusados por los delitos de fraude,
apropiación indebida y falsedad en las cuentas y se enfrentan a penas
que van desde los diez meses a los siete años y medio de prisión.
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