BARCELONA.- Una querella por la venta de una finca se ha convertido en una investigación sobre el presente y el pasado de la cúpula de CaixaBank. En un auto del 28 de junio, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga por delito societario y de apropiación indebida a Juan María Nin,
ex consejero delegado de la entidad catalana, y a toda la cúpula de
Caixabank, adelanta hoy El Confidencial.
En el centro de la diana del magistrado se encuentra el finiquito millonario de Nin,
acordado con el banco tras su salida. Fuentes oficiales de la entidad
han señalado a este diario no tener conocimiento oficial de este tema.
"En todo caso", indican, "la indemnización de Juan María Nin fue
debidamente aprobada habiendo cumplido la entidad sus obligaciones de
publicación".
La querella que da paso a estas
diligencias se admitió a trámite en mayo de este año y se centra en un
proceso de compraventa de tres fincas que arrancó en 2007. Una de ellas
es el Cortijo de los Mimbrales, ubicado en el sureste de la Corona Forestal de Doñana.
Esta villa y sus cerca de 1.000 hectáreas de terreno servían como
garantía de parte del proceso de compraventa de los otros inmuebles.
La
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la compró por 49,88 millones
de euros en 2015 y CaixaBank extinguió las hipotecas
que gravaban sobre ella y que habían sido concedidas por Cajasol, Banco
de Valencia y Banca Cívica, entidades absorbidas por el banco catalán.
Quienes habían aceptado que Los Mimbrales fuera garantía del proceso
vieron cómo su procedimiento "resultó frustrado, ya que todos los bienes
habían desaparecido", relata el auto del juez.
La demanda inicial hila este procedimiento con los cambios que, mientras, se estaban produciendo en la entidad con sede en las Torres Negras
de la Diagonal de Barcelona. En concreto, con la salida de Juan María
Nin de su consejo de administración. El banco acordó entregarle una
indemnización de quince millones de euros. Apoyan su juicio no tanto en
cuantía, sino por considerar que las ayudas públicas que recibieron Banco de Valencia y Banca Cívica, absorbidas por CaixaBank, sirvieron a la entidad catalana para sanear sus cuentas del año 2013.
Ante
este escenario, el juez De la Mata ha abierto dos procedimientos. Por
un lado, investiga el paradero de las cuantías pagadas por la finca.
Aquí el papel de la entidad sería el de cooperador necesario al haber
cumplido con los términos de la compraventa. Por el otro, sigue la senda
marcada por los juicios a los directivos de las cajas que recibieron
dinero público y pactaron indemnizaciones no permitidas e investiga a
Juan María Nin por delito societario y apropiación indebida.
Un finiquito desorbitado y creado 'ad hoc' en una entidad que recibió
ayudas estatales son los extremos que llevaron al Tribunal Supremo a
confirmar la condena a los exdirectivos de la caja gallega Novacaixagalicia.
Ayudas y finiquitos
A comienzos de 2013, CaixaBank devolvió los 977 millones de euros
de ayudas públicas que Banca Cívica, absorbida un año antes, había
recibido del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Las
cifras de ayudas públicas para la compra de Banco de Valencia por parte
de La Caixa incluían 4.500 millones del rescate europeo y un EPA (esquema de protección de activos, garantía contra pérdidas futuras) del 72,5% de una cartera de 6.000 millones.
En
en el marco de estas ayudas fiscales, la indemnización pactada que
consiguió Juan María Nin fue "desproporcionada", relata el hilo
argumental de la querella que el juez retoma en su auto. Nin fue vicepresidente y consejero delegado
de CaixaBank hasta junio de 2014, cuando se produjo su salida tras una
serie de desencuentros con Isidre Fainé. El desenlace de un conflicto de
varios años en el que este último consiguió sustituir al primer
ejecutivo bancario por Gonzalo Gortázar, actual consejero delegado de la entidad. Además de a Nin, De la Mata también investiga a Isidre Fainé, expresidente de Caixabank, a Gortázar y al directivo Antonio Massanell por la aprobación del citado finiquito.
Tras su salida, Nin acordó una indemnización de algo más de
15 millones de euros, 5,3 de los cuales recibió en metálico tras
aplicarse la correspondiente retención fiscal. Como informó la entidad
en su momento, Nin ingresó una cantidad bruta de tres millones, el equivalente al 20%
de la indemnización con el compromiso de invertir este capital en
acciones de la entidad. El banco ligó el resto de la indemnización de 15 millones a la evolución futura de sus cuentas.
El procedimiento de compraventa que dio origen a la querella había arrancado en 2007, con una primera hipoteca suscrita con CajaSol. Esta entidad se integró en Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos en Banca Cívica de la mano de Antonio Pulido.
El directivo dejó la entidad a finales de 2016 con una indemnización de
1,5 millones de euros. El juez deja fuera a Pulido de la investigación,
pero fuentes conocedoras de la situación aseguran que se está ampliando
la querella para alcanzar el exdirector de la caja sevillana.
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