MADRID.- Jesús, Armando, Juan y José Luis son los cuatro fareros que trabajan y viven en el faro del Cabo de Palos (Murcia), pero también podrían ser los primeros funcionarios desahuciados para privatizar un edificio público. Las sospechas y la polémica rodean al histórico faro desde hace unas semanas por el proyecto de unos empresarios para convertirlo en un hotel, y la presentación casi simultánea por el PP de una proposición no de ley (PNL) para cambiar el uso del faro por otro turístico o científico, recoge hoy El Mundo.
La guerra desatada en torno a este monumento de
150 años, que está en pleno funcionamiento y además es el centro de
control de todos los faros de la costa murciana, ha conducido a la
creación de la Plataforma Salvemos el Faro del Cabo de Palos, que ya
lleva casi 7.000 firmas en change.org.
Las sospechas de los vecinos de la zona, los sindicatos y los trabajadores surgen porque dos empresarios, Aurelio Solana y Fernando Díez Ripollés,
constituyeron una sociedad llamada Faros de Levante el pasado 20 de
marzo, y el 31 de ese mes presentaron ante la Autoridad Portuaria de
Cartagena, de la que depende el faro, su proyecto para privatizarlo.
Su asesor legal en este proyecto ha sido el abogado y ex diputado del PP Andrés Ayala,
portavoz de la Comisión de Fomento hasta 2015. Aunque ya ha dejado la
política activa, ahora es uno de los representantes de la oficina
anticorrupción del PP. Él niega haber utilizado sus contactos para
promover este proyecto: «Fui su asesor legal, pero no he hablado con
ningún diputado ni con nadie de Puertos del Estado o de cualquier otro
organismo. Me limité a hacer mi trabajo privado como asesor legal».
Paralelamente, el 18 de abril el Partido Popular presentó una PNL en el Congreso para cambiar el uso del faro. Su propuesta salió adelante en la Comisión de Fomento de junio, con los votos de Ciudadanos y el Grupo Mixto. Una PNL no obliga a nada, pero legitima para hacer algo. Uno de los que votó en contra fue Javier Sánchez, diputado de Unidos Podemos:
«El proyecto no tiene sentido. Es privatizar para que se enriquezcan
los amigos del Gobierno regional, sin tener en cuenta a las personas que
viven y trabajan allí», dice a este periódico.
Hasta que se conoció la presentación de esta PNL en abril y su aprobación posterior en junio, nada se sabía de la oferta presentada por los empresarios ante la Autoridad Portuaria. Después de saberse, las miradas se dirigieron al diputado Teodoro García,
que fue quien la presentó. Él se defiende: «Yo no sabía nada de que los
empresarios habían presentado esa oferta. Además, no los conozco de
nada, tampoco tengo relación con el ex diputado Andrés Ayala,
y creo que este proyecto sólo debería sacarse adelante con un concurso
público y dándole una solución a los fareros. Si no, mejor que no se
haga».
Antonio Sevilla es el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena,
que tiene poder de decisión sobre el cambio de uso del faro. Asegura
que estos días, en plena polémica, sobre todo aireada por los periódicos
La Verdad y La Opinión, ya se han decidido: «Hemos
denegado la petición de cambio de uso porque hay personas dentro. De
todas formas, los faros se podrían controlar desde cualquier punto. Ya
hay muchos servicios en el puerto de Cartagena». Y matiza: «A corto
plazo el faro tiene que estar ocupado por estos señores, pero entiendo
que el faro tiene un aprovechamiento turístico superior para la región, y
el puerto está muy comprometido con el turismo».
Es
decir, no descarta el cambio de uso en el futuro. Por eso el 14 de
agosto está prevista una manifestación por los fareros, como explica Gloria Moya, portavoz de la plataforma Salvemos el Faro del Cabo de Palos:
«Quieren llamarlo concesión, pero es una privatización encubierta. Todo
es muy sospechoso, y la Autoridad Portuaria no nos quiere dar los
documentos para comprobar la propuesta». El Pleno del Ayuntamiento de
Cartagena, con excepción del PP, votó en contra de la conversión en
hotel. Y el comité de empresa de la Autoridad Portuaria piensa igual:
«Estamos con los fareros, nos oponemos a que se construya un hotel. Todo
es muy sospechoso, pero nos faltan documentos para probarlo».
Nunca
antes se presentó un plan para privatizar este faro concreto, aunque
exista desde hace ya cinco años un proyecto del Ministerio de Fomento
para cambiar el uso de los faros abandonados de España.
El también diputado del PP por Murcia, Francisco Bernabé,
conoció a los empresarios que quieren hacer el hotel cuando les
concedió la internacionalización del Festival de Cante de Las Minas,
siendo alcalde de La Unión. Pero él no cree que haya nada raro en el
caso: «Aquí no hay nada de nada. Internacionalizar el festival no le
costó un céntimo al Ayuntamiento, y desde 2014, cuando dejé la Alcaldía,
no he tenido más relación con estos empresarios. Cuando Teodoro
presentó la PNL ninguno sabíamos que había una petición de una empresa
privada. Nuestra idea es que de poder hacerse el hotel fuera con
concurso público».
1 comentario:
La presunta chorizada es ya de dominio público nacional y piedra de escandalo para el PP donde... "maricón el último" porque la descomposición es total. No vale aprovecharse del cargo de diputado con sus clientes y querer aparentar que no se sabe nada. No sé como los murcianos consentimos que semejante personaje nos represente en las Cortes,no tenemos vergüenza mientras se exhibe por La Manga con el ex diputado Pujalte y su diputada esposa acompañadad de la veterinaria.
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