MADRID.- Los sabios que elaboran la
propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica celebraron este
miércoles su penúltimo encuentro -solo a falta del de la semana próxima-
antes de elevar su texto al Ministerio de Hacienda a finales de este
mes. Lo harán con unos días de adelanto sobre el plazo que fijó
Cristóbal Montoro y que terminaba el próximo 10 de agosto, recoge El Economista.
Han sido casi
seis meses de trabajo intenso, de no pocas dificultades en que los
expertos, propuestos por el Estado y por todas las autonomías de régimen
común salvo Cataluña -que optó por quedarse fuera- han tratado de dar
una vuelta de tuerca a un sistema, el actual, que no contenta a casi
nadie. Entre sus principales propuestas se encuentran los topes de
déficit asimétricos, el IVA colegiado, la armonización de Sucesiones y
Donaciones o la eliminación de los mecanismos extraordinarios de
liquidez.
La mayoría de los sabios coincide
en que en adelante el Estado debería fijar una meta de déficit distinta
para cada autonomía, en función de su situación de partida. El Gobierno
ya fijó topes "asimétricos" en 2013, aunque el conjunto del sector
autonómico debía reducir su desequilibrio al 1,3% del PIB. Esta fórmula
no contentó en su momento a todos los territorios.
El
texto que los expertos entregarán a Hacienda a finales de mes incluirá,
además, la recomendación de que haya un reparto más equitativo de los
esfuerzos para reducir el agujero presupuestario entre Administraciones,
de forma que el Estado endurezca más su límite. Ésta es una demanda
recurrente en el caso de Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía o
Cataluña, entre otras. Su tesis es que el sector regional asume un
porcentaje mayor del gasto, debido a la transferencia de la Sanidad y la
Educación, del que le toca realizar al Estado.
En el ámbito impositivo, los
expertos serían partidarios de que un consenso de las autonomías sirva
para proponer al Gobierno una subida del IVA que repercuta íntegramente
en sus cuentas. El tipo general del tributo, actualmente en el 21%, se
dividiría en dos partes -los sabios no llegan a especificar si iguales o
no- y las autonomías tendrían el poder de decidir sobre una de esas
partes y podrían modularla porcentualmente.
Esto implica que si, por ejemplo,
de ese 21% 10 puntos correspondiesen al Estado y 11 a las regiones, un
acuerdo de todas ellas podría servir para pedir al Estado que elevase
ese tramo autonómico en un punto adicional.
propuesta conjunta se
llevaría al Consejo de Política Fiscal o al Senado (aún no han decidido
el órgano que debería realizarla) y el Gobierno Central estaría obligado
a legislar al respecto y a llevar la medida al Congreso. La dificultad
que entraña es que la oposición de una única comunidad autónoma
impediría que saliese adelante.
La propuesta de reforma del
sistema de financiación apuesta también por aprobar un mínimo común de
tributación en Sucesiones y Donaciones que ponga fin a la competencia
existente actualmente entre territorios. La idea ha sido una propuesta
que vienen haciendo desde la pasada Conferencia de Presidentes los
Ejecutivos de Andalucía o Valencia.
De acuerdo con el texto barajado
hasta la fecha por los sabios, las autonomías solo tendrían la capacidad
de cambiar los tipos a las deducciones en este tributo y estarían
obligadas a ceñirse a un mínimo común de tributación.
Esta propuesta ya
tuvo cabida en la propuesta de reforma fiscal que la conocida como
Comisión Lagares remitió al Gobierno en 2014. Aquel grupo recomendó
imponer un mínimo común en Sucesiones en toda España entre los 20.000 y
los 25.000 euros. A la vez, apostaban por fijar un tipo mínimo de
gravamen entre el 4 y el 5% para herencias entre familiares directos
(cónyuges, hijos y ascendientes).
Actualmente las diferencias entre
autonomías son notables y van desde los tipos más altos de Andalucía,
Asturias o Extremadura, a Madrid, que tiene bonificado el 99% de este
impuesto.
La propuesta de los sabios
apuesta por eliminar los mecanismos de liquidez extraordinarios que el
Gobierno central ha venido manteniendo desde 2012 para que las
autonomías vuelvan a financiarse por sus propios medios en los mercados.
Hay que tener en cuenta que las comunidades que presentan una peor
situación financiera tenían el grifo de los mercados cerrado o solo eran
capaces de encontrar una financiación a precios prohibitivos.
Especialmente el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) les han servido para
evitar la quiebra.
Los expertos creen que ha llegado
el momento de recuperar una cierta normalidad en términos financieros y
esto lleva a otro asunto en el que el grupo no ha sido capaz de
alcanzar un consenso porque las posturas son "irreconciliables". Parte
de los sabios son partidarios de aprobar quitas parciales de la deuda
regional, al entender que el aumento de su pasivo ha estado justificado
por la crisis y por la infrafinanciación a que tiene sometido el actual
modelo a algunos territorios. Quienes defienden esta postura creen que
solo así las autonomías que están en una peor situación podrían partir
de cero y encontrar financiación por sus propios medios en los mercados.
Otro sector de los expertos
considera que esta propuesta entraña un "riesgo moral" notable y que se
estaría premiando a los incumplidores, por lo que la rechazan de pleno.
Esa falta de acuerdo quedará reflejada en el texto final que están
terminando de consensuar.
La propuesta que recibirá Hacienda en dos semanas incorporará ambas visiones.
En estos casi seis meses de
trabajo sí hubo consenso de los sabios para crear una hucha, al estilo
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con la que las comunidades
autónomas puedan capear los periodos de crisis o especiales dificultades
a nivel económico.
Una vez que Hacienda reciba en
dos semanas el documento del grupo, el Gobierno deberá diseñar su propio
modelo que, según dejó claro Montoro, no estará obligado a seguir las
recomendaciones de los sabios. La nueva financiación debería entrar en
vigor en 2018 para cumplir la promesa que hizo Mariano Rajoy en la
última Conferencia de Presidentes.
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