jueves, 13 de julio de 2017

Los sabios presentan en dos semanas a Hacienda la nueva financiación autonómica

MADRID.- Los sabios que elaboran la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica celebraron este miércoles su penúltimo encuentro -solo a falta del de la semana próxima- antes de elevar su texto al Ministerio de Hacienda a finales de este mes. Lo harán con unos días de adelanto sobre el plazo que fijó Cristóbal Montoro y que terminaba el próximo 10 de agosto, recoge El Economista

Han sido casi seis meses de trabajo intenso, de no pocas dificultades en que los expertos, propuestos por el Estado y por todas las autonomías de régimen común salvo Cataluña -que optó por quedarse fuera- han tratado de dar una vuelta de tuerca a un sistema, el actual, que no contenta a casi nadie. Entre sus principales propuestas se encuentran los topes de déficit asimétricos, el IVA colegiado, la armonización de Sucesiones y Donaciones o la eliminación de los mecanismos extraordinarios de liquidez.
La mayoría de los sabios coincide en que en adelante el Estado debería fijar una meta de déficit distinta para cada autonomía, en función de su situación de partida. El Gobierno ya fijó topes "asimétricos" en 2013, aunque el conjunto del sector autonómico debía reducir su desequilibrio al 1,3% del PIB. Esta fórmula no contentó en su momento a todos los territorios.
El texto que los expertos entregarán a Hacienda a finales de mes incluirá, además, la recomendación de que haya un reparto más equitativo de los esfuerzos para reducir el agujero presupuestario entre Administraciones, de forma que el Estado endurezca más su límite. Ésta es una demanda recurrente en el caso de Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía o Cataluña, entre otras. Su tesis es que el sector regional asume un porcentaje mayor del gasto, debido a la transferencia de la Sanidad y la Educación, del que le toca realizar al Estado.
En el ámbito impositivo, los expertos serían partidarios de que un consenso de las autonomías sirva para proponer al Gobierno una subida del IVA que repercuta íntegramente en sus cuentas. El tipo general del tributo, actualmente en el 21%, se dividiría en dos partes -los sabios no llegan a especificar si iguales o no- y las autonomías tendrían el poder de decidir sobre una de esas partes y podrían modularla porcentualmente.
Esto implica que si, por ejemplo, de ese 21% 10 puntos correspondiesen al Estado y 11 a las regiones, un acuerdo de todas ellas podría servir para pedir al Estado que elevase ese tramo autonómico en un punto adicional. 
propuesta conjunta se llevaría al Consejo de Política Fiscal o al Senado (aún no han decidido el órgano que debería realizarla) y el Gobierno Central estaría obligado a legislar al respecto y a llevar la medida al Congreso. La dificultad que entraña es que la oposición de una única comunidad autónoma impediría que saliese adelante.
La propuesta de reforma del sistema de financiación apuesta también por aprobar un mínimo común de tributación en Sucesiones y Donaciones que ponga fin a la competencia existente actualmente entre territorios. La idea ha sido una propuesta que vienen haciendo desde la pasada Conferencia de Presidentes los Ejecutivos de Andalucía o Valencia.
De acuerdo con el texto barajado hasta la fecha por los sabios, las autonomías solo tendrían la capacidad de cambiar los tipos a las deducciones en este tributo y estarían obligadas a ceñirse a un mínimo común de tributación. 
Esta propuesta ya tuvo cabida en la propuesta de reforma fiscal que la conocida como Comisión Lagares remitió al Gobierno en 2014. Aquel grupo recomendó imponer un mínimo común en Sucesiones en toda España entre los 20.000 y los 25.000 euros. A la vez, apostaban por fijar un tipo mínimo de gravamen entre el 4 y el 5% para herencias entre familiares directos (cónyuges, hijos y ascendientes).
Actualmente las diferencias entre autonomías son notables y van desde los tipos más altos de Andalucía, Asturias o Extremadura, a Madrid, que tiene bonificado el 99% de este impuesto.
La propuesta de los sabios apuesta por eliminar los mecanismos de liquidez extraordinarios que el Gobierno central ha venido manteniendo desde 2012 para que las autonomías vuelvan a financiarse por sus propios medios en los mercados. Hay que tener en cuenta que las comunidades que presentan una peor situación financiera tenían el grifo de los mercados cerrado o solo eran capaces de encontrar una financiación a precios prohibitivos. Especialmente el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) les han servido para evitar la quiebra.
Los expertos creen que ha llegado el momento de recuperar una cierta normalidad en términos financieros y esto lleva a otro asunto en el que el grupo no ha sido capaz de alcanzar un consenso porque las posturas son "irreconciliables". Parte de los sabios son partidarios de aprobar quitas parciales de la deuda regional, al entender que el aumento de su pasivo ha estado justificado por la crisis y por la infrafinanciación a que tiene sometido el actual modelo a algunos territorios. Quienes defienden esta postura creen que solo así las autonomías que están en una peor situación podrían partir de cero y encontrar financiación por sus propios medios en los mercados.
Otro sector de los expertos considera que esta propuesta entraña un "riesgo moral" notable y que se estaría premiando a los incumplidores, por lo que la rechazan de pleno. Esa falta de acuerdo quedará reflejada en el texto final que están terminando de consensuar.
La propuesta que recibirá Hacienda en dos semanas incorporará ambas visiones. 
En estos casi seis meses de trabajo sí hubo consenso de los sabios para crear una hucha, al estilo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con la que las comunidades autónomas puedan capear los periodos de crisis o especiales dificultades a nivel económico.
Una vez que Hacienda reciba en dos semanas el documento del grupo, el Gobierno deberá diseñar su propio modelo que, según dejó claro Montoro, no estará obligado a seguir las recomendaciones de los sabios. La nueva financiación debería entrar en vigor en 2018 para cumplir la promesa que hizo Mariano Rajoy en la última Conferencia de Presidentes.

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