jueves, 12 de enero de 2017

Trillo deja su cargo en Londres por el escándalo del Yak-42

MADRID/LONDRES.- El embajador de España en Londres, Federico Trillo, ha anunciado hoy su dimisión de este cargo tras nueve días de polémica sobre su idoneidad para seguir al frente del mismo después del informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles en mayo de 2003.

Ese informe del órgano consultivo del Gobierno señalaba que el Ministerio de Defensa, a cuyo frente estaba Trillo en el momento del accidente de ese avión que regresaba de Afganistán, debió haber adoptado medidas ante los indicios de inseguridad detectados en el transporte contratado para el traslado de tropas.
Además, coincidía con la justicia española en que la causa del accidente fue el agotamiento y la falta de formación de los pilotos del avión Yak-42 contratado por el Ministerio de Defensa.
Nada más conocerse ese informe, el 3 de enero, hubo una sucesión de peticiones de dimisión "fulminante" de Trillo por parte de diversos partidos de la oposición, entre ellos el PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Estos partidos pidieron también la comparecencia en el Parlamento de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, después de que, en un primer momento, Rajoy considerara que este asunto ya estaba "sustanciado judicialmente" una vez que la Audiencia Nacional decidiera archivar el procedimiento penal abierto contra seis mandos militares.
El PP consideró injustificadas esas peticiones de dimisión, mientras que la Asociación de Familiares de Víctimas del Yakolev 42 destacó el respaldo moral que suponía el informe del Consejo del Estado, se preguntó quién iba a pedir ahora perdón y solicitó una reunión con Cospedal.
Al día siguiente, el Gobierno anunció el relevo de Trillo al frente de la embajada de Londres aunque desvinculó esa decisión del dictamen del Consejo de Estado y la enmarcó en la sustitución de 72 embajadores que estaban pendientes de ser reemplazados porque no se pudo hacer antes debido a que el Ejecutivo estuvo en funciones durante diez meses.
Al mismo tiempo, la propia Cospedal pidió comparecer en comisión en el Congreso a iniciativa propia y anunció que se reuniría con los familiares de las víctimas, que rechazaron cualquier "cese enmascarado" de Trillo.
Una vez conocida la intención del Gobierno, Trillo hizo sus primeras declaraciones y en ellas expresó su intención de volver a ocupar su puesto como letrado en el Consejo de Estado después de que, según aseguró, en mayo comunicara al Ejecutivo su deseo de abandonar la Embajada de España en el Reino Unido.
Ese anuncio provocó malestar en la oposición por considerar inadecuado que pretendiera volver al órgano que precisamente redactó el informe sobre el Yak-42.
En los días sucesivos, representantes de la oposición reiteraron sus exigencias de dimisión y fue el pasado martes cuando la ministra de Defensa se reunió con los familiares de las víctimas.
En ese encuentro hubo un giro en la posición de este departamento, ya que Cospedal (quien comparecerá en la comisión de Defensa el próximo lunes) y asumió el dictamen del Consejo de Estado que responsabilizaba del siniestro al departamento dirigido entonces por Trillo.
Una decisión que fue acogida como "oro moral" por los familiares de los militares fallecidos.
Hoy mismo, Rajoy, en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro irlandés, respaldó a Cospedal y mostró toda su disposición de ayudar a los familiares de las víctimas, a los que expresó su cercanía y reconocimiento.
Sin embargo, no concretó cuándo se haría efectivo el relevo de Trillo al frente de la embajada de Londres.
Horas después ha sido el exministro quien, en una comparecencia en esa legación diplomática, ha anunciado su dimisión inmediata.


Trece embajadores han pedido el cese de Trillo

Trece diplomáticos españoles con categoría de embajador  --la máxima de la carrera— ya jubilados han remitido una carta al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, en la que reclaman “el cese inmediato del señor Trillo en su cargo de embajador en Londres como máximo responsable político de la tragedia” del Yak-42, según El País.
La petición de destitución, que no tiene precedentes, apela “al respeto de las familias de las víctimas, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y a la dignidad que exige el Servicio Exterior del Estado”.
Los embajadores, que como ellos mismos recuerdan en su misiva acumulan más de 40 años de servicio diplomático y han ocupado numerosas jefaturas de misión y relevantes cargos en la Administración Central, consideran que el nombramiento de Trillo como embajador en Londres, sin pertenecer a la carrera diplomática y tras la condena de tres militares comisionados suyos por la falsa identificación de 30 de los 62 cadáveres del Yak-42, ya fue “difícil de justificar cuando se produjo”, pero “resulta incomprensible a la vista de los hechos constatados por el Consejo de Estado”.
Los firmantes son Pedro Bermejo, Fernando Perpiñá-Robert, Nicolás Martínez-Fresno, José Luis Dicenta, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, Carlos Miranda, Juan Manuel Romero de Terreros, Francisco Villar, Eudaldo Mirapeix, Miguel Ángel Carriedo, Mariano Alonso-Burón, Aurelio Pérez Giralda y Mercedes Rico.

El PP denuncia la compra por el Ayuntamiento de un edificio en Cartagena a un miembro del MC

CARTAGENA.- El Partido Popular denunció hoy el gasto de más de medio millón de euros de fondos municipales en comprar un inmueble en la calle Cuatro Santos que es propiedad de la familia de Juan Carlos Martínez Ros, que fue candidato número 12 de Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones, sin que hubiera “ninguna necesidad urgente de hacerlo”, explicó su portavoz municipal, Francisco Espejo.

Espejo subrayó que no ha tenido acceso a ningún informe que acredite esa necesidad urgente y manifestó sus “dudas” por el hecho de que “se pudieran hacer trece trámites administrativos en menos de una semana para autorizar y aprobar la compra” algo que considera “imposible” en un trámite normal. Asimismo subrayó que “en el expediente que nos han mostrado no consta ni una memoria económica ni un informe justificativo de la necesidad de hacerlo ahora”. Admitió que la aprobación de la operación, el 29 de diciembre, tiene el visto bueno de la Intervención Municipal.
El Partido Popular considera especialmente cuestionable que la decisión en la Junta de Gobierno se tomara con el voto favorable de los cinco concejales de MC, cuando “deberían haberse ausentado o abstenido, dado que el beneficiario era un miembro de su partido”. Por todo ello, Francisco Espejo consideró que el acuerdo “podría ser nulo” y anunciaron que estudian emprender acciones legales, aunque se abstuvo de tildar el asunto como un caso “de corrupción” y tampoco dijo a qué instancia judicial piensa acudir.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, considera "muy descorazonador" que López que está exigiendo "regeneración y transparencia", sea sospechoso de haber utilizado dinero público para comprar un inmueble a un militante de Movimiento Ciudadano (MC).
En un comunicado, Padín anunció que va a pedir supervisar el expediente completo de la finca de la calle Cuatro Santos ante la posible precipitación de su compraventa.
El portavoz de la formación naranja quiere saber si el Ayuntamiento pidió el informe para saber en qué condiciones se encuentra el inmueble, si existe una tasación pericial objetiva y si hay informe por parte de los servicios jurídicos justificando la idoneidad de la compra, así como acreditar la necesidad de la ampliación del Edificio Administrativo.
"De confirmarse toda esta precipitación -añadió-, a nadie le puede extrañar que hayan sospechas porque, en este caso, el vendedor es un compañero de partido del alcalde de Cartagena, y hay de por medio más de medio millón de euros de todos los cartageneros".
"Esperamos que no, pero es muy descorazonador que quien está exigiendo regeneración y transparencia, y ha batallado de tal manera contra estas prácticas haya podido caer en algo así", concluyó.

HUERMUR exige la paralización de la limpieza salvaje del carril de la Aljufía


MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (HUERMUR), ha redactado una denuncia para su registro ante la Consejería de Cultura del Gobierno Regional, por los hechos que se han sucedido esta semana en la zona del carril de la Aljufía en el entorno de la Contraparada.

Como se aprecia en las imágenes que ha tomado HUERMUR y en las quejas transmitidas por los vecinos de la zona, el acueducto de la Finca de Los Felices ha sufrido derrumbes en un tramo de su extensión. Con las labores de limpieza de la zona que hoy continuaban, se ha trabajado con maquinaria pesada, como excavadoras de gran tonelaje, con el peligro que ello puede suponer para el frágil acueducto que lleva varias décadas abandonado en esta zona de Javalí Viejo.
Las fotografías, que se han incluido en la denuncia administrativa cursada por HUERMUR, muestran la importancia de esta obra hidráulica, y el estado en el que ha quedado el acueducto. Por ello, desde HUERMUR se ha exigido que se cese en toda actividad con maquinaria pesada en este lugar, para que con la participación de arqueólogos, ingenieros y arquitectos, se haga una inspección en su totalidad a dicho acueducto, y no se sigan produciendo derrumbes, ni retirándose materiales junto a su cimentación.
"Una limpieza salvaje junto a una estructura centenaria que ha estado abandonada largo tiempo, puede conllevar nuevos derrumbes, si se sigue retirando materiales junto a sus puntos de apoyo, si dicha retirada no lleva aparejada la consolidación y recuperación de sus muros y bases de arcos y puntos de sujeción.
Además, el uso de maquinaria pesada, como retroexcavadoras, produce vibraciones en el terreno, que pueden llevar a fatales consecuencias y nuevos derrumbes. Dicha maquinaria tampoco permite un trabajo con precisión, lo que puede llevar a tocar la estructura y desplazar muros o sillares, y también a producir roces y daños en el monumento", dice el colectivo en un comunicado.
Para esta asociación, toda esta situación se podría haber evitado si en el año 2016, cuando HUERMUR solicitó la protección del acueducto de la Finca de Los Felices como Bien Catalogado, la misma hubiera sido aceptada y tramitada por Cultura, sin más trabas e inconvenientes.
Finalmente, la Dirección General incoó expediente de protección del Acueducto como bien inventariado del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, lo que le da amparo bajo la Ley Regional, y protección preventiva ante actuaciones y proyectos de obras o intervención.
Por todo ello, HUERMUR considera que cualquier nueva acción en la zona debe venir acompañado del informe previo y preceptivo de la Consejería, además de que se debe iniciar de inmediato una acción de consolidación y conservación de este importante bien cultural del patrimonio hidráulico de todos los murcianos.

Sigue el escándalo de Sánchez-Mora con los interinos de Primaria y Secundaria por su negativa a dialogar

MURCIA.- Todas las organizaciones políticas expresaron su apoyo incondicional al trabajo de AIDMUR y se ofrecieron a seguir trabajando juntos en la elaboración de propuestas conjuntas y en el trabajo en la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de la Región de Murcia, en una asamblea celebrada anoche.

A la asamblea fueron invitatados a los partidos políticos de la Oposición para que explicaran su postura respecto a los principales problemas que aquejan a los docentes interinos de la Región. De esta manera, acudieron PSOE, PODEMOS, CIUDADANOS e IZQUIERDA UNIDA.
Cabe destacar los ofrecimientos de PODEMOS para llevar la voz de AIDMUR al Congreso de los Diputados, y el de PSOE y CIUDADANOS para que las propuestas de AIDMUR lleguen a la Asamblea Regional.
Además, el representante del PSOE, el diputado regional Emilio Ivars, mostró estar de acuerdo con abrir la vía del acceso diferenciado en un nuevo sistema de acceso a la función docente, con objeto de dar estabilidad al colectivo interino y bajar la actual tasa de interinidad, situada en el escandaloso 22%.
Recordamos que el acceso diferenciado es una de las propuestas en las que estamos trabajando a nivel nacional en la Plataforma Estatal para la Estabilidad del Profesorado Interino.
"Queremos destacar, dentro de la intervención del coordinador de Educación de CIUDADANOS, Raúl Puche, la denuncia de éste de la total negativa por parte de la consejera de Educación, María Isabel Sánchez Mora, de dialogar con los interinos de la Región.
Al respecto, Puche anunció que CIUDADANOS ha hecho un ofrecimiento de mediación entre las partes que Sánchez Mora ha rechazado tajantemente, demostrando su incapacidad para el diálogo y su pésima actitud hacia los docentes interinos de la Región.
Por si no fuera poco, Puche también denunció que CIUDADANOS estaba recibiendo presiones para dejar de hablar con AIDMUR, lo que ya nos parece el colmo de la desfachatez y más propio de actitudes puramente mafiosas y auténticamente antidemocráticas.
Aun así, AIDMUR sigue manifestando nuestra total disposición a dialogar con la consejería de Educación y seguimos reiterando nuestra oferta de diálogo, y que la actual situación de veto es exclusiva responsabilidad de la actual y reprobada consejera, a quien solicitamos una rectificación, pues no se puede marginar al 22% de la plantilla de docentes de la Región", dice la asociación en un comunicado.
 A la asamblea también fueron invitadas las organizaciones sindicales, que mostraron su apoyo expreso al trabajo de AIDMUR.
Al respecto, destacar el reconocimiento realizado por STERM y el compromiso para seguir trabajando juntos en los distintos ámbitos de defensa de la escuela pública, sistema de acceso y recuperación de derechos de los docentes interinos.
ANPE expresó la postura de los sindicatos en contra de una convocatoria de oposiciones, no la aprobación de la oferta de empleo público, para el cuerpo de primaria en 2017, caracterizada por una oferta de plazas escasa y por el indudable efecto llamada, como ya ocurrió el año pasado, más si cabe tras la postura manifestada por Andalucía de no convocar, previsiblemente, las especialidades de infantil, primaria y educación física.
ANPE entiende que el cuerpo de primaria ha sido especialmente castigado y que la consejería ha mostrado un comportamiento absolutamente caótico en el tema de las oposiciones, faltando al respeto a miles de aspirantes.
Además, el representante de ANPE, Paco Espinosa, también denunció la falta de dotes comunicativas de capacidad de diálogo de la consejera, de la que dijo que era como “topar contra un molino de viento”, en alusión a dicha incapacidad.
Desde UGT, Alfonso Vera, expresó igualmente su apoyo a la labor de AIDMUR y manifestó que los docentes interinos debían tener voz ante la propia consejería, siendo inadmisible la actual situación de veto de la consejera.
De esta manera, UGT ofreció que AIDMUR pudiera acompañarles en las mesas de trabajo para que pudiéramos ser escuchados, cosa que agradecemos.
 Tras las intervenciones de las organizaciones políticas y sindicales dio lugar la celebración de la asamblea de AIDMUR, en la que se informó del estado de varios temas que afectan al colectivo, como el pago del verano, la demanda ante el Tribunal Supremo, oposiciones y posibles movilizaciones, entre otros temas de funcionamiento interno.
Cabe destacar que la asamblea de interinos docentes acordó, de manera mayoritaria votar en contra de la realización de oposiciones de primaria en 2017.
Las razones son el escaso número de plazas, el efecto llamada y el nuevo perjuicio contra los aspirantes de la Región.
Recordamos que el año pasado ya existió un efecto llamada, ya que se presentaron 11000 aspirantes y la lista preferente se vio incrementada en más de 1000 personas, y que en caso de realizarse una nueva oposición dichas cifras serán mucho mayores, perjudicando especialmente a los aspirantes de la Región.
Otro de los motivos fundamentales para rechazar dicha convocatoria reside en que a poco más de cinco meses para las eventuales pruebas selectivas aún no se conocen ni qué especialidades van a ser convocadas, lo cual carece de toda seriedad.
No se puede exigir una preparación rigurosa con tan poco tiempo de antelación y con este mayúsculo grado de caos e indecisión de una consejería que es indiferente a las circunstancias personales de los aspirantes, que no pueden planificar aspectos cruciales de sus vidas y que, en suma, supone una falta de respeto desde la prepotencia, que no parece conocer límites y que solo puede explicarse desde algún tipo de complejo originado en una inquina absolutamente irracional y soberbia contra los docentes interinos que solo tratan de realizar su trabajo en condiciones dignas.
Y es que el asunto de las oposiciones ha retratado la incompetencia de una consejera, que ha convertido algo tan serio en un circo.
También se votó a favor de seguir impulsando, a través de las negociaciones que ya se está realizando a nivel estatal, un nuevo sistema de acceso con doble vía, en el que haya una parte de las plazas reservadas para el profesorado interino para procurar su estabilidad en condiciones más objetivas y justas para quienes ya están en el sistema.
Finalmente, AIDMUR también acordó reclamar ante la Consejería de Educación el impago del verano para nuestras compañeras interinas que estuvieron de baja por maternidad y cuyo tiempo no fue computado, por lo que se ha incurrido en una gravísima discriminación perpetrada contra nuestras compañeras interinas por el hecho de ser madres, lo cual es insólito y muestra de una miseria ética absolutamente deleznable por parte de una consejería de Educación que se empeña en maltratar al 22% de su plantilla, y especialmente a las madres docentes interinas.

'Pacto por el Mar Menor' anuncia acciones si la Consejería prosigue con la retirada de sedimentos en las playas

CARTAGENA.- Ante el reciente anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de proceder a la retirada de sedimentos de determinadas playas del Mar Menor con la excusa de "recuperar la biodiversidad", la Plataforma Social Pacto por el Mar Menor reitera su total rechazo a este tipo de actuaciones sobre las que los científicos ya han manifestado en multitud de ocasiones que son especialmente perjudiciales.

"Exigimos que cualquier actuación que se lleve a cabo en la laguna, cuente con el asesoramiento y aprobación del comité científico, a lo que se comprometió la consejera de Agricultura Agua y Medio Ambiente, Dña. Adela Martínez Cachá. De no hacerse así, esta Plataforma no dudará en interponer la correspondiente denuncia contra los responsables de los organismos implicados", dice en un comunicado.
 
"Con el fin de disponer de una normativa clara respecto a las actividades en el Mar Menor y su entorno, insistimos en que es esencial la urgente aprobación y entrada en vigor del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor que nuevamente se demora intencionadamente, incurriendo la actual Administración Regional en la misma negligencia y demora que sus antecesores", concluye.

Gobierno y CCAA acuerdan suprimir la tasa de reposición en el empleo público

MADRID.- El Gobierno y las comunidades autónomas llegarán a la Conferencia de Presidentes de la semana que viene con varios de los diez acuerdos planteados cerrados tras la segunda reunión preparatoria, celebrada nuevamente con la ausencia de Cataluña y del País Vasco. 

Entre ellos destacan la supresión de las tasas de reposición para las ofertas de empleo, lo que permitirá a las autonomías convocar nuevas oposiciones y no sólo contratar en los casos en que deba sustituir a un trabajador, y los acuerdos sobre la dependencia.
Los consejeros del ramo y vicepresidentes de las comunidades autónomas se han reunido con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta el Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, para ultimar los acuerdos que se llevarán a la Conferencia de Presidentes de la próxima semana.
Uno de los puntos acordados, y que ha contado con la aceptación del departamento de Montoro, es la supresión de las tasas de reposición para las ofertas de empleo en materia de Educación, Sanidad y Servicios Sociales. En este acuerdo de supresión de tasas se ha incluido como novedad a los Servicios de Emergencias, algo que les ha parecido “adecuado” a los consejeros.
La medida había sido planteada por Castilla-La Mancha, cuyo vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, defendió que “no tiene coste presupuestario y por lo tanto no incide en las reglas de gasto o de déficit”.
Otra de las novedades tiene que ver con el acuerdo que permitirá impulsar la reforma de la financiación autonómica (y en paralelo la de la administración local) a partir del mismo martes.
Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos, menos Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu, acordarán la creación en un mes de un grupo de expertos elegidos por la administración central y por las autonómicas para estudiar cómo ha funcionado el modelo vigente entre los años 2009 y 2013 y sentar las bases del que le suceda.
Cuando acabe el trabajo de los expertos y los técnicos, el ministro Cristóbal Montoro y las comunidades darán los retoques oportunos en el mismo Consejo de Política Fiscal y enviarán el proyecto al Congreso, pues la reforma de la financiación autonómica es una Ley Orgánica y necesita mayoría absoluta parlamentaria.
En rueda de prensa, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha destacado la importancia de marcar el comienzo del proceso, pero no se ha aventurado en plazos.
Durante esa negociación, dure lo que dure, el Gobierno y las autonomías analizarán cómo costear el sistema de Dependencia.
Según fuentes presentes en la reunión, a iniciativa de Extremadura, con el apoyo de los demás gobiernos socialistas, se ha acordado aportar una novedad aceptada por el Ejecutivo: la nueva financiación debe tener en cuenta el gasto en dependencia.
Pero cómo se tendrá en cuenta no está claro. Fernández de Moya ha abogado por tratar no sólo “en exclusiva” la inversión en este pilar del estado de bienestar, sino por abordar en conjunto todos los gastos que se derivan de políticas sociales, por ejemplo el acceso a la vivienda o la discapacidad.
Porque, ha añadido, “los servicios públicos esenciales, además de la dependencia, engloban otras políticas que incluyen un gasto público que debe contenerse en el nuevo modelo; no se trata de excluir, sino de tener en cuenta otras”. En esta consideración, ha dicho, han expresado este miércoles su acuerdo todas las comunidades.
Las autonomías socialistas pretenden que en la nueva financiación se asuma un reparto equitativo de lo que cuesta la dependencia, de modo que se garantice la financiación de ésta al 50 por ciento entre administración central y administraciones territoriales, pero el Gobierno quiere ampliar este ámbito a otras políticas sociales.
Los acuerdos cerrados incluyen:
- Un pacto por la Educación que tenga en cuenta las aportaciones de los gobiernos autonómicos a través de una sesión de la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado.
- Implantar una tarjeta social que recoja las ayudas que reciben los ciudadanos de cada administración.
- Que las comunidades participen más en estrategias europeas.
- Crear antes del 31 de marzo una Comisión Nacional de Protección Civil con representantes del Gobierno y de las comunidades para mejorar la coordinación ante catástrofes naturales.
- La Conferencia de Presidentes tendrá periodicidad anual y sus acuerdos contarán con el seguimiento de la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado.
Sobre este punto, el secretario de Estado de Administración Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, ha precisado que la sesión del martes comenzará a las 9.00 horas con “un café” presidido por el Rey, seguirá con una serie de intervenciones de Rajoy (10 minutos) y de los demás presidentes (7-10 minutos), incluirá un “almuerzo distendido” y se cerrará, por la tarde, con el debate sobre los acuerdos.
Asimismo, los consensos por cerrar este jueves, además de lo relativo a la financiación autonómica, son:
- Redactar una Estrategia Nacional sobre desequilibrios demográficos este año, que abogará por mejorar el acceso a los fondos europeos.
- Reforzar la unidad de mercado.
- Apostar por la movilidad geográfica de los funcionarios y acabar con la tasa de reposición actual en servicios básicos y servicios de emergencia.
- Promoción del bono social.
El Gobierno, representado en la reunión por Soraya Sáenz de Santamaría y por Cristóbal Montoro, ha agradecido a las comunidades su tono y voluntad de colaboración, y a diferencia de la primera sesión preparatoria del 21 de diciembre, no se ha hablado en esta ocasión de las ausencias de Cataluña y de Euskadi.
No obstante, ambas tendrán toda la documentación que genere la Conferencia de Presidentes.

El PP rechaza que Trillo comparezca en el Congreso tras salir de la embajada en Londres

MADRID.- El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha rechazado que el embajador de España en Reino Unido y ex ministro de Defensa, el cartagenero Federico Trillo, comparezca en el Congreso tras su salida de esa legación diplomática, como ha solicitado Unidos Podemos.

El grupo confederal registró una solicitud para que Trillo acudiera a la Comisión de Asuntos Exteriores con el fin de explicar las razones que le han llevado a dejar su puesto en la embajada en plena negociación del Brexit y con miles de españoles viviendo allí.
Aunque no aparecía en el texto registrado, desde Unidos Podemos también buscaban que en esa comparecencia Trillo aclarase si tiene intención de volver a su plaza de letrado del Consejo de Estado después de conocerse el dictamen de este organismo que responsabiliza al Ministerio de Defensa que él dirigía del accidente del Yakovlev 42 que costó la vida a 62 militares españoles.
Preguntado sobre esta petición del grupo que capitanea Pablo Iglesias, el dirigente 'popular' ha asegurado que no existen precedentes de que un embajador tenga que explicar en el Congreso las razones de su marcha.
"Es como si pidiéramos que el señor (Pablo) Iglesias compareciera en alguna comisión del Congreso para explicarnos qué es lo que ha sucedido en Venezuela para que explique esos magníficos consejos que dio en su día al régimen chavista", ha comparado.
Hernando ha defendido que ahora de lo que se trata es de "mirar hacia el futuro" y ver si se puede actuar "con responsabilidad" y poner "las cosas en su justa medida" para recordar que Trillo "ha respondido ante los tribunales, que ya han sentenciado sobre su responsabilidad" en ese siniestro de 2003.

Regantes, empresas y universidades constituyen el Círculo por el Agua

MURCIA.- Regantes, productores agrarios y universidades de las provincias de Murcia, Almería y Alicante se han unido en el denominado Círculo por el Agua, un nuevo foro que pretende trasladar a la sociedad civil española que el Levante tiene un problema por el déficit de recursos hídricos, así como buscar y reclamar soluciones. Para ello, quieren alejar el debate de la "visceralidad" y asentarlo en un discurso "científico, productivo y de respeto al medio ambiente".

Así lo hizo saber el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, en la rueda de prensa posterior a la reunión celebrada este jueves, en la que se ha constituido este nuevo organismo, que engloba a todas las organizaciones que hasta ahora se encuadraban en el Foro Pro Agua de Alicante, en la Mesa del Agua de la Región del Agua y en la Mesa del Agua de Almería, que representan a todo el sector vinculado con el sector hídrico de las tres provincias levantinas.
En cuanto a las posibles soluciones al déficit hídrico, Jiménez recordó que el Scrats ha encargado estudios que estarán listos en un mes y que pretenden hacer un análisis general de la situación en el levante español, así como establecer los recursos de la cuenca del Segura y el posible uso de los mismos.
En tercer lugar, este estudio pretende averiguar si sigue existiendo un déficit hídrico una vez analizados todos los recursos y si es posible gestionarlos de forma más eficiente, cosa que Jiménez "duda", porque no cree que haya regiones "en las que se use el agua de forma más eficiente" como en las del sureste.
En base a toda esa información, este estudio analizará posibles soluciones a ese déficit hídrico, algo que según Jiménez pasa "casi con toda seguridad" por la llegada de trasvases, porque no se le ocurre "ninguna otra medida que pueda traer agua de unas regiones a otras".
Jiménez lamentó que el concepto trasvase está "demonizado" y no sabe por qué, ya que solo implica "una transmisión de agua de una zona en la que existe a otra zona que la necesita, y es la obra hidráulica que hace posible ese trasvase que, en el fondo es "un trasvase de solidaridad interregional".
Jiménez señaló que la Junta de Gobierno del Sindicato decidió comunicar a la sociedad levantina de las tres provincias levantinas en las que la cuenca del Segura tiene su asiento, que "como sociedad tenemos un problema y que no está vinculado necesariamente al sector agrario solamente, aunque es lo que más suena". Y es que destacó que la sociedad levantina "tiene un problema de números, y de déficit histórico del agua".
En esta labor de comunicación, que se desarrollará a lo largo de las próximas semanas, el Círculo por el Agua ha arrancado con el sector más vinculado con el hídrico, reuniendo a los tres foros mencionados, puesto que integran "tres elementos fundamentales en el trabajo que pretendemos desarrollar en los próximos meses e, incluso, años", al mezclar "ciencia, gestión del agua y producción".
En concreto, el Círculo reúne un componente científico porque "ya han confirmado su presencia todas las universidades de nuestras provincias, que van a colaborar aportando su sabiduría y su base técnica a este proyecto que ahora arrancamos".
En segundo lugar, engloba a las entidades relacionadas con la gestión del agua, esto es, las comunidades de regantes, que van de la mano de los productores, asociaciones y cooperativas agrarias, que son a su vez agricultores.
La elección del nombre de este nuevo foro, Círculo por el Agua, tiene una intención "manifiesta", que consiste en "alejar el debate hídrico de la visceralidad y darle un componente técnico, pausado, de respeto del medio ambiente y que fomente la producción". Por tanto, "que nadie intente ver en este nombre nada ajeno a lo que pretendemos hacer en los próximos meses y años".
Entre los objetivos del Círculo se encuentra expresar su respaldo "incondicional" al trasvase Tajo-Segura, que "tanto beneficio de todo tipo ha traído a estas sociedades y a estas regiones levantinas, que "no serían lo que son sin la obra fundamental del trasvase y el agua que ha traído" ni tendrían un futuro asegurado sin su permanencia".
En segundo lugar, este nuevo Círculo intenta introducir en esta nueva etapa "un debate de investigación, basado en el trasvase de ideas" entre la ciencia que aportan las universidades, la gestión empírica del agua que aportarán las comunidades de regantes y todos los sectores vinculados a la producción.
De la misma forma, los responsables del Círculo por el Agua esperan que se les unan elementos de la sociedad civil. Para ello, se van a reunir a lo largo de esta semana con asociaciones y federaciones de lo más variadas, desde amas de casa a padres de alumnos, entre otros colectivos.
El objetivo es que el Círculo del Agua actúe como una "onda expansiva de conocimiento y de trabajo que va a ser la que nos mueva en los próximos meses", tal y como puso de manifiesto Jiménez.
Los integrantes del Círculo, desde la unidad de acción, son conscientes de que "este partido se va a jugar en casa ajena, fuera de nuestras fronteras", porque "son decisiones que competen al Estado". Por lo tanto, apuestan por "salir a trabajar desde la unidad, trasladando a la sociedad española una única idea".
Como personas vinculadas al mundo del agua, los integrantes del Círculo buscan "garantizar as posibilidades de futuro para la población del sureste español", que pasa por "garantizar las necesidades de agua que tienen todos y cada uno de sus habitantes", y no solo la agricultura, porque "no es un problema exclusivo de productores".
Jiménez recordó que todas las sociedades necesitan, según las recomendaciones de la ONU, 1.000 metros cúbicos por habitante y año; y el plan de la cuenca del Segura fija esas necesidades en unos 920 metros cúbicos por habitante y año; mientras que las existencias reales son de 300 metros cúbicos por habitante y año.
En su opinión, es fundamental que estas sociedades "reclamen lo que necesitan", y los miembros integrantes del Círculo consideran que el debate ético está de su parte, porque "lo que solicitamos no afecta en nada a las condiciones medioambientales ni económicas del resto del país", sino que "benefician a otras regiones, las nuestras, que quieren seguir trabajando y rindiendo sus obligaciones tributarias al Estado para el beneficio de todo el país".
Como cuarto fin, se ha planteado la divulgación y promoción de los diferentes trasvases españoles como "elementos vertebradores del terreno".
Por último, los integrantes del Círculo del Agua están convencidos de que un uso eficiente del bien hídrico "redunda en beneficio de todo el país", motivo por el que se proponen "seguir promoviendo cualquier tipo de mejora en los recursos no convencionales, como son la reutilización del agua depurada o la desalinización".
Jiménez afirmó que los tres foros que ahora se integran en el Círculo del Agua no dejarán de existir, ya que tienen otras problemáticas que no conciernen a la cuenca del Segura.

La asociación de bebés robados en Murcia pide 13 años de cárcel para el doctor Vela

MURCIA.- La acusación ejercida por Inés Madrigal Pérez pide en sus conclusiones provisionales trece años de prisión y siete de inhabilitación como facultativo para el doctor Eduardo Vela que se sentará en el banquillo en el primer juicio en España por un caso de bebés robados entre los cuales ella dice encontrarse.

En su escrito Inés Madrigal, presidenta de la asociación SOS Bebés Robados en Murcia, se considera una bebé robada en 1969 por el doctor Vela, a quien atribuye los delitos de detención ilegal, falsedad documental y suposición de parto y alteración del estado o condición del menor.
El abogado de Inés Madrigal, Guillermo Peña Salsamendi, solicita al Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid la apertura de juicio oral contra Eduardo Vela, a celebrar en la Audiencia Provincial madrileña.
En sus conclusiones provisionales relata que el matrimonio formado por Pablo M.R. e Inés P.P. acudieron al sanatorio San Ramón en el paseo de la Habana de Madrid el 6 de junio de 1969 en virtud de una llamada realizada el día anterior por el doctor Vela o por alguien de dicho centro sanitario en su nombre, invitándoles a recoger a una niña prematura. Añade que según el doctor había nacido fruto de un embarazo no deseado.
Explica que el doctor era conocedor de la necesidad de este matrimonio de adoptar un niño dada la esterilidad de la mujer gracias a que un sacerdote jesuita le había hablado de esta circunstancia.
La acusación mantiene que el doctor Vela llevó a cabo el encargo y entregó al matrimonio a la recién nacida y prematura que resultó ser Inés Madrigal.
Añade que el doctor Vela, firmando un certificado de asistencia al parto, simuló que Inés P.P. había dado a luz en el sanatorio referido, del que era director médico, para que el matrimonio pudiera inscribir a la recién nacida como si fuera su hija biológica.
"En ningún momento el doctor Vela indicó al matrimonio dato alguno sobre la madre biológica", agrega.
El escrito de acusación relata que según se desprende de las investigaciones y de las declaraciones realizadas en las diligencias, el doctor Vela recomendó a Inés P.P. que se comportara como si estuviera embarazada tanto en su forma de proceder como en su aspecto externo para simular dicha apariencia.
Añade que siguiendo las instrucciones del doctor Vela Pablo M.R. inscribió a la recién nacida como hija biológica suya y de su mujer en el Registro Civil del Distrito de Chamartín de Madrid el 7 de junio de 1969 entregando el certificado falso.
En el mismo se hizo constar que el bebé había nacido a las doce del mediodía del 4 de junio de 1969.
De esta forma no se tramitó ninguna adopción ni consta el consentimiento de la madre biológica en entregar a su hija en adopción, apostilla.
Relata que desde el momento en el que fue entregada a Pablo M.R. y a Inés P.P. convivió con ellos como si fuera su hija bajo dicha apariencia de estado civil falso hasta el año 2010, cuando la mujer le confesó que no era su madre biológica.
La acusación alega que al no observar el proceso legal el acusado y "promotor de este particular sistema de adopción", el doctor Vela impidió que hoy se tenga acceso a documentación para que la "adoptada" pudiera conocer sus orígenes biológicos.
Finalmente la acusación señala que no procede efectuar ya acusación respecto a Inés P.P., pues falleció el pasado 17 de diciembre, mientras que Pablo M.R. ya había muerto con anterioridad.

La compraventa de viviendas crece en la Región un 9,3% hasta noviembre pasado

MURCIA.- Las operaciones de compraventa de vivienda continúan creciendo y durante los once primeros meses del año 2016 se registró en la Región un incremento del 9,3%, respecto al mismo periodo del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Desde enero a noviembre, se realizaron más de 11.000 operaciones comerciales de compraventa de vivienda, mientras que en la misma fecha del año anterior fueron 10.136.
En el mes de noviembre se cerraron 1.046 operaciones de compraventa, un 10,2% más que en el mismo periodo de 2015, que se contabilizaron 949 intervenciones.
Este incremento está sustentado por el ascenso en las operaciones sobre vivienda de segunda mano, con un aumento del 11,6% en el parcial del año. De enero a noviembre de 2016 se contabilizaron 9.279 operaciones de vivienda de segunda mano, mientras que en 2015 fueron 8.312.
En el pasado mes de noviembre, el incremento de venta de vivienda nueva creció un 26%, superando de forma considerable la media nacional, que fue del 6,8%. En concreto, se realizaron en este mes 881 operaciones con viviendas de segunda mano y 165 de vivienda nueva.
En términos globales, la venta de viviendas de segunda mano supone el 83,5% del total de las operaciones realizadas durante los once meses del año, mientras que la compraventa de vivienda nueva representa el 16,4% del total de transacciones, con 1.515 acciones operaciones.
A nivel nacional, el 90,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en noviembre son libres y el 9,7% son protegidas. Además, el 17,2% de las viviendas objeto de compraventa en el mismo mes son nuevas y el 82,8% son usadas. En términos anuales, el número de viviendas libres transmitidas por compraventa aumenta un 17,4% y el de protegidas un 16,5%.

'Baraka' abona 14 millones a Wanda para la compra del Edificio España en Madrid

MURCIA.- El Grupo Baraka, propiedad del empresario murciano Trinitario Casanova, confirmó este jueves la entrega de catorce millones de euros al conglomerado chino Wanda para la compra del Edificio España, en Madrid.

En un comunicado, Baraka informó de que el pago se efectuó ayer, siete días antes de la fecha prevista, en una operación que se completará el 30 de marzo con su elevación a escritura pública.
Wanda confirmó el pasado julio que estaba negociando con Baraka la venta del Edificio España al grupo Baraka por 272 millones de euros, siete más de los que pagó la firma asiática para comprárselo al Banco Santander hace algo más de dos años.
Desde entonces, Baraka ha pagado seis millones de euros como depósito, a los que se suman los 14 millones más de garantía que abonó este miércoles.
Los 252 millones restantes se pagarán al completarse la operación, según informó en julio el conglomerado chino.

Podemos pide al Congreso que el Tribunal de Cuentas fiscalice a la Iglesia Católica

MADRID.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha pedido que la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas del Congreso exija a este organismo la fiscalización de los ingresos que ha recibido la Iglesia a través de la casilla del IRPF y lo incluya en su programa de 2017.

El portavoz de Presupuestos de Unidos Podemos, Segundo González, ha registrado en el Congreso una solicitud para que se convoque la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas con el fin de forzar una votación que apruebe la elaboración de un informe de fiscalización a la Iglesia en 2017.
"El PP se ha opuesto a este informe y los ciudadanos tienen derecho a saber lo que se hace con el último euro de financiación pública y la Iglesia Católica no es una excepción mientras siga recibiendo dinero público", ha afirmado.
González ha criticado la "politización" del Tribunal de Cuentas, cuyos consejeros son nombrados por los partidos políticos, y ha urgido a una reforma para que funcione de forma independiente y de esta forma sus informes no sean obstaculizados.
El Tribunal de Cuentas publicó anteayer el programa de actuaciones para 2017 y los informes de fiscalización que llevará a cabo este año, en el que no se incluye el relativo a las cuentas de la Iglesia vinculadas al IRPF.
No obstante, si la Comisión del Tribunal de Cuentas del Congreso aprueba la realización de este dictamen la entidad fiscalizadora deberá realizarlo obligatoriamente, según han confirmado fuentes de esta institución.
Podemos confía en recabar los apoyos de los grupos parlamentarios del PSOE y de Ciudadanos, y alude a la necesidad de "transparencia" en las cuentas públicas.
Por otra parte, la formación morada ha insistido en que la Iglesia Católica no debería financiarse con ingresos públicos y considera que la casilla del IRPF con la que se financia tendría que eliminarse.
González ha recordado que han pasado 35 años desde el Concordato de España con el Vaticano y "habría que revisarlo, puesto que la Iglesia se comprometía a autofinanciarse".
El diputado de Podemos ha criticado que en 2007 el PSOE revisara el acuerdo con la Conferencia Espiscopal y aumentara del 0,57 % al 0,7 % los ingresos con los que se financia a través de la declaración de la renta.
"Apostamos porque la Iglesia Católica al igual que todas las confesiones se financien con sus fondos propios", ha reiterado.

C's pedirá una comisión para investigar el rescate a las cajas de ahorro

MADRID.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que su grupo solicitará la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el rescate de las cajas de ahorro para averiguar "qué pasó y asegurar que no se vuelva a repetir".

"Cuando quiebran el 70 por ciento de las cajas de ahorro y nos cuesta más de 60.000 millones a los ciudadanos, es necesario investigar qué pasó y asegurar que no se vuelva a repetir", ha subrayado Rivera en una entrevista en Tele 5.
En su opinión, el problema con las entidades financieras es que estaban "tremendamente politizadas" y "habría que haber dejado caer a alguna caja garantizando los depósitos".
Rivera ha reiterado su intención de reformar los organismos reguladores de los bancos, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que sean independientes y defiendan los ciudadanos y "no se vuelvan a dar casos como el de las cláusulas suelo".
En este sentido, ha dicho que están negociando para que haya arbitraje y los afectados no estén años en batallas judiciales para recuperar su dinero.
Respeto a una supuesta ampliación del copago sanitario, Rivera ha afirmado que el PP "aún tiene tics de pensar en mayoría absoluta" y ha señalado que no le parece razonable que se genere este debate "sin ni siquiera tener una propuesta encima de la mesa".

El alcalde de Cartagena explica las circunstancias de la compra del 'Hotel Peninsular' por un millón menos


CARTAGENA.- El alcalde de Cartagena, José López, ha afirmado que la adquisición del antiguo Hotel Peninsular en la calle Cuatro Santos era una decisión del antiguo Gobierno municipal que ha ejecutado el actual por un millón de euros menos.

López ha comparecido a primeras horas de esta tarde para explicar las circunstancias de la compra de este inmueble que se utilizará para ampliar las dependencias del Edificio Administrativo y poder albergar a los servicios municipales que actualmente ocupan el de las antiguas Graduadas, que se destinará sólo a actividades relacionadas con la educación y la cultura.

La declaración realizada por el alcalde ha sido la siguiente:
"Comparezco ante ustedes porque un partido de la oposición ha convocado a los medios esta mañana para sembrar dudas sobre la labor de este gobierno y, en particular, de este Alcalde.
En este caso sobre la adquisición del inmueble denominado "Hotel Peninsular", finca sita en calle Cuatro Santos, números 3 y 5, según acuerdo de Junta de Gobierno del pasado 29 de diciembre de 2016.
Como es conocido, es la alternativa que resultó viable después de que "Altamira", inmobiliaria del grupo Santander, modificara la negociación con este Ayuntamiento para transmitir el cine Central al ejecutivo regional, que era la primera opción del gobierno local.
La cantidad de en torno a los 500.000 € de que disponía presupuestariamente el Ayuntamiento antes de final de año se decidió destinar a otra adquisición o adquisiciones para el patrimonio municipal, puesto que es conocido que es necesario ejecutar las partidas presupuestarias, de hecho el mismo grupo de la oposición lo ha demandado estos días.
Como manifesté públicamente al conocerse la adquisición del Cine Central por la Comunidad Autónoma, tuvimos que retomar varias alternativas que durante el año se habían estudiado, unas han trascendido y otras no, pero todas como la que se ha llevado a cabo buscando la dinamización, la inclusión social y la optimización de los recursos públicos.
La que se ha materializado ha sido ésta, por resultar obligada (desde hace 11 años está en la mesa de los gobiernos anteriores), y la más funcional para la administración, además de la que se ajustó a las valoraciones de los técnicos municipales.
Este inmueble podrá ponerse en uso de modo inminente, este año 2017 para los servicios municipales como equipamiento administrativo que es.
¿Qué quiere decir que es equipamiento administrativo?
Que en el año 2005 este terreno se incluyó como sistema general de equipamiento administrativo por unanimidad del pleno, en concreto el 7 de noviembre de 2005, desestimando la alegación de los propietarios de que se considerara equipamiento, quienes defendían mantener el que era su negocio.
El 5 de julio de 2006, siendo concejal de urbanismo Agustín Guillén, se inicia el expediente de expropiación, por resultar obligada tras haberse considerado equipamiento administrativo.
Durante estos 11 años ha estado pendiente de resolver ese expediente, y han existido contactos con todas las corporaciones, incluidas las que han tenido como concejales de urbanismo a quienes hoy en un alarde de hipocresía salen en rueda de prensa a presumir de su incapacidad, Joaquín Segado y Francisco Espejo.
La valoración ha sido la establecida por los técnicos municipales, sin que hayamos negociado el precio con los propietarios, sino simplemente trasladado la valoración para la operación, y así fue aceptada.
Como dato decirles que estos propietarios han llegado a cifrar en escritos al Ayuntamiento su reclamación en un millón y medio de euros.
La adquisición se enmarca dentro del plan de reorganización del patrimonio municipal, y permitirá utilizar las graduadas como espacio cultural y reubicar a personal municipal que trabaja en ese edificio y otras oficinas en el edificio administrativo de San Miguel, mejorando el servicio al ciudadano.
Y servirá también para mejorar la zona donde se ubica el propio inmueble, degradada por la prostitución, que se implantó en el Casco histórico sin que la anterior corporación lo atajara.
La incapacidad del anterior gobierno para solucionar los problemas nos obliga una vez más a un desembolso económico y tratan de aprovecharlo para arrojar dudas.
Les explico, y con esto termino, la operación que se ha efectuado es la que debió hacerse en estos 11 años. Son los anteriores responsables quienes deben dar una explicación, de por qué hay operaciones como ésta, muchas, en los cajones, y el porqué esta administración incumplía con los ciudadanos.
El expediente está impoluto, estoy seguro, porque es el que los técnicos han confeccionado, para cumplir con la obligación del Ayuntamiento de adquirir la propiedad, porque así lo decidió el gobierno de Pilar Barreiro, con sus concejales Agustín Guillén, Joaquín Segado y Francisco Espejo.
Si hay algo irregular que lo expliquen y que se exijan, aunque ahora años después, las responsabilidades por incapacidad y negligencia, o que al menos sean capaces de dejar de mentir y entorpecer con ello la labor de un gobierno que además de mejorar e ilusionar a Cartagena lleva 18 meses pagando sus deudas y sus facturas, que como esta adquisición aparecen a diario y en cantidades muy importantes.
Al recabar el acuerdo plenario de 2005 también nos hemos encontrado con que en ese mismo pleno la anterior corporación rebajó la protección del Cine Central, otro ejemplo de cómo se actuaba antes.
Lo de hoy, una vez más, es muestra de la frustración y sintetiza el peor de los estilos, el de la mentira y la insidia, que es donde mejor se encuentran quienes hoy han puesto en duda el trabajo municipal.
Queda claro que los actuales dirigentes del principal partido de la oposición están en ella por las tramas delictivas por las que se les investiga, y también por su incapacidad para gestionar, sirva de ejemplo que 11 años después no se había expropiado esta propiedad."

La MCT confirma la estabilización de los valores de trihalometanos en todas las plantas potabilizadoras afectadas por las lluvias


CARTAGENA.- El delegado del Gobierno de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Adolfo Gallardo, ha confirmado esta mañana la eficacia de las medidas correctoras aplicadas en las plantas potabilizadoras de la MCT tras las lluvias torrenciales del pasado mes de diciembre que afectaron a la calidad del agua suministrada y que obligó a que en algunos municipios se declarara no apta para el consumo.

Gallardo le ha comunicado al delegado del Gobierno la estabilización de los valores de trihalometanos, un subproducto derivado de la cloración del agua, y la normalización del suministro y del consumo en todos los municipios afectados, aunque ha explicado que la situación ha estado en todo momento controlada y no ha existido riesgo alguno para la población.
"El problema ha sido un exceso de producción de trihalometanos, que ha superado el umbral de 100 microgramos por billón que marca la normativa española y que se generó por una mala calidad del agua bruta que tratamos en la instalación de Sierra de la Espada, con un exceso de conductividad provocado por las lluvias producidas entre el 16 y el 19 de diciembre", declaró Gallardo.
En un primer momento, ese exceso de conductividad se pudo paliar mezclando el agua bruta con el agua almacenada en el balsón de seguridad que hay en la propia potabilizadora, pero esa punta de conductividad se prolongó excesivamente debido a las lluvias y se agotó el agua de seguridad almacenada.
"Nos encontramos con que no teníamos alternativa para suplir el agua que produce Sierra de la Espada para los municipios afectados, porque, aunque la propia potabilizadora tiene mecanismos para actuar contra la producción de trihalometanos, como es la dosificación de dióxido de cloro, el episodio fue de tal envergadura que resultó insuficiente", añadió Gallardo.
Los criterios sanitarios de la calidad de agua para consumo humano están especificados en el RD 140/2003, y las analíticas realizadas el 28 de diciembre a la salida del agua del Sierra de la Espada detectaron unos valores de trihalometanos, THMs, anormalmente altos que podrían dar lugar al incumplimiento en depósitos y en las redes de distribución de los valores especificados en ese RD.
Así sucedió en los depósitos de Archena cementerio (170 ppb) y Fortuna 3 (146 ppb) dentro de los análisis programados ese día. La situación de incumplimiento, una vez confirmados los valores obtenidos, junto con las medidas adoptadas para corregirla fue comunicada inmediatamente a la Dirección General de la Salud Pública, que adoptó la decisión de solicitar a los ayuntamiento que se abastecen de Sierra de la Espada que realizasen analíticas en la red de distribución y que en tanto no se cumpliesen los valores de THMs del Real Decreto avisasen a la población de que se abstuvieran de beber el agua de la red.
El presidente de la MCT ha explicado que, a pesar de que se actuó inmediatamente y de que en ningún momento los valores de THM,s a la salida de la instalación de Sierra de la Espada sobrepasaron los umbrales del RD 140/2003, no se pudo evitar que en los depósitos y redes de distribución estos umbrales no se sobrepasasen, motivo por el cual la situación se prolongó durante unos días mientras que el agua almacenada se fuese renovando.
Durante todos los días que ha durado este episodio, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha realizado analíticas permanentes en todos los depósitos abastecidos desde Sierra de la Espada, constatando la eficacia de las medidas correctoras.
Por lo que respecta a la plantas de Campotejar (suministra básicamente a Murcia), y Torrealta (Vega Baja y Canal de Alicante), la situación se solventó incorporando más agua de las desaladoras de San Pedro y de la potabilizadora de La Pedrera, que no se vió tan afectada.

CCOO Enseñanza reclama a la Consejería de Educación retomar la negociación de la convocatoria de oposiciones docentes

MURCIA.- CCOO Enseñanza reclama a la consejera de Educación, María Isabel Sánchez Mora, el reinicio con carácter urgente de la negociación de convocatoria de oposiciones docentes para este año.

CCOO Enseñanza, se felicita por el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas (que se ratificará en la Conferencia de Presidentes del próximo martes 17) para eliminar la tasa de reposición en los presupuestos de 2017; esta decisión deja abierta la puerta para elevar el número de plazas convocadas hasta las 800 que CCOO ha venido reclamando desde del mes de septiembre pasado.
CCOO Enseñanza se hace eco del malestar e incertidumbre existente entre miles de posibles futuros opositores (docentes interinos y titulados en paro) ante la falta de concreción por parte de la Consejería de Educación sobre la decisión final que vaya a adoptar respecto de la convocatoria de oposiciones docentes este año.
CCOO Enseñanza recuerda que la tasa de interinidad entre los maestros y maestras de la región supera el 17%, por lo que existe un amplio margen para convocar cientos de plazas que consoliden el empleo docente. Para CCOO el mantenimiento de altas tasas de interinidad está vinculado a la posibilidad de suprimir unidades escolares y destruir empleo público docente, y considera que la transformación de empleo interino en empleo fijo es un mecanismo esencial de protección de las plantillas de la enseñanza pública y de mejora de las condiciones laborales de sus profesionales.
CCOO reclama una urgente resolución del proceso de negociación de las oposiciones docentes para este año, exige que se convoquen un mínimo de 800 plazas y demanda que se inicie una negociación específica encaminada a recuperar el empleo docente perdido en los años anteriores y mejorar las condiciones de trabajo de los y las docentes de nuestra región.

Ángeles García Navarro: "Si se cierran servicios de urgencias en atención primaria cómo no se van a colapsar los hospitales"

CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, Ángeles García Navarro, ha explicado que los episodios de colapso en Urgencias en los diferentes hospitales de la Región, "con indignas condiciones que los pacientes tienen que vivir, sin ningún tipo de intimidad en la cama de un pasillo" no es una cuestión que tenga que ver expresamente con el caso de " una epidemia de gripe" sino que "es un hecho que se repite cada invierno" para el cual ya deberíamos estar prevenidos desde los servicios públicos sanitarios, con una adecuada planificación tanto de recursos humanos como físicos". 

García Navarro ha apuntado que "con una contratación exprés no se soluciona un problema de raíz" sino que solamente se está mitigando una situación fruto de la "pésima gestión y de los recortes en sanidad pública en la Región de Murcia".
Por ello ha aludido a que en 2012 el Consejo de Gobierno reguló la jornada y el horario de trabajo del personal del Servicio Murciano de Salud lo que supuso un cambio en la jornada de acuerdo con el Real Decreto-ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
 "A partir de ese momento se acordó en muchas áreas de salud el cierre de los centros de Atención Primaria a las 15:00 horas para el control del gasto, lo que ha repercutido en el mayor uso de los servicios de urgencias en centros hospitalarios. Si los usuarios presentan episodios de fiebre y malestar y no pueden acudir a su Centro de Salud ¿Qué van a hacer? ¿Quedarse sin atender o ir a Urgencias al hospital?"
Por ello, la diputada regional de Podemos ha explicado que es necesario el desarrollo de un nuevo Plan Integral de Urgencias y Emergencias, que contemple una reorganización de los recursos humanos existentes, con la creación de un número de plazas que dé cobertura a la necesidad real, que dote de recursos técnicos y formativos que mejoren la capacidad resolutiva de los profesionales redundando en menor uso de los servicios de urgencias hospitalarios, con mejoras en la continuidad asistencial entre los distintos dispositivos.
En este sentido ha añadido que también deben realizarse estudios poblacionales socios laborales pertinentes para valorar la reapertura de Centros de Salud por la tarde con el fin de prestar la Atención Primaria necesaria a la población y descongestionar los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios.
Y ha concluido que "si cierran servicios de urgencias en atención primaria sin hacer un estudio poblacional lo que ocurre es que la gente se va directamente al hospital para que le atiendan un proceso que es de atención primaria".

Reacción de Sanidad 

La Consejería de Sanidad trabaja en un pacto regional que vele por la universalidad y gratuidad de la asistencia con la máxima calidad, un sistema público de salud universal, accesible, gratuito y de calidad, según expresó hoy la consejera, Encarna Guillén, que se reunió con representantes del Grupo Parlamentario Popular.
Durante el encuentro, al que también asistieron por parte de la consejería el secretario general de la misma, Martín Quiñonero, y el gerente del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló, y en representación del grupo parlamentario, los diputados Domingo Coronado y Javier Iniesta, se revisaron las líneas estratégicas propuestas para articular el pacto y a las que más de cien personas y entidades han realizado aportaciones a través del Portal de la Transparencia.
La consejera destacó que el pacto "constituirá el eje de la política sanitaria en la Región, será una herramienta básica de planificación y de futuro que prevea las necesidades sanitarias de los murcianos, un documento dinámico que ha de adaptarse a las necesidades de los ciudadanos, con la máxima transparencia y la perspectiva de la eficiencia."
Sanidad plantea este pacto como un trabajo abierto, transparente, en el que puedan participar de forma abierta todos los implicados en el proceso asistencial. El decálogo que se ha propuesto incluye las áreas de agilidad y accesibilidad, transparencia, profesionales, participación, humanización, calidad y seguridad, promoción y prevención, investigación biosanitaria, innovación y TIC y comunicación y divulgación.
Guillén se mostró optimista a la hora de alcanzar este gran acuerdo, que defiende "nuestro modelo de sanidad pública como principal objetivo y la construcción de un gran consenso con la participación de todos los sectores de la sociedad, en el que nos impliquemos desde la organización, los partidos políticos, los profesionales y los usuarios, para lograrlo".
La idea es "incorporar a estas líneas estratégicas las aportaciones que se vayan formulando y acordando" y añadió que "todas están en consonancia con los retos sanitarios a los que se enfrentan los sistemas sanitarios de todo el mundo".
En esta reunión, "hemos coincidido en que estamos afianzando los pasos para alcanzar un pacto que aúne esfuerzos en unas materias en las que todos estamos trabajando ya en nuestro día a día, y que harán que tengamos un sistema más fuerte y seguro".
La Consejería de Sanidad presentó en abril de 2016 a más de veinte asociaciones y colectivos, agentes sociales, universidades y colegios profesionales sanitarios un decálogo de áreas para comenzar a elaborar un gran Pacto por la Sanidad en la Región de Murcia, que permita avanzar en común con todos los agentes implicados en temas esenciales de la Sanidad.
Sanidad planteó este pacto como un trabajo abierto, transparente y participativo, por lo que se habilitó una web dentro del Gobierno Abierto de la Comunidad Autónoma, con participación ciudadana, donde asociaciones, colegios, sindicatos y todos los implicados en el pacto puedan sumar sus aportaciones en los puntos establecidos, con el objetivo de ir elaborando un documento conjunto sobre el que trabajar en grupos, hasta alcanzar un acuerdo de todas las partes.

Podemos solicita en el Congreso la comparecencia del ministro de Fomento tras reunirse con los trabajadores del aeropuerto de San Javier

MADRID.- El diputado de Unidos Podemos por la Región de Murcia, Javier Sánchez, ha pedido que De la Serna explique en la Comisión de Fomento el posible cierre del aeropuerto de San Javier. El motivo es conocer "de primera mano" el motivo por el que se quiere clausurar un aeropuerto "rentable" y financiado por Europa, para "privilegiar la ruina de Corvera, calificado por AENA como inviable y sin ninguna proyección económica o de utilidad para los murcianos y murcianas".

Sánchez Serna ha señalado que el Partido Popular "vuelve a hacer de las suyas" en la Región de Murcia y esta vez le ha tocado al aeropuerto de San Javier. Tras la reunión mantenida con los trabajadores del aeródromo, el diputado de Unidos Podemos ha afirmado que "detrás de esta operación se encuentra la intención del gobierno regional de lavar la cara a una de sus emblemáticos proyectos fracasados. Y lo quiere hacer a costa de trabajadores y de un servicio, el de San Javier, que es bueno para nuestra economía, turismo y, en definitiva, para la Región".
Como ha dicho Javier Sánchez Serna, "los datos hablan por sí solos". San Javier demuestra su "rentabilidad y solvencia" debido a que ha sido desarrollado por la Unión Europea (FEDER 2003 a 2013) para consolidar más de 1 millón de pasajeros y capacidad de hasta 3 millones, sin olvidar que "fue premiado como Mejor Aeropuerto de Europa 2014".
Además, ha añadido el parlamentario de Podemos, las inversiones de AENA en el aeropuerto hasta 2012 "continúan creciendo debido a la alta demanda que recibe de las principales compañías europeas. En este sentido, sólo en el invierno de 2017 dicha inversión crece un 77%".
Frente a esta situación, ha incidido Sánchez Serna, el Partido Popular quiere que la Región de Murcia se quede "con el fantasma de Corvera, cuyas instalaciones son ejemplo de la economía "del saqueo que ha presidido los gobiernos del Partido Popular". Un aeropuerto, ha asegurado, que ya fue calificado por AENA como "inviable y no rentable", algo que incluso llevó a Europa a "sancionar negativamente" el envío de fondos para su puesta en marcha.
Por ello, ha detallado el diputado de Unidos Podemos en el Congreso, preguntará al ministro de Fomento los motivos "técnicos, económicos y de planificación, para cerrar el aeropuerto de San Javier. También exigiremos conocer si se está cumpliendo con el principio de igualdad de desarrollo, fomento del transporte y turismo para la Región respecto al resto de España".
Por último, Javier Sánchez Serna planteará a De la Serna si se va a ordenar que la Comunidad Autónoma ceda sus instalaciones públicas de Corvera a Fomento para que AENA, el único gestor de Aeropuertos de España, continúe desarrollando el transporte aéreo en la Comunidad Autónoma Murcia. 
"Este es un punto importante ya que la decisión de clausura de San Javier someterá a la Región de Murcia a un concurso privado del transporte aéreo a la vez que se abandona una infraestructura pública, con rentabilidad social y económica" ha subrayado Sánchez Serna, quien ha aseverado que la Región quedará de esta forma "discriminada respecto a la gestión pública de AENA".

El juicio del 'caso Alvalle' se reanuda con la aportación de documentos por las defensas

MURCIA.- El juicio por el caso Alvalle, en el que se trata de esclarecer un presunto fraude en ayudas europeas por la compra de naranjas para su transformación en zumo, se reanudó este jueves con la presentación de documentos por parte de las defensas.

Tras esta nueva sesión de la vista oral que se inició en la Audiencia Provincial de Murcia el pasado 14 de noviembre, el juicio se reanudará en los primeros días del próximo febrero con la práctica de la prueba pericial. En esta causa figuran como acusados once de los trece imputados inicialmente, ya que los otros dos han fallecido.
El fiscal y la Abogacía del Estado consideran que los imputados participaron en distintas operaciones fraudulentas que, supuestamente, supusieron la consecución indebida de 700.000 euros de subvenciones comunitarias concedidas por la transformación de naranjas en zumos.
Los hechos se remontan al año 1994 y se prolongan hasta el año 1997, y los encausados son empresarios, funcionarios públicos y agricultores.

El Gobierno regional y la DGT estudian mejoras en el transporte escolar

MURCIA.- Las Consejerías de Educación y Universidades y de Fomento e Infraestructuras trabajan con la Dirección General de Tráfico para seguir mejorando la prestación del servicio de las rutas de transporte escolar, así como incrementar la seguridad en la operabilidad de los itinerarios y paradas de estas líneas. 

Así, la directora general de Centros Educativos, María Dolores Valcárcel, y el director general de Transportes, Costas y Puertos, Salvador García-Ayllón, se reunieron este jueves con la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, para estudiar mejoras en la red de transporte escolar.
La Comunidad constituyó un Grupo de Trabajo para la coordinación de los temas relacionados con el transporte escolar con el objetivo de impulsar acciones para la mejora de la calidad y gestión y establecer mecanismos de difusión de Buenas Prácticas en relación con el transporte escolar de la Región de Murcia.
El grupo de trabajo está compuesto por los equipos técnicos de las dos consejerías responsables de la prestación de este servicio, que en la actualidad cuenta con 400 rutas de transporte escolar, y se desplazan a diario un total de 18.500 alumnos de la Región de Murcia hasta sus centros escolares de forma gratuita. Para ello, tal y como explicó María Dolores Valcárcel, "la Comunidad invierte 15,7 millones de euros".
Además, la directora general de Centros Educativos señaló que "hemos reforzado la colaboración para optimizar tanto el funcionamiento del transporte escolar como las autorizaciones técnicas del transporte".
Las actuaciones en las que se trabaja se centran en la planificación de acciones para la mejora de rutas y paradas, el establecimiento de la comunicación, autorización e inspección de paradas, mejoras de interoperabilidad y de los procedimientos de calidad y evaluación de los servicios de transporte escolar, así como en la difusión de Buenas Prácticas.
El director general de Transportes, Costas y Puertos, Salvador García-Ayllón, destacó que la Consejería de Fomento elaboró un estudio de mejora de las paradas de autobús en toda la Región y que comenzó con inspecciones en la comarca de Cartagena y que se extenderán a toda la Región. Los resultados que se obtengan en este trabajo de campo se van a llevar al Grupo de Trabajo para mejorar la ubicación o configuración de las paradas de manera consensuada con Educación y la DGT.
Por su parte, la directora general de Centros Educativos, María Dolores Valcárcel, apuntó que "todas las nuevas medidas de mejora en las que trabajamos darán como resultado el nuevo Plan de Calidad de Transporte Escolar de la Región de Murcia que se pondrá en marcha este año".

El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia retoma sus sesiones públicas

MURCIA.- El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia acogió este jueves la sesión del Consejo de los Hombres Buenos, en la que se dirimieron tres juicios orales por conflictos de riego en la Huerta de Murcia, una sesión que presidió Diego Frutos y a cuyo inicio asistió el alcalde de Murcia, José Ballesta, y miembros de la Corporación municipal.

"El honor y el respeto son los dos principios que definen a esta institución que representa nuestra tradición y raíces, y que lleva resolviendo las disputas que puedan existir entre los hombres de la Huerta desde hace 750 años", explicó el alcalde, quien añadió que "se trata de acuerdos consuetudinarios que están reconocidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial".
El Consejo de los Hombres Buenos retoma así sus sesiones públicas periódicas en el Salón de Plenos, lugar en el que lleva reuniéndose desde el siglo XIX, dando cumplimiento a una moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de noviembre.
Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, la jurisdicción del Consejo comprende toda la Vega Media del Segura (Murcia, Alcantarilla, Beniel y Santomera) y a unos 22.000 regantes que pagan sus cuotas anuales a la Junta de Hacendados.
El Consejo atiende a las demandas de los que se consideran agraviados por conflictos relacionados con los cauces de riego (acequias mayores, acequias menores, brazales y regaderas) y cauces de desagüe (azarbes mayores, azarbes landronas, azarbetas y escorredores).
El tribunal está constituido por cuatro vocales (dos de Alquibla y dos de Aljufía -las dos acequias mayores que dan riego a la Huerta de Murcia-, un secretario, el alguacil y un presidente.
El Consejo actúa de forma ordinaria todos los jueves del año, llevando a cabo sesiones de conciliación en las que se alcanzan acuerdos satisfactorios para ambas partes en el 95% de los casos, por lo que los tres casos que se llevaron este jueves a juicio representan una pequeña minoría de todos los conflictos resueltos.
Los tres juicios fueron orales, como marca la costumbre, y estuvieron presididos por el presidente de la Junta de Hacendados, Diego Frutos. En cada sesión, se sigue el mismo orden: primero se da lectura a la demanda interpuesta en presencia de las dos partes: demandante y demandado, y se da cuenta de las actuaciones e inspecciones llevadas a cabo por el Consejo, con el objetivo de constatar los hechos.
El demandante toma la palabra y, tras ratificarse en los hechos, argumenta su demanda. Acto seguido asume el turno la otra parte, que tiene la oportunidad de defender su postura ante el tribunal. Este valorará las pruebas documentales o periciales que ambas partes quieran presentar.
Si los vocales lo estiman oportuno, se abre un turno de preguntas. Una vez expuesto el conflicto y con los testimonios y pruebas recogidas, llega la deliberación del tribunal, que es secreta. La sentencia que se dicta es firme, ya que las decisiones del Consejo son inapelables.

Un juez del Supremo sostiene que los desahucios por cláusulas suelo son nulos

MADRID.- El magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Francisco Javier Orduña sostiene que las ejecuciones hipotecarias (desahucios) que sean consecuencia de la aplicación de una cláusula suelo que haya sido declarada nula también deben ser nulos y, en consecuencia, el desahuciado debe recuperar la vivienda, según recoge www.elconfidencial.com

Asimismo, defiende que la nulidad de estas cláusulas no solo debe aplicarse a las personas físicas sino también a las jurídicas (empresas), porque el elemento clave no es esta distinción, sino contar con la experiencia y los conocimientos necesarios para entender los efectos de estas cláusulas cuando no son transparentes.

Orduña fue autor de un voto particular que se oponía a la sentencia del 9 de mayo de 2013 —la que condenó a BBVA, Abanca y Cajamar— precisamente por no conceder la retroactividad total; es decir, la sentencia del Tribunal de la UE le ha dado la razón. 
Este magistrado y catedrático de Derecho civil ha recordado en un curso del Centro de Estudios Financieros en Madrid que no todas las cláusulas suelo son nulas por principio, sino que el Supremo debe decidir caso por caso, como sostienen las entidades que no han sido condenadas. 
Ahora bien, advierte de que toda cláusula no transparente es nula, y para eso debe estar claramente destacada en el contrato hipotecario (si el suelo está incluido en la misma cláusula que establece el tipo de interés variable, es nula), así como las implicaciones económicas para el cliente.
"Si es nula la cláusula suelo que permite al banco ejecutar la garantía del préstamo, también es nula dicha ejecución. El efecto disuasorio es pleno o no lo es, no se puede fraccionar. La ejecución es un efecto reflejo, trae causa de la cláusula abusiva. Si el pacto no ha existido, tampoco puede existir la ejecución", ha explicado el magistrado. Ha explicado que un argumento que utiliza la banca es que, si va a un procedimiento civil por impago, el hipotecado lo va a tener peor. "Que me explique alguien cómo va a estar peor que si ha sido ejecutado. Preferirá siempre no estar ejecutado y que el banco le ponga un procedimiento civil".
Este juez también ha entrado en otro de los puntos polémicos de la sentencia europea: si solo se aplica a las personas físicas, ya que se deriva de una directiva europea de protección de los consumidores, o también a las jurídicas. El caso es muy habitual: una empresa que hipoteca la vivienda de su propietario o una nave, y que también tiene cláusula suelo. A su juicio, la nulidad debe extenderse también a las empresas porque "no son categorías jurídicas, son categorías económicas. Una empresa no es necesariamente una experta en el ámbito financiero; imaginemos un fabricante de muebles".
Según su argumento, ni siquiera vale con que sea economista ni con que la empresa tenga un director financiero. "La aspiración de la norma es combatir la abusividad allá donde esté, y de hecho ya se aplica este principio en la ley de morosidad", ha sentenciado. Por eso, Orduña también hizo un voto particular en una sentencia del Supremo de 2016 en la que no se dio la razón a una farmacéutica con cláusula suelo porque era una empresaria.
Este magistrado no ha querido entrar en otros aspectos que acabarán llegando a la Sala de lo Civil del alto tribunal, como la devolución de las cantidades anteriores a 2013 en el caso de las entidades condenadas que han reintegrado lo cobrado de más hasta esa fecha, o el caso de los clientes que han firmado una renuncia a reclamar a cambio de que su banco les retire la cláusula suelo. Sin embargo, ha admitido que cuando hay una advertencia destacada, "el cliente no podrá decir que no fue advertido en sede judicial".
Pero después de la experiencia de las cláusulas suelo, las entidades se han curado en salud: en muchos casos, el cliente ha tenido que redactar de su puño y letra esta renuncia a las acciones legales o un documento en el que asegura que comprende los efectos de la misma y los acepta voluntariamente. Por tanto, Orduña apoya la tesis mayoritaria de que estos clientes van a tener complicado recuperar el dinero pagado indebidamente, tal como advirtió El Confidencial.

La mitad de los murcianos tiene un nivel bajo de inglés

MURCIA.- El 47% de los murcianos reconoce que tiene un nivel deficiente de inglés. Es decir, o muy malo o malo a secas. Este porcentaje está ligeramente por encima del de la media nacional, donde estas carencias con el idioma de Shakespeare las reconocen un 44%. Los datos forman parte del IV Informe Monitor de Cambridge University.

En la Región de Murcia tan solo el 7% de los encuestados asegura tener un nivel muy alto del idioma. En la parte alta de la lista también están el 13% que asegura que tiene un nivel alto. La mayor parte de los murcianos que han respondido se incluye en el apartado de 'nivel medio', una casilla que han señalado el 33% de los encuestados.
A pesar de que las cifras no son buenas, no son las peores del país. Al 62 % y al 60 % de la población en nivel bajo llegan Castilla y León y Cantabria,
Además, califican sus conocimientos de este idioma con poco más de un aprobado: 2,67 puntos de media sobre 5, apenas por debajo de los italianos y los franceses (2,68) y a distancia de los daneses (3,58).
Únicamente el 11 % de estos últimos reconocen un nivel de inglés bajo o muy bajo, así como el 30 % de los alemanes, el 39 % de los franceses y el 41 % de los italianos.
Sin embargo, son los españoles los más conscientes de la necesidad de aprenderlo, ya que el 80 % reconoce su importancia para encontrar empleo y la propia competitividad del país, frente a una media europea del 67 %.
Son resultados de 2.670 de entrevistas realizadas en internet por la compañía de estudios de mercado Ipsos a ciudadanos de cinco países europeos de entre 18 y 65 años (1.051 en España) para la editorial citada, perteneciente a la universidad británica de igual nombre.
El 22 % de los encuestados en España consideran que su inglés es alto o muy alto, por encima de Francia (20 %) e Italia (19 %) y por debajo de Alemania (29 %) y Dinamarca, donde más de la mitad de la población (53 %) declara un conocimiento amplio.
Entre los españoles, los más jóvenes (18-25 años) son los que declaran en mayor proporción que tienen más conocimientos (33 %), aunque otro tanto asegura que su nivel es bajo o muy bajo. Por comunidades, el 31 % de los habitantes de Madrid y el 27 % de Cataluña aseguran que su nivel es elevado, frente a tan solo el 10 % de Cantabria y Extremadura.
Ni siquiera llegan a un nivel medio, según admiten, el 55 % de los aragoneses, el 53 % de los baleares y de los vascos, el 52 % de los castellanomanchegos y la mitad de los extremeños.
Tampoco lo consiguen el 48 % de los andaluces, el 47 % de los navarros y los murcianos, el 46 % de los riojanos, el 44 % de los valencianos, el 41 % de los catalanes, el 40 % de los gallegos, el 38 % de los canarios y el 34 % de los asturianos y de los madrileños.
Lo que más cuesta del inglés a los españoles es expresarse correctamente, según confiesan el 30 %, la pronunciación y la comprensión oral (28 %). Y lo que menos, la gramática (15 %).
Los baleares son los que más sufren con la expresión (47 %); los vascos, con la pronunciación (39 %) y la gramática (24 %); y los murcianos, con la compresión (47 %).

Más de 1.370 cargos públicos, procesados por corrupción en España

MADRID.- Los juzgados y tribunales españoles han procesado o abierto juicio oral por delitos de corrupción contra 1.378 responsables públicos entre julio de 2015 y setiembre de 2016, según el mapa de la corrupción presentado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas han presentado el primer archivo de datos de procedimientos judiciales por delitos relacionados con la corrupción, un archivo que será de acceso público por internet.

Según los datos facilitados por el CGPJ, los 1.378 procesados lo fueron en 166 procedimientos por delitos de corrupción, de los cuales finalmente terminaron en sentencia 99 y, de ellos, el 72,7% incluyeron condenas para algunos de los implicados.
Estos procesados son funcionarios públicos, gobernantes y políticos con responsabilidades públicas.
Los datos se refieren a cinco trimestres (desde julio de 2015 a septiembre de 2016), los cubiertos por el archivo actualmente (se actualizará trimestralmente).

'Ciudadanos' Cartagena pide que se convoque el Consejo de Salud para fiscalizar el cumplimiento de la Ley del Rosell

CARTAGENA.- Tal y como se comprometió el Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena en el último Pleno municipal, la formación naranja ha iniciado un calendario de reuniones que tiene como objetivo supervisar y controlar que el presupuesto reservado para que el Hospital del Rosell alcance su pleno rendimiento, tanto el de 2016 como el de 2017, se ejecuta y ejecutará de una manera efectiva. 

Según el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, "es importante que no nos conformemos con la aparición de esas partidas en el documento contable más importante de la Región sino que debe acompañarle un férreo marcaje por parte de los partidos que hoy se encuentran en la oposición".
Manuel Padín ha comenzado su calendario de reuniones con el director gerente del Área de Salud II de Cartagena, José Francisco Sedes, en su despacho en el Hospital Santa Lucía. Entre los asuntos tratados en la reunión, destacó la necesidad de que el Plan Funcional de la Consejería de Sanidad acompase su desarrollo a la ejecución efectiva la ley aprobada en la Asamblea Regional, con el apoyo de Ciudadanos, para que el Hospital del Rosell funcione a pleno rendimiento, y de lo inviable que es a día de hoy realizar el desdoblamiento del Área de Salud II.
El director gerente del Área de Salud II dejo taxativamente claro que es impensable considerar siquiera el cierre del Hospital del Rosell, lo considera absolutamente necesario por el volumen de la población a la que presta servicio y por la carga de trabajo que hoy tiene.
El líder de la formación naranja en Cartagena se interesó por el grado de ejecución de la partida de 5,5 millones de euros destinada a financiar la Ley del Rosell (enmienda propuesta por los partidos de la oposición en la Asamblea Regional); el director gerente aseguró que los plazos se han ido cumpliendo, a falta de contabilizar el último trimestre. 
En cuanto a los 7,5 millones de euros que hay destinados en el año 2017, el portavoz de la formación naranja considera que "ha llegado el momento para convocar el Consejo de Salud (constituido a finales de 2016) donde se hará el seguimiento al desarrollo de un plan funcional que ahora está sometido a la Ley del Rosell, tanto para supervisar el desglose de lo gastado en 2016 como para conocer todos los detalles de cómo se va a desarrollar la financiación del presente año". Manuel Padín ha informado que trasladará a su Grupo Parlamentario la petición de esta convocatoria. 
Este Consejo de Salud fue el primero que se creó a nivel regional y está integrado por 21 vocales, entre ellos, miembros del Servicio Murciano de Salud y cuatro representantes de los Ayuntamientos de Cartagena, Mazarrón, Fuente Álamo y La Unión. Además, hay representantes de organizaciones empresariales, sindicales, asociaciones de usuarios y consumidores, asociaciones de vecinos, entidades de enfermos crónicos, asociaciones de voluntariado, sociedades científicas del Área de Salud II-Cartagena, colegios profesionales y la Plataforma Salvemos el Rosell. 
"No nos podemos conformar con la aparición de ciertas partidas en los presupuestos. La apuesta de esta formación por la sanidad cartagenera es indiscutible, y lo vamos a seguir demostrando con el control de la financiación para el desarrollo de la ley del Rosell. Una de nuestras principales líneas de trabajo para 2017 será trabajar para que los cartageneros tengan la sanidad que merecen", ha afirmado Padín.
Por su parte, el gerente del Área de Salud II volvió a confirmar al portavoz de Ciudadanos que su objetivo es cumplir con los plazos que aporta la norma. Según el texto normativo publicado en el BORM, "la dotación de recursos y la formalización de las medidas necesarias para el establecimiento de la estructura y órganos de dirección como hospital general estará finalizada a 1 de enero de 2018". 
José Sedes informó que a la reciente apertura de una Unidad de Corta Estancia, con 14 camas, y la puesta en marcha de ocho habitaciones de cuidados paliativos, se sumará a partir de este mes el funcionamiento de una Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD), y la creación de un equipo de soporte de atención domiciliaria (ESAD).
En cuanto a la petición de algunos partido para desdoblar el área de salud, el director gerente consideró que de momento se trata de un acción inviable, por la dificultad que entraña la división poblacional entre los Hospitales del Rosell y el de Santa Lucía.