MADRID.- Tras un frenazo de cinco años al apoyo de las energías renovables, España prepara una licitación de nuevos proyectos, aunque las empresas aún denuncian la incertidumbre legal que frena las inversiones pese a la abundancia de sol y viento.
A
finales de diciembre, el Gobierno español anunció planes para dar apoyo
financiero a la instalación de 3.000 megavatios (MW), a través de todo
tipo de energías renovables (eólica, solar, biomasa).
"Es
una buena noticia para el sector. Hay interés, hay igual una
participación probablemente alta de empresas", prevé José Donoso,
director general de la Unión Española Fotovoltaica, que congrega a 250
empresas.
El
llamado a licitación no será mayor que los realizados en otros países
de Europa. No obstante, el anuncio ha sido un acontecimiento en España,
tras años de parálisis.
El país fue uno de los pioneros en las energías verdes.
Sin
embargo, el rápido desarrollo en la década del 2000, subvencionado por
el Gobierno socialista, se vio frenado en seco por la crisis de 2008, y
luego por la moratoria a las ayudas decretada en 201,2 tras la llegada
al poder de los conservadores.
Para seguir creciendo, las empresas concentraron su atención más allá de las fronteras españolas, a menudo con éxito.
España
se convirtió, por ejemplo, en tercer exportador mundial de turbinas
eólicas, gracias sobre todo al fabricante Gamesa, que exporta el 100% de
su producción, a falta de clientes locales.
Ahora, los
ojos se vuelcan hacia el mercado interno. "Es fundamental que el mercado
español se reactive", explica Juan Diego Díaz, director de
mercadotecnia de Gamesa, para que el grupo y sus proveedores alcancen un
tamaño que les permita mantenerse competitivos frente a rivales
extranjeros.
En España, la instalación de nueva capacidad de producción de energías renovables se ha ido reduciendo a su mínima expresión.
"En
2015, en fotovoltaico, se instaló más potencial en la ciudad de
Bruselas que en toda España", se molesta Fernando Ferrando Vitales,
vicepresidente de Fundación Renovables.
España
debe cumplir para 2020 con el objetivo fijado por Bruselas de un 20% de
energía renovable sobre el total de la energía producida, contra el 16%
actual (según las últimas cifras de Eurostat).
A juicio
del Gobierno, los 3.000 MW logrados con la licitación permitirían
acercarse a la meta. Pero sus modalidades técnicas, que serán anunciadas
durante el primer trimestre de 2017, inquietan al sector.
Los
empresarios se quejan de no haber sido consultados para definirlas.
Temen que se repita el fiasco de 2016: tras un llamado a subasta más
modesto (700 MW), ninguno de los proyectos seleccionados llegó a
construirse.
El mecanismo de subasta, mal concebido,
empujó las ayudas tan a la baja que las empresas se mostraron incapaces
de financiar sus instalaciones.
La gran pregunta ahora es si este nuevo intento desembocará en obras concretas.
El
Gobierno "quiere tener un mejor control" sobre la realización de los
proyectos y elabora las reglas para garantizarlo", estima Jorge López,
analista de XTB Brokers.
Pero no hay una planificación
nacional para que los proyectos seleccionados se adapten realmente a las
necesidades del país, como en Alemania, lamenta la Asociación
Empresarial Eólica (AEE).
Sería decir, por ejemplo,
"necesitamos más electricidad en el norte del país. ¿Qué recursos tengo
en el norte del país? Tengo mucho viento. Pues voy a poner plantas
eólicas", en vez de paneles solares, más acordes al sur del país,
explica Heikki Willsted, director de políticas energéticas de la AEE.
"No
involucrar a los que tienen que hacer las inversiones, a los que tienen
que poner las máquinas (...), da una cierta sensación de
improvisación", señala.
En todo caso, la ayuda pública
será menos importante que en los años 2000, toda vez que las energías
renovables están más "maduras", es decir, son más rentables, confirmó el
miércoles el ministro de Energía, Álvaro Nadal.
Más allá
de las ayudas menores, las empresas se quejan sobre todo de los
frecuentes cambios de las regulaciones de tarifas -cada tres años-, que
hacen más difícil la obtención de financiación.
Asimismo,
también han surgido voces que piden que el Gobierno anime a los
pequeños productores individuales, familias o municipios a equiparse con
paneles solares, por ejemplo.
Aún así, el modelo de
subastas en España "provoca la concentración (...) de toda la generación
de renovables" en las manos de las grandes empresas, concluye Juan
Castro-Gil, de la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica
(Anpier).